Carlos Alvarado, presidente de la República, no pierde la esperanza de que llegue el espacio oportuno para que los diputados avancen con el proyecto de reducción de jornadas en el sector público, el cual fue excluido de la agenda de consenso que el Gobierno negoció con seis bancadas para las sesiones legislativas del mes de agosto.

Así lo dijo esta tarde al explicar por qué no fue incluido, en la agenda, en texto propuesto por su gobierno como medida de ahorro ante la caída en la producción y en los ingresos corrientes del Gobierno Central producto de la crisis económica.

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“El Poder Ejecutivo planteó y sigue pensando que es una medida oportuna la reducción de jornadas, dado el contexto. No obstante, en este momento surgió este acuerdo mayoritario. Yo no descartó que conforme avanza la discusión y llegue el momento oportuno, ese sea un proyecto que se discuta también”, dijo el mandatario.

Sin embargo, el texto no goza de buen ambiente en la Asamblea Legislativa y así lo hicieron saber los jefes de Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (PRN), Luis Fernando Chacón y Xiomara Rodríguez.

Ambos consideran que se deben buscar otras alternativas para generar recursos públicos. Chacón mencionó la eliminación de las anualidades de los años 2021 y 2022 a los funcionarios públicos y, eventualmente, eliminar la exención del impuesto de renta al salario escolar.

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El proyecto al que el mandatario hizo referencia reduciría en un 15% la jornada laboral de los funcionarios del sector público que ganan más de ¢1,5 millones. Con esa medida, el Gobierno pretende ahorrar ¢130.000 millones durante los 12 meses que esté en vigor.

El proyecto excluiría a unos 15 mil trabajadores de instituciones que atienden directamente la pandemia, como la Caja Costarricense de Seguro Socia (CCSS), el Ministerio de Saludo y la Comisión Nacional de Emergencias, entre otras.

Alvarado recordó que la agenda consensuada hace dos días con el PLN, el PRN, Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Integración Nacional (PIN) y Republicano Social Cristiano (PRSC) es una primera etapa de un proceso de construcción de una agenda.

Añadió que la negociación para lograr ese acuerdo no inició el propio miércoles, sino desde hace varias semanas, a través de diálogos bilaterales sostenidos entre él y el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, con los jefes de fracción.

Como resultado, se definió una primera convocatoria de 27 proyectos que serían discutidos durante el mes de sesiones extraordinarias para el mes de agosto.

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“Lo que busca es una agenda en la que todos estemos, digamos, de acuerdo para que se discuta y avance. No necesariamente el compromiso es que todo mundo la va a votar a favor, pero sí hay un consenso de que ese paquete se discuta y pueda llegar a votación. Y así se construyó”, explicó el presidente.

Algunos de los temas incluidos son el crédito por $508 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), el proyecto de reforma al empleo público, que introduciría salarios sin pluses para los nuevos empleados públicos, y el plan Pagar. Este último destinaría superávits de instituciones públicas al pago de la deuda.

¿Reforma al impuesto de renta? ‘Hay que medir el tiempo'

Ante la consulta de cuándo presentaría una iniciativa de reforma al impuesto de renta para generar más recursos al Gobierno, Alvarado respondió que aún quedan muchas cosas por resolver o que se tienen que hacer.

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“Una cosa de lo que más he aprendido yo en mi tiempo de la política y eso se parece al fútbol, es que uno tiene que medir el timing (tiempo) o el momento en que está el partido”.

“Uno tiene en el horizonte muchas cosas que tiene que resolver o cosas que hacer, pero también uno tiene que llevar cierto orden para ir acometiéndolas y resolviendo”, analizó.

Prueba de lo anterior, añadió, es que hasta hace unos días la prioridad de su administración era que se aprobara en la Asamblea el segundo presupuesto extraordinario.

Ese presupuesto contiene ¢90.000 millones para los bonos Proteger y para los subsidios que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), así como un recorte al gasto de ¢310.000 millones.

“Eso ya es una realidad. Otra de nuestras prioridades es el acuerdo con las fracciones para que hay una masa crítica que permita que fluya la discusión. Nuestra prioridad en este momento clave es el crédito del Fondo Monetario”, explicó.

Sobre ese crédito, que sería dictaminado en los próximos días en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, le daría a Hacienda margen para abonar a la deuda del Gobierno con la CCSS, según dijo.

También, añadió, permitiría mantener controlada las tasas de interés en el mercado local, dado que se asumiría deuda externa, la cual es más barata que la interna.

Recordó que, de igual forma, el empréstito abre una etapa de negociaciones con ese organismo para un nuevo crédito que sumaría unos $2.250 millones.

“Y se abre una etapa donde Costa Rica habla. Hacia eso es que vamos, no que el Gobierno habla con el Fondo y después el Fondo le dice a Costa Rica (lo que debe hacer)”, finalizó.