El Gobierno y los diputados de seis partidos dejaron por fuera, de la agenda de consenso para las sesiones legislativas de agosto, el proyecto que reduciría en un 15% la jornada laboral de los funcionarios del sector público que ganan más de ¢1,5 millones.

El miércoles, el presidente Carlos Alvarado se reunió con diputados de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y Republicano Social Cristiano (PRSC) para construir una agenda de cara a las sesiones legislativas del próximo mes, en las cuales el Ejecutivo marca la pauta del Congreso.

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En la lista de 27 proyectos, no fue incluido el proyecto de reducción de jornadas, el cual fue anunciado por Casa Presidencial, hace dos semanas, como medida de ahorro ante la caída de casi ¢1,2 billones en los ingresos corrientes del Gobierno Central, producto de la crisis económica.

Carlos Avendaño, diputado del PRN, confirmó que “ese tema no se ha tocado porque no tiene consenso en la fracciones”.

Los jefes de fracción del PRN y del PLN, Xiomara Rodriguez y Luis Fernando Chacón, declararon que se deben valorar otras alternativas para generar ahorro o ingresos al Gobierno.

Chacón y Rodríguez creen que se puede avanzar en la discusión de la eliminación del pago de anualidades del sector público para los años 2021 y 2022, plan que ya está en la agenda de consenso, y en eliminar por un tiempo la exoneración del impuesto de renta que gozan los empleados públicos en el salario escolar.

¿Por qué el tema de reducción de jornadas no se incluyó en esta agenda? “Ese proyecto está en la Comisión de Gobierno y Administración. Este es un tema que hay que discutirlo con las fracciones, con el mismo Poder Ejecutivo y buscar también alternativas que le garanticen al país nuevos ingresos”, respondió Chacón.

El verdiblanco añadió que los nuevos ingresos no necesariamente deben generarse a través de un proyecto como el de reducción de jornadas, el cual calificó como una ocurrencia mal planteada por el Gobierno.

De aplicarse, él cree que constituiría “golpe” a los bolsillos de esos funcionarios públicos que, en su opinión, generan un encadenamiento “enorme” a la economía nacional.

“No creemos que sea una de las primeras salidas que haya que construir. Me parece que hay otros temas que le permitan al país y al Gobierno de la República recursos frescos, serán discutidas y analizadas. Ese proyecto no estuvo en la mesa. Bueno, porque hay cientos de proyectos adelante”, puntualizó Chacón.

De acuerdo con datos expuestos por la CCSS ante los diputados, el salario promedio de los funcionarios públicos subió de ¢1.108.322 a ¢1.115.962 durante los meses de pandemia, de febrero a junio, mientras que el sueldo en el sector privado bajó de ¢581.426 a ¢556.225.

Por su parte, Xiomara Rodríguez dijo que el tema de jornadas no se planteó en la reunión con Alvarado.”Ellos (el Ejecutivo) desde un inicio sabían cuál es la posición de nosotros”, afirmó.

La restauracionista comenta que su fracción no está de acuerdo con el plan. También cree que sería un golpe para los bolsillos de esos trabajadores públicos. En ese aspecto afirma que, un asalariado, cuando recibe su remuneración mensual, ya la tiene más que comprometida.

Rodolfo Peña, jefe del PUSC, dice que el el Ejecutivo debió hacer sus propias valoraciones sobre la viabilidad del proyecto, al momento de consensuar la agenda.

Insistió en que una alternativa suya, que gravaría con un “aporte solidario” de un 25% a los salarios sobre sobre el exceso a partir de los ¢1,5 millones, es “más justa”; y dijo que estaría dispuesto a que se mejore si el Ejecutivo decide impulsarla.

“He sido claro que impulsamos nuestra propuesta de contribución solidaria para funcionarios públicos con salarios de privilegio y para pensionados de lujo. Es más progresiva, impacta menos a los funcionarios de clase media por calcularse sobre el salario neto y por aplicarse sobre el excedente arriba de los ¢1,5 millones. Al igual que no impacta los ingresos de la CCSS.

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Su proyecto de ley planteado desde el mes de marzo consiste en cobrar una contribución solidaria a los servidores públicos y pensionados que, descontando impuesto de renta y cargas sociales, perciban más de ¢1,5 millones.

Por su parte, Catalina Montero, jefa del PAC, dijo: “Esa es una lista inicial, hay que hacer el análisis de otros proyectos. Alcanzamos a hacer los análisis de esos proyectos buscando que estuvieran enteradas, previamente, las diferentes fracciones, de manera que pudiese tener ya cierto consenso con lo que se viene hablando, proyectos con los que se vienen trabajando ya en algunas comisiones”.

Otto Roberto Vargas comentó: “Claro que sí es importante, sin duda alguna. Lo que pasa que hay proyectos que levantan polémica. Por ejemplo, otro proyecto que generó polémica es el de cooperativas, el de Japdeva, también. Recuerde que el periodo extraordinario es de un mes, entonces los proyectos que levanten roncha se eliminan”, dijo el republicano.

Sin embargo, cree que el tema debe ponerse a discusión en el legislativo y tratar de hacer los ajustes correspondientes.

Jonathan Prendas, vocero del bloque Nueva República, quien se quejó de no haber sido tomado en cuenta por el presidente en la elaboración de esa agenda, dice que ese plan podría tener “serias implicaciones” en un sector que, si bien no ha sido afectado en sus salarios, es el que sostiene la dinámica financiera del comercio.

La propuesta de su partido, añadió, es que se graven o se sancionen salarios a partir de los ¢2,5 millones o los ¢3 millones.

Chacón y Rodríguez manifestaron que los temas de exoneración del IVA en canasta básica no se incluyeron en la discusión inicial del periodo extraordinario, debido a que los jefes acordaron tomar todas las propuestas existentes y elaborar una de consenso.

Sobre exoneraciones del IVA, hay 28 propuestas, nueve relacionadas con la canasta básica, indicó Chacón.

No fue posible contactar a los ministros de la Presidencia y Planificación, Marcelo Prieto y Pilar Garrido.

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El proyecto de ley de reducción de jornadas laborales cubriría a unos 48.000 funcionarios públicos, mucho más de los 35.000 estimados por el Gobierno al presentar el texto a la Asamblea Legislativa.

El Gobierno busca que la medida se aplique por 12 meses para generar un ahorro de unos ¢130.000 millones, cifra que bajaría a ¢90.000 millones si se decide compensar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) por la caída que habría en la recaudación de cuotas obrero patronales.

El plan excluiría a unos 15.000 funcionarios de instituciones que trabajan en la primera fila de atención de la pandemia. El texto se presentó a la corriente legislativa el 13 de julio y tres días después se le asignó a la comisión.

La agenda para agosto

La agenda negociada con Alvarado incluye el proyecto para permitir las jornadas de 12 horas durante cuatro días de trabajo por tres de descanso, de forma excepcional y optativa, así como el plan de fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, el cual introduciría un nuevo sistema de sanciones administrativas por infracciones a las leyes laborales.

Asimismo, continuarían su avance la reforma al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), el proyecto de reforma al empleo público, que introduciría salarios sin pluses para los nuevos empleados públicos, y el plan Pagar. Este último destinaría superávits de instituciones públicas al pago de la deuda.

También contiene varios empréstitos internacionales, incluido uno de $508 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para uso presupuestario y el de $156 millones del Banco Mundial para modernizar los sistemas informático de cobro de impuestos y atacar la evasión fiscal.

A esa lista se agrega el proyecto, dictaminado en julio, para eliminar el pago de anualidades a los funcionarios públicos correspondientes a los años 2021 y 2022, con el fin de generar un ahorro de ¢44.000 millones en el Gobierno Central y de ¢23.000 millones en las instituciones autónomas.