Esteban Oviedo. 30 junio

Este miércoles, 1.° de julio, entrará a regir el cobro de un 1% del IVA sobre los 195 productos de la canasta básica. En las últimas semanas, hubo un intento infructuoso por posponer el impuesto por un año más, lo que levantará pasiones políticas, pero hay entretelones por revelar detrás del tema.

Este gravamen fue establecido en la reforma fiscal de diciembre del 2018, la cual fue aprobada por el Congreso y el Gobierno. Incluso, la decisión superó el filtro de la Sala IV, la cual descartó que la medida fuese inconstitucional.

Sabíamos, entonces, que el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a la canasta básica entraría a regir el 1.° de julio del 2020, pero este año sobrevino la crisis económica del coronavirus, la cual ha golpeado con fuerza los ingresos de miles de trabajadores, familias, empresas y del propio Estado.

De ahí surgió la inquietud, meses atrás, de evaluar la opción de posponer la entrada en vigencia del IVA para la canasta básica por un año más. Prueba de ello es la carta que el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, le envió al jefe de fracción del PLN, Luis Fernando Chacón, a mediados de mayo, en la que le indicó que la única forma de hacer viable esa idea era eliminar exoneraciones fiscales. El tema ya se conversaba en los pasillos de la Asamblea.

Chaves renunció y su sucesor, Elián Villegas, materializó la idea en un proyecto de ley que presentó el 11 de junio, en el que propuso posponer el IVA a la canasta básica un año más y, para restituir los fondos que el Gobierno dejaría de percibir, eliminar la exoneración del impuesto de renta que gozan los funcionarios públicos en el salario escolar.

No obstante, el gobierno presentó el proyecto y no jaló la carreta; no pujó por él como sí lo ha hecho, por ejemplo, con los préstamos internacionales para financiar el gasto público.

Incluso, el jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez, declaró que ya no había tiempo para sacar adelante el proyecto y que este ni siquiera había entrado a una comisión. El gobierno parecía conforme con que se agotara el reloj.

El jefe de fracción del PLN sí habló a favor de la iniciativa, mientras que Restauración Nacional se opuso al planteamiento porque no está de acuerdo con eliminar la exoneración al salario escolar.

Planteado el panorama, veamos los entretelones de esto:

1. ¿Y las pensiones para pobres? Cuando se negoció la reforma fiscal en el 2018, el 1% del IVA sobre la canasta básica fue aceptado porque el PLN, el PAC y el PUSC acordaron destinar un 15% del dinero que se recaudaría, con ese gravamen, al otorgamiento de nuevas pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la CCSS; es decir, pensiones para adultos mayores en pobreza, huérfanos o personas discapacitadas.

Con el 1% de impuesto sobre la canasta, el Ejecutivo estimaba recaudar unos ¢29.000 millones anuales, de los cuales se destinarían ¢4.350 millones al RNC, lo que permitiría financiar más de 4.000 pensiones nuevas.

Sin embargo, ahora el Gobierno no menciona el tema. ¿Se le olvidó ese compromiso? Este lunes 29 de junio, Hacienda emitió un comunicado en el que reitera que está de acuerdo con postergar el IVA a la canasta básica si le restituyen los fondos, pero no menciona la promesa de otorgar más pensiones del RNC, justo ahora que la CCSS suspendió el otorgamiento de nuevos subsidios de este tipo falta de fondos.

2. ¿Y la trazabilidad? Otro punto extraño es que el Gobierno acepte renunciar a la trazabilidad de las empresas que venden productos de la canasta básica pues, durante la negociación de la reforma fiscal, Hacienda argumentó que el IVA era vital para calcular el impuesto de renta de cada actor.

En el 2018, el Ejecutivo expuso a la opinión pública que, como el IVA permite rastrear toda una cadena de producción, suministra información precisa sobre los ingresos que recibe cada eslabón.

Hacienda llegó al grado de decir que, para los consumidores, sería más perjudicial no gravar la canasta básica pues, cuando los productos están exentos del IVA, el productor tiene que pagar el impuesto al comprar sus insumos, pero no lo puede trasladar al consumidor, lo que lo obligaría a aumentar los precios o a reducir su margen de ganancia.

Esa posición es concordante con la que expuso el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en mayo pasado, cuando los diputados propusieron postergar, por un año más también, la entrada del IVA para los servicios del sector turístico.

Chaves les explicó a los legisladores que, para los empresarios turísticos golpeados, es más perjudicial estar exentos de cobrar el IVA si ellos deben pagar el impuesto a sus proveedores.

Como alternativa, entonces, el entonces ministro propuso mantener el IVA, pero otorgarles a los empresarios turísticos un crédito fiscal a la hora de trasladar la recaudación del impuesto a Hacienda, lo que les aumentaría el margen de ganancia.

3. El sinsentido de Restauración. El Partido Restauración Nacional (PRN) siempre se opuso al IVA sobre la canasta básica e, incluso, lo impugnó infructuosamente ante la Sala IV. Sin embargo, ahora que el Gobierno se echa para atrás y plantea una opción para hacerlo, Restauración se opone.

El argumento de los restauracionistas es que no están de acuerdo con la idea del Ejecutivo de que, para restituir los fondos que el erario dejaría de percibir, se elimine la exoneración del impuesto de renta al salario escolar del sector público

Argumentan que se trataría de un nuevo impuesto.

No, no se trata de un nuevo impuesto, sino de la eliminación de una exoneración. El impuesto ya existe, es el impuesto de renta al salario, pero los funcionarios públicos reciben una exoneración que no recibe el resto de la población asalariada.

La pregunta que Restauración debe responder al país es la siguiente: ¿Por qué un alto funcionario público que reciba un salario escolar de ¢4 millones o ¢5 millones debe recibir una exoneración del impuesto de renta?

¿Le sorprende la cifra? Bueno, pues existe. Más de 1.165 empleados públicos ganan más de ¢4 millones. ¿Cuál es el fundamento filosófico para justificar la exoneración fiscal del impuesto de renta?

Ese beneficio fue concedido por los diputados en el 2008, en el inciso F del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (7092).

Una sentencia reciente de la Sala Constitucional clarificó que el salario escolar no es un incentivo salarial que reciban los funcionarios públicos, sino que constituye parte de su salario debido a que, en 1994, el Gobierno no pudo pagar un aumento salarial y, entonces, decidió acumularlo y pagarlo en enero. De ahí nació la costumbre del salario escolar, pero es parte del sueldo. Se trata de un salario mensual más.

Es decir, si un funcionario tiene un salario mensual de ¢1.500.000, en realidad su salario es de ¢1.625.000, pero esos ¢125.000 de diferencia se acumulan para pagarse como un salario adicional en enero.

Y los salarios en este país, para funcionarios privados y públicos, están gravados con renta a partir de los ¢840.000. De hecho, el Ejecutivo lo que planteó fue gravar el salario escolar a partir de los ¢840.000, al igual que ocurre con los salarios ordinarios.

En resumen, mañana entrará a regir el IVA para la canasta básica. El Gobierno no jaló la carreta si de verdad quería postergar la medida; tampoco planteó alternativas para no perder la trazabilidad ni para no perjudicar a los consumidores si se hubiese aprobado esa medida.

Con el argumento de Restauración, tenemos que entender que el país seguirá pagando la exoneración del impuesto de renta del salario escolar.

Ojalá que, al menos, al Gobierno no se le olvide el compromiso con las pensiones del RNC en estos momentos de tanto apuro económico para miles de personas, sobre todo al considerar que, cuando la Sala IV estimó que el impuesto no es inconstitucional, tomó en cuenta que el Estado tenía instrumentos para ayudar a las personas más pobres que podían verse afectadas.