El auditor general del Banco Popular (BP), Manuel Antonio González, y el director general de Riesgo, Maurilio Aguilar, denunciaron la falta de atestados por parte de los miembros de la Junta Directiva de la entidad financiera en un informe del pasado 12 de junio, así como el incumplimiento de la normativa que busca garantizar la idoneidad de estos funcionarios.
González y Aguilar firmaron un informe de auditoría interna que alerta sobre el incumplimiento de los reglamentos del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), porque “la mayoría de quienes ocupan cargos en la Junta no cumplen con la formación académica requerida y no cuentan con experiencia en el sector financiero ni en la administración pública”.
El documento fue enviado a la Contraloría General y a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El banco refutó el informe al argumentar que los miembros de la junta directiva cumplen con la idoneidad, la honestidad, la experiencia, la formación y la dedicación para ocupar esos lugares.
La Auditoría señala que “el caso más crítico” es el de Genoveva Chaverri, actual presidenta del órgano. El informe le achaca ejercer el cargo sin tener formación en finanzas o negocios y sin experiencia en el sector financiero.
Chaverri es psicóloga con una licenciatura en Administración Hotelera y Turística, además, tiene formación en emprendedurismo y mercadeo, y es graduada del programa de Alta Gerencia de Incae.
Según el informe de auditoría, con excepción de este último atestado, Chaverri no tiene una carrera afín a la actividad financiera. Tampoco tiene experiencia laboral en el sector público o bancario.
Según la Auditoría, el nombramiento de Chaverri estaría transgrediendo la normativa de Conassif, la cual establece que “el presidente debe poseer la experiencia, competencias y cualidades personales necesarias a efecto de cumplir con las responsabilidades del puesto”.
Además, aseguran que “debería aplicarse lo indicado en el artículo 3 de la Política de Idoneidad”, el cual establece que se debe procurar que las personas que no cumplan con los criterios aplicables para determinar su idoneidad no sean nombradas o, ante la falta de idoneidad sobrevenida, no continúen en los cargos.
El informe de auditoría omite en su análisis a Shirley González Mora, quien es directiva del BP y tiene una larga carrera como miembro de las juntas del Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). Ella es administradora de negocios.
La Nación solicitó al BP un criterio sobre el informe de auditoría. La institución dijo que su ley orgánica exige a los directivos “conocimientos en economía, banca o administración, finanzas y problemas relativos al desarrollo económico y social del país”.
“Se puede concluir con claridad que se cumple en forma suficiente con la adecuada gobernanza que exige la ley, el ente de supervisión máxima de la industria financiera y con las rigurosas exigencias que demanda el propio conglomerado”, informó la Oficina de Comunicación del BP.
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Poder Ejecutivo mantiene dominio sobre junta del BP
La Junta Directiva del BP está integrada por siete personas, de las cuales tres son nombradas por el Poder Ejecutivo, en esta caso Genoveva Chaverri, María Clemencia Palomo y Jorge Eduardo Sánchez.
Los otros cuatro representantes son nombrados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del BP.
Sin embargo, el pasado 28 de julio el Gobierno decretó que, para realizar la Asamblea de Trabajadores, primero debía efectuarse un censo de los 290 delegados para determinar la representatividad de estas personas dentro de los sectores sociales.
Como la Asamblea de Trabajadores no podía realizarse, en agosto de 2022 el Ejecutivo decidió que nombraría a los siete miembros de la junta de forma temporal, por un periodo de ocho meses. De esta forma, extendió el nombramiento de Iliana González, Shirley González, Raúl Espinoza y Eduardo Navarro.
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La designación de la totalidad de los miembros de la Directiva se estableció mediante un decreto ejecutivo que reformó el Reglamento de Acreditación de delegados a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Posteriormente, en mayo de 2023, el Gobierno Central amplió su control sobre la Junta Directiva del BP por siete meses adicionales, para sumar un total de 15 meses. Los siete directivos nombrados por Zapote se mantendrán hasta el 19 de diciembre de 2023.
Con esta decisión, el Ejecutivo mantendrá un dominio absoluto sobre el máximo órgano de dirección del banco público.
El Gobierno justificó la decisión en que el proceso de integración e instalación de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras para el periodo 2022-2026 aún no ha finalizado y se requiere más tiempo.
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Junta designada por Gobierno eligió al nuevo gerente del BP
La junta fue la encargada de elegir a la nueva gerente general del Banco Popular, Gina Carvajal Vega, luego de que venciera el nombramiento de Marvin Rodríguez Calderón en ese puesto, el pasado 3 de junio.
Rodríguez ocupaba el cargo desde abril del 2020.
El Popular es la cuarta entidad financiera más grande de Costa Rica con activos totales por ¢4.032.137 millones, detrás del Banco Nacional, Banco de Costa Rica y BAC Credomatic, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Hasta marzo anterior, reportó una planilla de 3.956 empleados y contaba con 99 oficinas en todo el país.
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