El auditor interno del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), Guillermo Calderón Torres, fue condenado a dos años de cárcel por haber desestimado una investigación en su contra.
Los jueces del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José lo encontraron culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y administración en provecho propio.
La condena incluye una inhabilitación del cargo por dos años y el pago de ¢1 millón por daño social al Infocoop, confirmó la oficina de Prensa del Ministerio Público.
En la acusación presentada en febrero del 2020, la Fiscalía Adjunta de Probidad señaló que Calderón Torres no se apartó de conocer una denuncia anónima que lo mencionaba como parte de una supuesta red de corrupción dentro del Infocoop, a pesar de que tenía un conflicto de interés.
El auditor le dio curso al documento y, finalmente, suscribió la resolución AI 269-2016 del 15 de diciembre de 2016, la cual desestimó la denuncia y ordenó su archivo.
La denuncia anónima que archivó Calderón es la misma que, en febrero del 2017, provocó la intervención del Infocoop por parte del Consejo de Gobierno por aparentes irregularidades en las condiciones de los préstamos que otorgaba el Instituto.
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En ella, también se mencionaba una supuesta falta de supervisión en el cobro de los préstamos.
El auditor alegó que los señalamientos habían sido elevados a otras instancias sin que, hasta ese momento, se conocieran los avances de las indagaciones.
Indicó que la Junta Directiva del Infocoop, mediante el oficio DE-670-2016, había rechazado los hechos denunciados.
‘Es desconcertante’
Calderón Torres, quien además es tesorero del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, calificó de desproporcionada la sentencia.
“Para mí, la denuncia anónima era un trámite más. Jamás me imaginé el nivel de consecuencia. Se va apelar y se irá a casación hasta lo último. Mi conciencia está muy tranquila, es un procedimiento muy normal de auditoría, que es desestimar denuncias”, dijo el auditor.
Agregó que no obtuvo beneficios de ningún tipo por esa desestimación y que nunca ha sido cuestionado por la Contraloría General de la República ni por los colegios profesionales que integra.
“Es totalmente desconcertante la condena. Yo tenía apenas ocho meses de estar en la institución cuando hice el trámite de esa denuncia. Los jueces me responsabilizaron hasta por la incobrabilidad de créditos otorgados en un tiempo que no estaba en la institución”, agregó Calderón Torres.
Indicó que discutirá su caso en el Colegio de Contadores Privados, dado que la condena le afecta a él y al gremio.
Argumento de la Fiscalía
La Fiscalía alegó, en la acusación, que el auditor archivó la denuncia en “beneficio personal para sí mismo, ya que logró esquivar la investigación en su contra mediante el archivo de la causa”.
Calderón eludió la eventual “responsabilidad de los hechos denunciados al no ser investigado por presuntos actos de corrupción”, según el órgano acusador.
Por ello, le atribuyó violentar el artículo 339 del Código Penal que condena con la inhabilitación de uno a cuatro años, en cargos públicos, al funcionario que incumpla sus deberes; es decir, que ilegalmente omita, rehúse o retarde algún acto propio de su función.
La misma sanción aplica para aquel funcionario público que, de forma ilícita, no se abstenga, ni se inhiba ni se excuse de realizar un trámite cuando tiene la obligación de hacerlo.
La Fiscalía también le atribuyó al auditor violentar el artículo 49 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el cual castiga con prisión de uno a ocho años al funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe de actos administrativos que otorguen beneficios para sí mismo.