La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó penalmente al auditor interno del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), Guillermo Calderón Torres, de cometer los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y administración en provecho propio.
El Ministerio Público argumenta que Calderón, pese a su cargo, no se excusó de conocer una denuncia anónima que lo mencionaba como parte de una supuesta red de corrupción dentro del Infocoop.
Según la acusación, a pesar de que tenía un aparente roce de interés, Calderón le dio curso al documento y, finalmente, suscribió una resolución que desestimó la denuncia.
Así consta en la pieza acusatoria de la Fiscalía Adjunta de Probidad, de la cual La Nación tiene copia, que fue presentada el pasado 24 de febrero ante el Juzgado Penal de Hacienda.
Consultado por La Nación, Calderón dijo respetar el criterio de los fiscales. Sin embargo, considera que él ha sido afectado por las diferencias políticas que existen en el sector cooperativo.
“La desestimé con todos los argumentos que yo di en su momento y, si hoy tengo que desestimarla, la vuelvo a desestimar. ¿Que es lo que se alega ahí? Bueno, que yo no tenía que conocer esa estimación porque yo estaba mencionado en esa denuncia, pero esa es la palabra clave y esa es mi defensa. Yo estaba mencionado, nada más. Eso no es probado”.
“Uno se abstiene cuando definitivamente uno conoce que tiene de por medio una denuncia notificada y tramitada. En ese momento, cuando se recibió una denuncia anónima donde se me menciona, yo no estaba notificado ni con trámite de nada; por eso, yo no consideré que debería de abstenerme de hacer esa desestimación que hice en 2016″, justificó.
Calderón, también, afirmó que, pese a que la denuncia anónima fue remitida a la Contraloría General de la República (CGR), esta institución no le ha notificado hasta hoy sobre alguna indagación en su contra.
La denuncia anónima que habría archivado Calderón es la misma que, en febrero del 2017, provocó la intervención del Consejo de Gobierno por aparentes irregularidades en las condiciones de los préstamos que otorgaba el Instituto.
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El 2 de junio del 2016, según consta en la acusación, la Junta Directiva del Infocoop trasladó al área de Auditoría Interna la denuncia anónima sobre supuestas anomalías en la institución.
En ella, se mencionaba que Calderón era parte de una supuesta red de otorgamiento de créditos irregulares y falta de supervisión en el cobro de esos recursos.
A pesar del aparente conflicto de interés, por cuanto el resultado de la indagatoria le afectaba, dice, la acusación, el auditor firmó la resolución AI 269-2016 del 15 de diciembre de 2016 que desestimaba la denuncia y ordenaba su archivo.
En esa misma resolución, Calderón argumentó que tales señalamientos habían sido elevados a otras instancias sin que, hasta ese momento, se conocieran los avances de las indagaciones.
Asimismo, indicó que la Junta Directiva del Infocoop, mediante oficio DE-670-2016, había rechazado los hechos denunciados.
Finalmente, Calderón aseveró que el proceso interno para determinar presuntas responsabilidades conllevaba desgaste institucional y costos asociados por recursos legales, apelaciones y periodos donde no hay certeza de una resolución contundente e inapelable.
Ante esos hechos, la Fiscalía afirma, en la acusación, que el funcionario archivó la denuncia en “beneficio personal para sí mismo, ya que logró esquivar la investigación en su contra mediante el archivo de la causa”.
De esta manera, añade el órgano acusador, Calderón eludió la eventual “responsabilidad de los hechos denunciados al no ser investigado por presuntos actos de corrupción”.
Tras culminar la investigación, el Ministerio Público afirma tener suficientes pruebas para sostener la acusación en contra del auditor.
“De manera consciente y voluntaria, faltó al deber de probidad en el ejercicio de la función pública y, con su conducta delictiva, incumplió sus deberes y se valió de su cargo para generar un beneficio directo para sí mismo, lo cual torna necesario el examen de la presente pieza acusatoria para que se dictamine la procedencia de su elevación a juicio”, dice la acusación firmada por los fiscales Randy Hernández y Alexánder Valverde.
El artículo 339 del Código Penal condena con la inhabilitación de cargos públicos, de uno a cuatro años, al funcionario que incumpla sus deberes; es decir, que ilegalmente omita, rehúse o retarde algún acto propio de su función, de acuerdo con ese enunciado.
La misma sanción aplica para aquel funcionario público que, de forma ilícita, no se abstenga, ni se inhiba ni se excuse de realizar un trámite cuando tiene la obligación de hacerlo.
En tanto, el artículo 49 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública castiga con prisión de uno a ocho años al funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe de actos administrativos que otorguen beneficios para sí mismo.
La fiscalía señala a Calderón de haber omitido esas legislaciones al momento de resolver la denuncia en su contra, así como el reglamento del Infocoop que obliga al personal de Auditoría Interna a abstenerse de intervenir en asuntos que presenten conflictos personales de forma directa o indirecta.