Cuesta de Moras
Ante los diputados y bajo juramento, el ministro de Agricultura y presidente del Infocoop, Luis Felipe Arauz, declaró que unas denuncias anónimas dieron origen a la decisión del gobierno de Luis Guillermo Solís de intervenir el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Según relató, la intervención la desató la negativa de los representantes del movimiento cooperativo a aprobar, en la Junta Directiva, una "auditoría forense" que sirviera para confirmar o descartar un presunto fraude en el otorgamiento de préstamos a cooperativas, según una denuncia que no dio a conocer.
Añadió que una auditoría del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) del Infocoop, que tampoco trascendió, completó el cuadro que el Gobierno consideró crítico en la entidad dedicada a otorgar créditos a las cooperativas.
Así lo afirmó Arauz ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público luego de que el gobierno decretara, este mismo jueves, la destitución de la Junta Directiva formal y el nombramiento de una nueva cúpula a dedo.
Luego de interrogar a los funcionarios de gobierno que impulsaron la intervención del Infocoop, diputados de cinco partidos políticos concluyeron de que el Poder Ejecutivo carecía de fundamentos para decretar la intervención.
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Los argumentos no convencieron a legisladores de Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario, Renovación Costarricense y Alianza Demócrata Cristiana.
Arauz se hizo acompañar por los otros dos miembros del gobierno en la Directiva del Infocoop: el viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca; y el representante del Banco Nacional, Edgar Quirós. A ellos los conservó en sus puestos pese a la intervención, no así a los representantes del cooperativismo.
El martes, Zapote informó de que el Consejo de Gobierno votó a favor de tomar el control del Infocoop con base en un informe de la Contraloría General de la República, según el cual el Instituto estaba otorgando créditos con intereses cerca de la tasa de equilibrio, la que le permite financiar su operación. En efecto, ha otorgado préstamos con intereses hasta del 2%.
La administración Solís, por medio de Arauz y otros de sus representantes, ha aprobado 9 créditos con tasas inferiores al 5%.
El informe, además, cuestiona que un grupo de 20 deudores principales de la cartera tiene problemas de morosidad, pero se les siguen readecuando sus deudas y se les continúa dando refinanciamiento.
'Hoy no estaríamos aquí'
Durante la ronda de preguntas de los diputados, Luis Felipe Arauz dijo que si los cuatro representantes del movimiento cooperativo hubieran aceptado la auditoría forense, que desde el 2015 les propusieron él y los otros dos representantes del Gobierno en la Directiva del Infocoop, "probablemente hoy no estaríamos aquí".
Ante una consulta del diputado Ottón Solís, Arauz reconoció que el informe de la CGR de finales del año pasado sobre la administración crediticia en el Infocoop, por sí mismo, no justifica la intervención que decretó Zapote este jueves.
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"El informe de la CGR considerado en sí mismo no da para una intervención, pero uno ya ve este informe, el anterior (de la CGR, 2010), la auditoria de TIC y ve las denuncias de funcionarios que el auditor desestima, uno ve que la cosa puede ser más profunda y por eso pedimos esa auditoría forense y si la hubieran aceptado los señores del movimiento cooperativo, probablemente no estaríamos aquí", recalcó el ministro.
Luis Emilio Cuenca, viceministro de Trabajo quien tiene tres meses de integrar la Directiva del Infocoop, afirmó a los diputados que la propuesta de la auditoría forense surgió después de que el Gobierno conociera una denuncia anónima "fundamentada" que generó, según él, varios reportajes en la prensa, y que fue enviada a varios diputados y al presidente de la República.
"El propósito de la auditoría forense era darle la capacidad a la Junta Directiva de descartar un fraude. En el momento en que el auditor interno (Guillermo Calderón) da un oficio donde le pide a la junta desestimar la denuncia, dado que él formaba parte de los denunciados y decide no elevarla a la Contraloría, nosotros (el Gobierno) proponemos que para poder tener la certeza de que no ha existido fraude nosotros necesitamos una auditoría específica para detectar un fraude, porque una auditoría forense es pluridisciplinaria que no se va solo en un tipo de procedimiento", detalló el viceministro, quien acompañó a Arauz y al otro director del Gobierno en el Infocoop, Edgar Quirós, quien representa al Banco Nacional.
El pleito político en el Infocoop se desató a finales del año pasado, cuando el Gobierno no tuvo los votos necesarios en la Directiva de ese ente para nombrar a un director ejecutivo afín pese a que fue el actual director interino, Ronald Fonseca, quien ganó un concurso público que promovió el propio ministro de Agricultura.
El gobierno objeta el desempeño de Fonseca y se e inclinaba por nombrar a otra persona, de nombre Marco Vinicio Ruiz Chacón, que quedó de tercero en el concurso.
'Todo se debe una vendetta política contra el sector cooperativo'
Ottón Solís, del PAC, dijo que la CGR ha emitido informes fiscalizadores con contenidos más graves acerca de irregularidades ocurridas en la administración del Sistema Nacional de Salud Animal (Senasa) y del Programa Nacional de Renovación Cafetalera, ambos a cargo de Luis Felipe Arauz que, en su opinión, habrían requerido una intervención del Poder Ejecutivo.
"Usted es el 'gran jefe' en ambas entidades adscritas a su ministerio y no ha decretado una intervención. Entonces, uno se pregunta cuál es el objetivo de esta intervención en el Infocoop", afirmó Solís al ministro Arauz.
Tanto Otto Guevara, del Movimiento Libertario; como Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, coincidieron en que, después de las audiencias de este jueves, les quedó claro que el gobierno carece de fundamentos técnicos de peso que respalden su decisión de intervenir el Infocoop.
"Más bien parece que todo se debe una vendetta política contra el sector cooperativo. A la luz de lo que ha ocurrido hoy aquí cabe preguntarse si sería conveniente cerrar el Infocoop y que sean los bancos públicos los que abran una línea de crédito dedicada al cooperativismo", afirmó Guevara.
En tanto que la bancada del PLN arremetió contra el Gobierno durante la sesión plenaria de este jueves, posterior a las audiencias en Control de Ingreso y Gasto Público, por considerar que los integrantes de la junta interventora designados por Zapote son "un club de amigos" del diputado oficialista y expresidente del Infocoop, Víctor Morales Zapata, muy cercano al presidente Luis Guillermo Solís.
Un argumento similiar fue el que esgrimió el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Freddy González, en la comisión.
El diputado Rolando González, de Liberación Nacional (PLN) y el diputado Gonzalo Ramírez (Renovación Costarricense), criticaron por su parte que el Poder Ejecutivo permitiera que sus tres directivos actuales permanezcan en la junta interventora del Infocoop, algo que consideran como irregular.
Además de Arauz, los diputados llamaron a comparecer a:
-El auditor interno del Infocoop, Guillermo Calderón Torres
-El director ejecutivo interino del Infocoop, Ronald Fonseca
-El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Freddy González.
-El gerente del Área de Fiscalización de Servicios Públicos de la Contraloría General de la República (CGR), José Luis Alvarado, que publicó en diciembre pasado la auditoría sobre la administración de los créditos el Infocoop.
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El tercer miembro del Gobierno en la directiva del Infocoop, Edgar Quirós, agregó que otro de los factores que llevaron a la administración a intervenir la entidad fue que los estados financieros no reflejan la situación real de las finanzas del ente.
Quirós afirmó que al ver los estados financieros del Infocoop del 2014, el Gobierno encontró pérdidas hasta de ¢680 millones; las cuales subirían a ¢752 millones con cifras más actuales.
No obstante, el auditor interno del Infocoop no avaló las cifras que ofreció Quirós, pues afirmó que será hasta este año que se hará un cálculo similar.
"El tema del deterioro del valor de los activos hasta ahora se va a analizar en los estados financieros, porque las normas internacionales de información financiera para el sector público establecen que es a partir de enero del 2017 que debe reflejarse el deterioro del valor de los activos y sus efectos no son de aplicación inmediata, sino que pueden ser consecuentes en el tiempo y afectados al patrimonio", dijo Guillermo Calderón.
El director ejecutivo interino también rechazó las estimaciones de Quirós.
Por su parte, la diputada oficialista Epsy Campbell consultó a la Contraloría si, después de su auditoría, se percató de cuál es la situación financiera y administrativa real del Infocoop.
A esto, el gerente de la Contraloría contestó que el estudio no tenía ese fin, sino evaluar la administración de créditos.