Aprobada ley que devolverá a notarios $60 millones del Fondo de Garantía Notarial

Se trata de una iniciativa que liquida este fondo, el cual funciona como un respaldo financiero en caso de que los depositarios de la fe pública cometan errores en el ejercicio de la profesión y deban resarcir a clientes o terceras personas.

Como reemplazo a ese mecanismo, deberán contratar una póliza anual que cubra hasta 55 salarios base, es decir, cerca de ¢26 millones, en caso de tener que reparar demandas civiles. Quienes no tengan un seguro vigente no podrán ejercer sus funciones.

De esa manera, la Dirección Nacional de Notariado (DNN) devolverá los $60 millones (¢37.800 millones) del Fondo, seis meses después de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, sancione la ley.

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Según el Colegio de Abogados de Costa Rica, los notarios con más trayectoria laboral tienen recursos acumulados hasta por ¢7 millones. En la actualidad, cada notario debe aportar ¢12.500 mensuales a ese mecanismo.

¿Cómo y cuándo retirar los fondos?

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El proyecto establece que, una vez entre en vigencia dicha legislación, la Dirección Nacional de Notariado deberá comunicar, con tres meses de antelación, la rescisión del contrato de administración a la Operadora de Pensiones del Banco de Costa Rica (BCR), que administra dicho fondo.

Una vez eso ocurra, la Operadora tendrá tres meses de tiempo para comenzar a devolver los aportes e intereses a sus titulares, previo trámite de cada interesado.

Para hacerlo, los notarios deberán acudir a la Dirección Nacional de Notariado con el comprobante de que ya adquirieron la póliza de responsabilidad profesional con una aseguradora.

Ese ente había indicado que, cuando se aprobara la legislación, comunicaría el procedimiento para retirar los recursos aportados durante su carrera profesional.

Quienes tengan procesos o deudas pendientes con el Fondo de Garantía Notarial no podrán retirar sus recursos hasta que salden sus obligaciones.

Recuperación económica

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Previo a su aprobación en segundo debate, el Colegio de Abogados de Costa Rica resaltó que la iniciativa ayudará a la recuperación económica de profesionales golpeados por la pandemia de coronavirus, así como a dinamizar la economía nacional.

“Va a tener un efecto dominó sobre la economía costarricense, porque las personas notarias pueden abrir certificados a plazo, pueden generar actividades, pueden hacer turismo, entre otras cosas. Entonces, es una relación ganar-ganar, tanto para la ciudadanía por la inyección a la economía nacional, como para las personas notarias que podrán disponer de esos recursos al mismo tiempo contar con una protección confiable”, afirmó Álvaro Sánchez, presidente del colegio profesional.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Erwen Masís y María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Jorge Luis Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN); y Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

“Este dinero no solo va a permear de manera directa a los notarios, sino que va a generar encadenamientos importantes para que esos más de $60 millones circulen en nuestra economía y puedan de alguna manera dinamizarla”, manifestó Masís.

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¿Cómo obtener la póliza obligatoria y cuánto costará?

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Debido a que se liquidará el Fondo de Garantía Notarial, esos profesionales deben adquirir una póliza obligatoria anual a través de aseguradoras públicas o privadas.

Según estimaciones del Colegio de Abogados de Costa Rica, el costo anual de la póliza será menor a la suma de las 12 cuotas que pagan los notarios al año, es decir, de menos de ¢150.000 anuales.

Entretanto, la Asociación de Notarios de Costa Rica proyecta que la cobertura tendrá un costo mucho menor a dicho monto.

“Más bien, estudios que ha hecho la Asociación, tomando como parámetro, por ejemplo, lo que cotizan los contadores públicos autorizados, nos permite arribar a la convicción de que seguiríamos pagando menos de la décima parte de esa suma”, dijo José Cabezas, presidente de esa organización.

El diputado Masís también manifestó que ese pago va a ser menor: “Más o menos ¢89.000 anuales, en comparación con los ¢150.000 que se pagaban anteriormente”.

Con la reforma que el proyecto de ley hace al Código Notarial de Costa Rica, esos profesionales con fe pública quedarían inhabilitados de sus funciones si no tienen una cobertura vigente.