EscucharLa Dirección Nacional de Notariado (DNN) devolvería cerca de $60 millones (¢37.800 millones) a los notarios públicos en caso de aprobarse, en definitiva, un proyecto de ley que obligaría a estos profesionales a comprar una póliza para responder por eventuales errores ante clientes y terceras personas.
La reforma liquidaría el Fondo de Garantía Notarial, el cual actualmente se nutre de los aportes obligatorios de estos depositarios de la fe pública. Cada notario debe pagar ¢12.500 mensuales. Así, con el cierre del Fondo que administra la Operadora de Pensiones del Banco de Costa Rica (BCR), cerca de 9.000 notarios podrían retirar sus aportes históricos y los rendimientos generados por esos recursos.
A cambio, los profesionales estarán obligados a comprar una póliza en una aseguradora pública o privada para cubrir eventuales daños y perjuicios por errores notariales.
De acuerdo con el Colegio de Abogados de Costa Rica, algunos notarios disponen de hasta ¢7 millones en el Fondo de Garantía Notarial.
El presidente del Colegio de Abogados, Álvaro Sánchez, aseguró que la propuesta impactará positivamente la economía del país y la recuperación de los notarios afectados por la pandemia de coronavirus.
“Va a tener un efecto dominó sobre la economía costarricense, porque las personas notarias pueden abrir certificados a plazo, pueden generar actividades, pueden hacer turismo, entre otras cosas. Entonces, es una relación ganar-ganar, tanto para la ciudadanía por la inyección a la economía nacional, como para las personas notarias que podrán disponer de esos recursos y, al mismo tiempo, contar con una protección confiable”, afirmó Sánchez.
De acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados, dicha iniciativa surgió en el 2020, con el interés de varios congresistas, a raíz de la afectación económica que enfrentaron múltiples notarios públicos producto de la pandemia de coronavirus.
Según estimaciones del colegio profesional, el costo anual de la póliza en una aseguradora será menor a la suma de las 12 cuotas anuales que pagan los notarios al año, es decir, de menos de ¢150.000 anuales.
Entretanto, la Asociación de Notarios de Costa Rica proyecta que la cobertura tendrá un costo mucho menor a dicho monto, según afirmó su presidente José Cabezas.
“Más bien, estudios que ha hecho la Asociación, tomando como parámetro, por ejemplo, lo que cotizan los contadores públicos autorizados, nos permite arribar a la convicción de que seguiríamos pagando menos de la décima parte de esa suma”, dijo Cabezas.
¿Cuándo se podría retirar el dinero?
El proyecto fue aprobado en primer debate el 9 de agosto. Ahora, falta el segundo debate y la firma del presidente Carlos Alvarado.
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La iniciativa establece que, una vez se apruebe el proyecto, la Dirección Nacional de Notariado (DNN) está obligada a rescindir su contrato con la Operadora del Banco de Costa Rica, la cual administra el Fondo de Garantía Notarial.
Seguidamente, la operadora bancaria tendrá un plazo de hasta tres meses para comenzar a devolver a cada uno de los notarios la totalidad de sus aportes al Fondo, así como sus rendimientos, previo trámite de cada interesado.
Para hacerlo, los notarios deberán acudir a la Dirección Nacional de Notariado con el comprobante de que ya adquirieron la póliza de responsabilidad civil profesional con una aseguradora.
“Una vez que esta reforma sea aprobada y publicada, se estará informando oportunamente a la comunidad notarial del procedimiento a seguir para cumplir con lo que establezca la ley”, informó ese ente.
En caso de que los notarios no retiren su dinero después de cuatro años, los recursos se destinarán al fortalecimiento a la lucha contra la legitimación, lavados de capitales y financiamiento al terrorismo.
El Fondo de Garantía Notarial tiene el mismo propósito que la póliza que se pretende crear con este proyecto: cubrir posibles responsabilidades civiles. No obstante, los diputados proponentes alegan que esa protección tiene múltiples limitaciones. Señalaron, por ejemplo, que los montos ahorrados por los profesionales con fe pública pueden resultar insuficientes para cubrir demandas civiles cuando se presenten.
El Código Notarial de Costa Rica establece que el Fondo aportará el monto total cuando lo ahorrado por los profesionales resulte insuficiente. No obstante, el abogado queda inhabilitado para el ejercicio notarial hasta que no reponga la diferencia.
Eso, advierten los congresistas, podría provocar que algunos profesionales queden impedidos de laborar por un largo periodo de tiempo.
La cobertura de responsabilidad civil profesional en las aseguradoras es de 55 salarios base, es decir, poco más de ¢26 millones, una cifra muy superior a los montos que los notarios pueden aportar al Fondo durante su carrera profesional.
La iniciativa fue presentada por diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC) y Liberación Nacional (PLN).
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