Sofía Chinchilla C.. 27 mayo
El objetivo de la empresa es convencer a Casa Presidencial, al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y al Congreso de que no respalden un proyecto que, desde su perspectiva “imponga regulaciones onerosas
El objetivo de la empresa es convencer a Casa Presidencial, al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y al Congreso de que no respalden un proyecto que, desde su perspectiva “imponga regulaciones onerosas". Foto: Marcela Bertozzi.

La compañía Airbnb lanzó una campaña contra el proyecto de ley que se tramita en Congreso para regular su operación en el país y establecer el pago de impuestos, con el argumento de que la normativa perjudicará gravemente a los emprendedores que utilizan su plataforma para ofrecer servicios de hospedaje.

“Si el gobierno decide implementar estas regulaciones y todas estas normas, los negocios se van a ver sumamente afectados (...). La burocracia que tenemos ya es un poquito pesada y si están pensando en aumentarla muchas personas perderán cualquier tipo de interés”, dice un propietario identificado como Jorge en un video que promociona la empresa en sus redes sociales, desde el 17 de mayo.

Airbnb intermedia entre los dueños de casas, apartamentos o cuartos y los usuarios que buscan un hospedaje no tradicional. En la plataforma digital, los propietarios ofrecen sus servicios y los clientes reservan en la opción que más les conviene.

Actualmente, ni los usuarios ni los anfitriones de estos hospedajes pagan impuestos por este servicio. El plan de ley al que refiere la compañía, la obligaría a cobrar el impuesto sobre el valor agregado (IVA), así como un canon ante las municipalidades.

También, obligaría a los prestatarios del servicio a inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

El objetivo de la empresa –según una carta abierta que acompaña al video de la campaña–, es convencer al gobierno y al Congreso de que no respalden una iniciativa que, desde su perspectiva, “imponga regulaciones onerosas".

Contribución municipal

La contribución municipal que Airbnb objeta se cobraría de acuerdo con la capacidad máxima que tenga el inmueble para albergar huéspedes. Si son dos personas, sería de ¢44.620, un 10% de un salario base (¢446.200 para 2019). Por hasta cinco personas, la tarifa subiría al 30%, es decir, ¢133.860. Mientras que para más seis, sería de un 80% (¢356.960).

Los pagos se realizarían de manera anual, por cada unidad de hospedaje. Si un anfitrión tiene un complejo de apartamentos, tendrá que pagar por cada uno de ellos.

Como beneficio, el proyecto plantea que los arrendatarios puedan obtener el Certificado de Sostenibilidad Turística del ICT.

A las plataformas intermediarias también se les obligaría a inscribirse ante Hacienda, así como a retener y trasladar el IVA que cancelen los usuarios. Las compañías, además, tendrían que dar al Estado información comercial sobre los anfitriones.

El diputado Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y quien es el proponente del proyecto, dijo que se reunió con un personero de Airbnb hace un par de meses para discutir una versión previa del proyecto. No obstante, afirmó que luego del encuentro no recibió ninguna retroalimentación, por lo que se sorprendió al ver la campaña que lanzó la compañía.

“No hay ningún cobro adicional a los impuestos normales y la patente está bastante baja (...). Si lo que pretenden es un trato diferenciado, no veo ninguna justificación”, expresó Abarca.

Pide baja en tarifa

Consultado por La Nación, Carlos Muñóz, gerente de Campaña, Políticas Públicas y Comunicaciones de Airbnb para el Caribe y Centroamérica, afirmó que la empresa apoyará una contribución municipal con una tarifa plana más baja, o una escala progresiva reducida en vez de las tasas planteadas en el proyecto de ley.

“Lo que hemos oído de los miembros de nuestra comunidad anfitriona es que, en algunos casos, la tarifa propuesta durante un año puede exceder los ingresos anuales generados por el anfitrión, lo que nos parece excesivo”, señaló Muñóz.

El representante de Airbnb afirmó que la subsistencia de los anfitriones se ve amenazada por “regulaciones que malinterpretan e ignoran” su realidad. Además, reclamó que el proyecto se redactara sin considerar el criterio de los prestatarios.

La empresa exige que el proceso de inscripción de los propietarios de inmuebles sea económico, simple y eficiente, así como que los locales no sean inspeccionados a menos que exista una denuncia y que no se les impongan restricciones a la frecuencia o duración para el hospedaje de huéspedes.

Javier Pacheco, presidente de la Cámara de Hoteles, afirmó que el sector turismo del país respalda el proyecto de ley, con el objetivo de que todos los participantes compitan en igualdad de condiciones.

“Lo que la ley pide es lo mínimo y lo básico, si lo vemos está hablando de impuesto al valor agregado, del impuesto de renta, de servicios municipales. No está hablando de nada que sea fuera de lo normal que cualquier otro comercio en el país necesite para operar”, declaró Pacheco.

El proyecto de ley 20.865 fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Económicos. En los próximos días, la iniciativa entrará en la siguiente etapa de análisis de mociones de fondo.

Abarca afirmó que tiene interés en que el texto establezca que todos los negocios turísticos pueden inscribirse ante el ICT, a fin de crear una base de datos de la actividad.

De acuerdo con el diputado, eso les permitiría a los prestatarios acceder a la tarifa escalonada del IVA que se aplicará al sector turismo a partir del 1.° de julio. Quienes no gocen del beneficio, deberán cobrar un 13% de inmediato.

En tanto que Muñoz afirmó que Airbnb se enfocará en involucrarse con los legisladores con el objetivo de lograr una propuesta “cuidadosamente redactada”.

“La semana pasada estuvimos en Costa Rica para reunirnos con nuestra comunidad de anfitriones en varias ciudades del país para escuchar sus inquietudes con respecto a la legislación y así poder presentar una propuesta legislativa que considere sus necesidades”, aseguró Muñóz.