Diputados de al menos cinco fracciones pretenden autorizar al Consejo Rector y la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) a perdonar las deudas e intereses de 2.705 de préstamos a pequeños y medianos agricultores, además de otros productores de caña.
Bajo el argumento de la afectación por la pandemia de covid 19, los diputados darían esa autorización sin que el proyecto de ley exija a los deudores demostrar pérdidas o insolvencia para enfrentar los pagos.
En el expediente del proyecto “Ley de apoyo a beneficiarios del sistema de banca para el desarrollo ante la emergencia por covid 19″ no se establecen requisitos ni compromisos por parte de los deudores.
Los beneficiarios adquirieron esos créditos con el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade). Se trata de toda la cartera de deudores del “primer piso” que han sido financiados por fideicomisos anteriores que se fusionaran en dicho fondo.
Las deudas superan los ¢6.240 millones, según estimaciones del Sistema Banca para el Desarrollo, cuya rectoría presentó el proyecto a los diputados en mayo del año pasado. Esto equivale, según el dictamen del proyecto, a casi el 2% del patrimonio del Fonade y al 0,6% del SBD.
Algunos de estos deudores, incluso, posiblemente han recibido el beneficio de condonaciones que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa en años anteriores, reconoció Miguel Ángel Aguiar Bermúdez, director ejecutivo del SBD.
El proyecto también contempla la condonación a los productores del Programa Especial de Reactivación Productiva de la Actividad Cañera que se han beneficiado del SBD. Para ellos, se estableció la condición de haber estado en mora 90 días antes de marzo del 2020, cuando se declaró la emergencia nacional por la covid-19.
Aunque los diputados conocieron los nombres de los beneficiarios del Fonade, no recibieron información de los montos a condonar, ni las condiciones del deudor. Es decir, no saben si se trata de una persona o empresa que esté en mora o al día con los préstamos.
Aguiar indicó que esa información no podía trascender por asuntos de confidencialidad, pese a que la condonación se asume con recursos públicos.
En la lista de los beneficiarios, facilitada a La Nación por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Mario Castillo, se constata que se repiten números de cédula y nombres de deudores.
El director ejecutivo advirtió a los diputados que la lista no podía ser facilitada a terceros o para otros fines que no fuera el procedimiento legislativo.
La propuesta legislativa, a las puertas de votarse en plenario, fue avalada en la Comisión de Asuntos Agropecuarios en julio del 2020, con el dictamen afirmativo de los diputados Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Paola Valladares y Aida Montiel, de Liberación Nacional (PLN); Mario Castillo y Welmer Ramos, de Acción Ciudadana (PAC); Marolin Azofeifa y Carmen Chan, de Nueva República, y Melvin Núñez de Restauración Nacional.
La propuesta contó con el aval de las autoridades de Gobierno como de los ministerios de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y Agricultura y Ganadería (MAG).
Sin garantía
Ni los diputados en la propuesta legislativa ni el director ejecutivo del SBD garantizaron que los potenciales beneficiarios requieren de la condonación.
Aguiar Bermúdez no precisó si esas personas están o estuvieron en mora previo al planteamiento de la ley, pero se asume porque hay una afectación generalizada, según indicó.
Además reconoció que es posible que estas personas hayan sido condonadas en otras autorizaciones anteriores avaladas por los diputados.
El director ejecutivo del SBD, como impulsor de la medida, indicó que se trata de una condonación representativa, pero aseguró que la acción tiene un “mensaje claro” en apoyo a los pequeños productores. En la defensa del proyecto, comparó el beneficio con la amnistía tributaria que dieron los diputados a las personas y empresas durante los primeros meses de pandemia.
En entrevista con La Nación, Aguiar no profundizó sobre los argumentos para dejar el proyecto sin filtros, pero señaló que está en manos de los diputados.
Por su parte, el diputado Castillo indicó que confían en el SBD porque son quienes aportan los datos.
El diputado Jonathan Prendas, del Partido Nueva República, está impulsando una moción para que los productores tengan que comprobar, mediante documentación, la afectación por la pandemia. Sin embargo, señaló que algunos de sus compañeros se niegan a poner esos filtros.
Erwen Masís, diputado del PUSC, defendió el proyecto. “Es una herramienta financiera, extraordinaria, que responde a una situación también extraordinaria como el impacto de la covid-19 a la economía nacional”.
Agregó: “Desde el 2008, que se creó la Banca para el Desarrollo, se entregaron préstamos, en condiciones únicas a los productores afectados por condiciones climáticas como lo fueron Nate, Otto y otras plagas. El 97% de esa cartera se encuentra morosa. De los 2.700 casos, 2.300 son casos insolutos (lo que deben es menor al costo de un proceso judicial), por lo que tampoco se resolverán en la vía judicial. Los montos más altos corresponden a organizaciones sociales”.
Parámetros
Consultada sobre los alcances del proyecto, la Contraloría General de la República (CGR) recomendó incluir en la propuesta parámetros para el otorgamiento de la condonación.
En el criterio DFOE-EC-0651 de julio del 2020, la CGR señaló “la importancia de contar con parámetros mediante los cuales se justifique el otorgamiento de ese beneficio desde el punto de vista de afectación por la emergencia”.
En ese caso, mencionó métricas como la disminución de producción, ventas e ingresos producto de las restricciones sanitarias, entre otros.
Sin embargo, sus observaciones no fueron atendidas por los diputados y en el dictamen de la comisión legislativa, los legisladores argumentaron que “existe una situación generalizada de dichos productores” que aunado a la situación actual “muy probablemente” esas familias entren en situación de pobreza.
Por su parte, el Ministerio de Planificación (Mideplan) aunque no objetó el proyecto, recomendó que la condonación debería implicar compromisos paralelos en cuanto al mejoramiento de los esquemas productivos y de negocio de los beneficiarios.