El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José declaró, el pasado 6 de marzo, sobreseimiento definitivo para ocho cooperativistas investigados en el caso de los créditos del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop).
La Fiscalía concluyó que los dirigentes no cometieron delito alguno. En marzo del 2017, el Ministerio Público había efectuado 18 allanamientos y detuvo a seis de los investigados por supuesto peculado, el cual finalmente fue descartado. Las pesquisas comenzaron con una denuncia anónima.
Entre las personas sobreseídas se encuentra Freddy González Rojas, quien renunció en ese momento a su cargo como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) en mayo del 2017, con el objetivo de afrontar la demanda.
También quedaron absueltos Alfredo Rojas Durán, Eliécer Ureña Quirós, Álvaro Gómez Ferreto, Juan Carlos Jiménez Segura, Carlos Alberto Castro Ríos, Gerald Calderón Sánchez y Oscar Ávila Solé.
El sobreseimiento definitivo se dio por solicitud del Ministerio Público, luego de que las pesquisas realizadas demostraran que los imputados “a lo sumo, actuaron con descuido y falta de pericia en el manejo de los fondos públicos”.
“Nosotros estamos emocionados porque un grupo de compañeros tomamos la decisión de llevar esto hasta las últimas consecuencias y hemos salido victoriosos. Siempre expresamos nuestro desacuerdo con la sanción que nos impuso la Contraloría de suspendernos de la función pública”, aseveró González.
El líder cooperativo calificó la resolución como histórica, y recalcó que asumía con humildad su victoria en los juzgados.
Cuando las autoridades judiciales hicieron los allanamientos del 2017, presumía que los investigados se colocaron en puestos claves del Infocoop para manejar fondo de préstamos a cooperativas. Se les achacaba un mal cálculo de las tasas de interés por cobrar.
Análisis mal ejecutado indujo a error
El Ministerio Público analizó los estados contables del Infocoop entre enero del 2010 y diciembre del 2017, para revisar un total de 816 operaciones.
Las autoridades estimaron la diferencia entre los intereses recibidos por los créditos y los que se debieron percibir si hubiese existido una efectiva tutela y control de los fondos públicos. Así establecieron el nivel de afectación financiera para la Hacienda Pública.
Sin embargo, concluyeron que la existencia una afectación financiera no implica por sí sola que se haya cometido un delito.
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El Juzgado determinó que existió un error aritmético en los créditos, pero que esto comenzó en 2010 debido a un análisis mal ejecutado por personal técnico, incluso aunque existió apoyo de la Contraloría General de la República (CGR).
Según la Fiscalía, se aplicó una fórmula por años en la administración de Infocoop y la CGR se enteró del error en el año 2016.
Los miembros de la Junta Directiva de Infocoop no pudieron detectar esos errores, dado que no es un órgano técnico y no está integrado por profesionales en Economía, señaló la sentencia.
“Es poco viable reprochar a las personas investigadas las conductas dolosas. Ellas recibieron un visto bueno por parte de la CGR, entonces no era en ese punto exigible que los funcionarios del Infocoop y los miembros de la Junta Directiva adoptaran nuevos actos ante un problema, que al menos a la vista del ente contralor, ya había sido debidamente atendido por el instituto”, detalla la sentencia de la jueza Juliana Jiménez.
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Finalmente, el Juzgado consideró imposible demostrar que los imputados cometieron un delito conscientes de ello, sino que, al contrario, fueron inducidos al error.
“No es posible por parte del Ministerio Público sustentar que las decisiones adoptadas por la Junta Directiva, ni los criterios técnicos emitidos por Rojas Durán y Ureña Quirós, tuvieran un contenido encaminado a lesionar de alguna forma a la Hacienda Pública.
“Mientras, es plausible intuir que todos estos funcionarios actuaron, a lo sumo, con descuido y falta de pericia en el manejo de los fondos públicos y el reintegro de los créditos, pero carecían de un deseo orientado a perjudicar al Infocoop”, concluyó la sentencia de la causa número 223321218.
En declaraciones a este medio, González celebró el fallo del Juzgado, pese a que lo considera tardío, al darse seis años después de los allanamientos.
La primera presunción
Cuando efectuó los allanamientos, el Ministerio Público alegó que el grupo de dirigentes habría aplicado reformas irregulares de reglamentos y falsificado actas para controlar el otorgamiento de créditos.
La hipótesis planteaba que los imputados habían manipulado fondos que estaban destinados, originalmente, al movimiento cooperativo, y al contrario, se habían destinado a favorecer a personas y organizaciones afines, así como cooperativas con problemas de morosidad.
No obstante, los hechos fueron descartados luego de la investigación.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción incluso habló de pérdidas de hasta ¢9.000 millones al Infocoop, las cuales tampoco se comprobaron.