El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Freddy González, renunció este lunes a su cargo, 48 días después de que el Ministerio Público lo detuviera achacándole ser el cabecilla de una "red criminal" que manipulaba créditos del Infocoop.
Según González, decidió renunciar a su cargo en el Conacoop por recomendación de sus abogados y por razones familiares.
El Tribunal Penal de Hacienda había rechazado la prisión preventiva que la Fiscalía solicitó para Freddy González, al considerar que no se aportaron pruebas suficientes. Sin embargo, sí lo suspendió del puesto durante tres meses. También, debe firmar cada 15 días en un despacho judicial y no salir del país.
El cooperativista aseguró que no ha recibido presiones para renunciar a su cargo, sino que prefiere enfocarse en su defensa y en su familia. Descansará durante un mes para, más adelante, dedicarse a sus negocios en turismo y a consultorías dentro y fuera del país.
Sostiene que "hay un montaje" en su contra y que la Fiscalía fue engañada por testigos sin pruebas.
También, descartó que su decisión se diera por la retención de su salario, cuyo destino final no se decidirá hasta que finalice el proceso en su contra.
Los directivos del Consejo habían decidido retener su salario base, de ¢7,8 millones mensuales (incluyendo pluses), hasta que finalice la investigación en su contra.
González también debió separarse de la campaña del entonces precandidato de Liberación Nacional Antonio Álvarez, en donde colaboraba con el movimiento cooperativista.
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El pasado 28 de marzo, el líder cooperativista fue detenido y luego puesto en libertad por el Juzgado Penal de Hacienda, junto a otros cinco sospechosos de integrar una red que habría generado pérdidas por ¢9.000 millones al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Los otros implicados por este caso son Rómulo León Mora, Rosyrenen Rodríguez Rodríguez, Álvaro Gómez Ferrero, Milton Siles Zúñiga y Alfredo Rojas Durán.
A ellos, el Ministerio Público les atribuye los delitos de malversación de fondos, peculado, influencia contra la Hacienda Pública, enriquecimiento ilícito y cohecho.
La Fiscalía ha intentado en dos ocasiones encarcelar preventivamente a González, pero dos jueces han rechazado la petición por falta de pruebas.
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