El País

OIJ señala 100 dádivas de constructores a 36 funcionarios del Conavi y MOPT

Dos gerentes del Consejo figuran en expediente de Caso Cochinilla como los que más sobornos habrían recibido; agentes cuantificaron pagos por, al menos, ¢62 millones y reportan un salario oculto de $5.000 mensuales; además, se entregaban almuerzos, licores, paseos y hasta una máquina para hacer ejercicio

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descubrió que 36 funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) habrían recibido al menos 100 dádivas entre noviembre del 2019 y julio del 2020.

A lo largo de esos 21 meses, los aparentes sobornos fueron otorgados por 33 personeros de empresas constructoras y firmas de inspección de proyectos viales, a cambio de que se les pagaran facturas de forma expedita, o bien, obtener ventajas como la exclusión de firmas competidoras en licitaciones de obra pública.

También, pretendían que se encubrieran errores en la construcción de obras viales, que se les facilitara información confidencial y que se inyectaran más recursos económicos a proyectos que estaban a su cargo.

Las transacciones de dinero que los agentes judiciales lograron cuantificar suman ¢62,4 millones, pero ese monto podría ser mucho mayor, pues en la mayoría de los casos se desconoce la cuantía exacta de las coimas.

Además, muchas de las aparentes dádivas fueron en especie; eran muy frecuentes los regalos de botellas de todo tipo de licor (whisky, tequila, ron y crema irlandesa), así como desayunos y almuerzos en diversos restaurantes de San José.

Incluso, las empresas financiaron una fiesta privada para los empleados del Conavi, le cancelaron una deuda con el fisco a una gerente del Conavi y regalaron una máquina para hacer ejercicios y paseos a la playa y la zona norte del país.

En un caso, el del exgerente financiero del Conavi, Carlos Solís Murillo, de 60 años, la investigación del OIJ también habla del pago de “servicios sexuales”.

Toda esta información consta en el expediente judicial del Caso Cochinilla, el cual vincula a empresarios de la construcción con el pago de sobornos a empleados públicos a cambio de favores relacionados con contratos de obras viales.

En una de las conversaciones telefónicas que intervino el OIJ a uno de los investigados, también se descubrió que Carlos Solís Murillo recibía cada mes $5.000 (unos ¢3 millones) de parte de la empresa MECO, un monto similar al salario que percibía como gerente financiero del Conavi.

Un sueldo por esa suma equivaldría a ¢37,2 millones anuales.

No obstante, en el expediente 19-000025-1218-PE, no se detalla durante cuánto tiempo Solís Murillo habría recibido esa remuneración adicional.

Según ese documento, en algunos casos, los sobornos presuntamente los enviaban los presidentes o colaboradores de numerosas empresas, como las constructoras MECO, H. Solís, Hermanos Bustamante, FFC, Montedes, Santa Elena de Poás y El Guarco, así como de las compañías supervisoras Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc) y Cacisa; el laboratorio de calidad LGC y otros proveedores como Puentes y Calzadas, Also Frutales, El Almendro e Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP).

No obstante, en la mayoría de las ocasiones, los empresarios utilizaban como intermediario a Ángel Tobías Arce Alpízar, quien empleaba facturas falsas para hacer pasar los pagos ilegales como gastos por servicios profesionales. La empresa Meco, por ejemplo, usaba esas facturas para luego cobrárselas al Estado.

Un análisis de La Nación, elaborado a partir del expediente judicial, concluyó que el funcionario público que más dádivas habría recibido es el exgerente financiero del Conavi, Carlos Solís Murillo, a quien le habrían entregado o prometido regalos de distinta naturaleza en al menos 43 ocasiones.

El informe del Caso Cochinilla señala sobre Solís Murillo que “ha demostrado hasta el momento, ser una persona altamente manipulable ante las motivaciones sexuales y etílicas que se le presentan”.

Durante los 21 meses del estudio, otros tres funcionarios del Conavi también se habrían beneficiado con sobornos en más de diez ocasiones.

Se trata de la entonces secretaria de Solís Murillo, Marcela Monge Hernández; del delegado de firmas del departamento de Conservación de Vías y Puentes, Hugo Zúñiga Fallas; y de la gerente de Proveeduría, Carmen Madrigal Rímola.

Consulte en este link la lista de dádivas identificadas por el OIJ, la cual fue elaborada por un equipo de La Nación, a partir del expediente judicial del Caso Cochinilla.

43 aparentes dádivas a gerente financiero del Conavi

Con la finalidad de que el Departamento Financiero del Conavi les diera un trato “preferencial y expedito” a las facturas que tenían en cobro, múltiples empresas habrían dado en, al menos 43 ocasiones, dádivas a Carlos Solís Murillo, quien se pensionó en mayo del 2020 como gerente de esa dependencia.

Por ejemplo, en los primeros registros de intervenciones telefónicas, el OIJ detectó que a finales de noviembre del 2019, personeros de las empresas MECO, Cacisa, Also Frutales, Constructora Hermanos Bustamante, Diccoc y FCC le prometieron por separado al ahora exgerente dinero y regalos en especie.

El reporte de escuchas incluso indica que, en apariencia, le dieron 70 kilos de carnes (res, cerdo, pollo, chorizo y salchichón) y 50 paquetes de tortillas, 10 botellas de licor (whisky, ron y tequila) y decenas de cervezas, para una fiesta de empleados del Conavi.

Además, según el informe, le prometieron ¢1,2 millones para pagar los gastos de la celebración, incluyendo el alquiler de un toro mecánico.

Conforme al expediente, funcionarios de MECO, con la intermediación de Tobías Arce, también le habrían dado de manera constante a Solís Murillo “licores, pago de almuerzos costosos, pago de servicios sexuales, patrocinio para la fiesta y mensualidades en efectivo”.

A cambio, señala el informe, los empresarios pretendían que el entonces gerente acelerara la ejecución de un presupuesto extraordinario, el cual incluía ¢200 millones que aseguraban la continuidad de los trabajos que MECO tenía en curso.

Los hallazgos de la Fiscalía y del OIJ indican que esta compañía, presuntamente, fue la que más dádivas ofreció y entregó, principalmente, por medio de dos de sus gerentes, Abel González Carballo y Alejandro Bolaños Salazar.

La investigación también menciona como emisores de las dádivas a Carlos Cerdas Araya, presidente de la firma, así como a Tobías Arce, quien cumplía un papel de intermediario.

En otras ocasiones, los sobornos tenían como fin apartar a la competencia de MECO en los proyectos que el Estado sacaba a concurso.

Por ejemplo, indica el documento, en marzo del 2020, Solís Murillo habría aceptado un almuerzo a cambio de usar su posición para apartar a la empresa Pedregal de la adjudicación de la reparación de la vía a Nosara, en Guanacaste.

Y entre el 20 y el 21 de febrero del año pasado, Meco accedió a que Tobías Arce y un representante de la empresa Diccoc pagaran los gastos del viaje que Carlos Solís, su secretaria y la proveedora del Conavi, Madrigal Rímola, realizaron a Puerto Viejo, a cambio de que la institución agilizara los trámites que la empresa tenía en proceso.

En abril del 2020, la gerente Madrigal Rímola también habría aceptado el pago de los servicios profesionales de un abogado, la cancelación de una deuda con el Ministerio de Hacienda y dinero en efectivo a cambio de darle un trámite expedito a la formalización de contratos de obra pública, a favor de Constructora Herrera.

La Nación contactó a los abogados Erick Ramos y Fernando Apuy, defensores de los investigados de MECO y de Carlos Solís Murillo, respectivamente, para solicitarles una declaración sobre los hallazgos de la investigación. Sin embargo, al cierre de este artículo, solo Apuy había remitido una respuesta.

Textualmente aseguró: “Hasta este momento, el Ministerio Público no ha demostrado ninguna dádiva recibida por don Carlos Solís, ya que las pruebas sobre sus afirmaciones no las han presentado. El informe del OIJ que leyeron, como solicitud de prisiones preventivas, es comprensivo de hechos, aún sin comprobación de la recepción de dádivas”.

Los que más dieron

En cuanto a las personas que aparentemente entregaron dádivas a funcionarios, el que más veces aparece mencionado en el expediente del caso Cochinilla es Abel González Carballo, gerente de Operaciones de MECO, en 41 ocasiones.

Le sigue su compañero de trabajo Alejandro Bolaños Salazar, gerente comercial de esa constructora, con 26 presuntos sobornos.

Después, aparecen con 10 presuntas dádivas cada uno: Mélida Solís, dueña de H Solís; y Tobías Arce, aparente intermediario entre diversas empresas y funcionarios del Conavi y MOPT.

En quinto lugar figura William Herrera, dueño de Constructora Herrera, con siete aparentes sobornos.

H Solís solicitó modificación de presupuestos

En julio del 2020, en una conversación telefónica, Juan Carlos Abarca Quesada, gerente operativo de la empresa Also Frutales, le dijo a Mélida Solís Vargas, dueña de H. Solís, que MECO le pagaba un salario mensual de $5.000 (unos ¢3 millones) al entonces gerente financiero de Conavi, Carlos Solís Murillo.

Tanto Abarca Quesada como Solís Vargas figuran en el expediente judicial del Caso Cochinilla entre quienes aparentemente le dieron dádivas a Solís Murillo. En el informe, se citan dos pagos de ¢1,2 millones y ¢1,8 millones para que el entonces gerente de Conavi modificara los presupuestos a favor de H Solís.

Además, en abril del año pasado, Mélida Solís le habría prometido a Solís Murillo darle prioridad a la contratación de un sobrino suyo en la compañía, a cambio de que el Consejo le diera un trato preferencial a las facturas que la empresa tenía al cobro.

Consultado al respecto, Erick Gatgens, abogado de la investigada, cuestionó que la Fiscalía presuma que su representada entregó los sobornos a cambio de la agilización de pagos.

Gatgens señaló que el sábado pasado, durante la audiencia preliminar del caso donde se discute el establecimiento de medidas cautelares contra los sospechosos, presentó pruebas que acreditan que las facturas de H Solís se pagaron con mayor demora de la usual.

Trabajo para suegro en constructora

Las intervenciones telefónicas del OIJ —y sus respectivas transcripciones en el expediente judicial— también revelaron cómo el ahora exgerente financiero del Conavi, Carlos Solís Murillo, amenazó a uno de los gerentes de MECO, Abel González Carballo, para que recontratara a su suegro o de lo contrario, “todos los favores que él les hace en el Conavi se van a acabar”.

En específico, según el expediente, Solís Murillo solicitó trabajo para un hombre de apellidos Brenes Valerín, quien vive en Limón y es el papá de una de las parejas sentimentales del ahora exjerarca del Conavi.

“Si no me mete al suegro a trabajar, por lo menos a esa zona (Limón), no vaya usted jamás a pretender que le suba el presupuesto”, se consigna que Solís Murillo dijo en una de las conversaciones telefónicas.

Ante lo que González Carballo respondió: “Ya lo vuelvo a meter entonces, para que me apruebe la modificación que estamos ofertando, ya, ya lo meto”.

Brenes Valerín no sería el único familiar de los investigados que labora en alguna empresas constructora.

En la investigación se consigna que la hijastra de José Manuel Rojas Monge, director financiero del Conavi labora para H Solís; que el hijo de Hugo Zúñiga Fallas, delegado de Firmas de la Gerencia de Conservación del Conavi, trabaja para LGC Ingeniería de Pavimentos S. A.; y que el hijo de Carlos Solís Murillo está en MECO.

“Es importante hacer alusión a esta metodología de contratación por parte de los empresarios. Pareciera ser una estrategia planificada e intencionada, en la cual los empresarios sacan provecho múltiple de la situación”, reza el expediente judicial.

Efectivo, caminadoras, paseos y más

El expediente del Caso Cochinilla también da cuenta de múltiples otras dádivas que, en apariencia, recibieron otros funcionarios, principalmente del Conavi, pero también del MOPT, de la Policía de Tránsito y de laboratorios verificadores de calidad.

Estas son algunas de las transacciones que, según el informe judicial, se habrían realizado:

-En una fecha desconocida, varios funcionarios aceptaron ¢37,2 millones de las empresas MECO e ITP, a cambio de ocultar defectos constructivos de obras efectuadas en Nicoya, Guápiles y San Carlos.

-El 9 de enero del 2020, dos policías de Tránsito aceptaron ¢60.000 de un gerente de MECO, a cambio de no hacerle una multa por adelantar de forma indebida mientras transitaba por la carretera entre San José y San Ramón.

-El 6 de mayo del 2020, un funcionario del Conavi, de apellido Fallas, y otro del MOPT, de apellido Rodríguez, habrían aceptado ¢850.000 para simular actos administrativos, con el fin de generar la necesidad de realizar trabajos en asfalto en Guápiles, en beneficio de MECO.

-En enero del 2020, un laboratorista de la empresa Cacisa habría aceptado ¢200.000 de dos funcionarios de MECO, a cambio de manipular muestras de mezclas de transición que no cumplían con especificaciones cartelarias.

-En noviembre del 2019, los gerentes Solís y Madrigal, junto a otros tres funcionarios del Conavi, aceptaron el pago de ¢140.000 en gastos de consumo en el bar La Bamba, a cambio de dar un trato preferencial a MECO en sus departamentos.

-En febrero del 2020, los gerentes Solís y Madrigal, junto a la secretaria Monge, aceptaron que la empresa MECO les transportara en un camión la mercancía que ellos compraron en Panamá, durante un viaje a Limón.

-En abril del 2020, la gerenta Madrigal y la secretaria Monge aceptaron el pago de los gastos que realizaron durante un paseo a San Carlos, a cambio de darle un trámite expedito a las facturas de la Constructora Herrera.

-En junio del 2020, una abogada de la Unidad Ejecutora del Conavi, de apellidos Chaves Mora, habría aceptado una máquina caminadora, a cambio de “interesarse indebidamente” en los trámites que MECO realizaba en la ejecución del proyecto del puente Binacional, en Sixaola.

-En abril del 2020, el gerente Solís Murillo habría aceptado del pago de un almuerzo en el restaurante Lukas, en el Centro Comercial El Pueblo, a cambio de darle un trato preferencial y expedito a las facturas de la empresa MECO que en ese momento se encontraban a cobro en el Departamento Financiero del Conavi.

Sofía Chinchilla Cerdas

Sofía Chinchilla Cerdas

Periodista en la sección de Política. Graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo, en la Universidad de Costa Rica.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de la Unidad de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Recibió el premio de La Nación como “Redactora del año” en el 2016.