Los abogados defensores, Juan Marco Rivero y Rodrigo Araya confirmaron la prórroga, pues las 96 horas establecidas originalmente no dieron abasto para que la Fiscalía y más de 20 defensores expusieran sus argumentos sobre el Caso Cochinilla, que comenzó el lunes pasado con 57 allanamientos simultáneos.

La acción policial donde se detuvo a los 30 sospechosos, surgió luego de investigaciones donde se detectó la presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la cual generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y parte del 2020.

Basada en el artículo 258 del Código Procesal Penal, referido a la prórroga de la prisión preventiva, la jueza Lizano informó que “se dispone ampliar la prisión preventiva de los imputados señalados dentro de la causa penal 19-000025-1218-PE, por el plazo estrictamente necesario”.

El recurso de prisión preventiva instrumental que comunicó la jueza pretende que todos los abogados tengan derecho a exponer los argumentos de la defensa técnica y material de sus clientes, como lo dispone la ley.

Erick Gatgens, abogado de las empresarias de H Solís, Mélida y Sonia Solís (ambas detenidas), calificó esa resolución como arbitraria y errónea.

“Se ha utilizado por la Sala Constitucional para procesos donde ya se ha dictado previamente la prisión preventiva, lo cual no sucede en el presente caso, y además no fija un plazo, lo cual también es arbitrario”, indicó Gatgens.

Este sábado se retomó la audiencia desde las 8:30 a. m. y el primero en exponer fue el abogado Erick Ramos, defensor de los empresarios de MECO, quien ocupó casi toda la mañana.

De acuerdo con Juan Marco Rivero, defensor de personeros de la constructora H Solís, en promedio cada abogado ocupará dos horas y a las 3 p. m. todavía faltaban 13 abogados en hacer uso de la palabra.

Fernando Apuy, abogado de Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Conavi, manifestó que la audiencia continuará este domingo y probablemente siga la otra semana.

“Porque las diferentes defensas continuamos exponiendo y se han venido confrontando los planteamientos del Ministerio Público, debilitándose la tesis de la Fiscalía. Cada vez queda más claro que hubo imprudencia del Ministerio Público al haber procedido con los allanamientos y las detenciones”, declaró.

A lo largo de estos primeros cinco días, el debate ha tenido algunos atrasos, a veces por el traslado de tantos detenidos desde celdas y en ocasiones porque el equipo técnico para videoconferencias presenta dificultades.

Dos ya abandonaron las celdas

Dos de los 30 imputados en este caso ya quedaron exonerados de la prisión preventiva, luego de que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazara las medidas cautelares solicitadas contra ellos por la Fiscalía.

Se trata de Juan Carlos Abarca Quesada, gerente operativo de la empresa constructora Also Frutales y de Luis Alberto Ureña Villalobos, funcionario de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

La Fiscalía Anticorrupción confirmó que a ellos dos se les hizo una audiencia aparte porque sus abogados defensores no pudieron presentarse en el momento en que se indagó al resto de detenidos, cuya audiencia comenzó el martes pasado a la 1 p. m.

Por lo anterior, la audiencia de Abarca y Ureña permitió al Juzgado conocer la argumentación del Ministerio Público y la de sus defensores y tomar la resolución que ya fue comunicada a las partes.

Contra Abarca, la Fiscalía había pedido un año de prisión preventiva; sin embargo, según la resolución firmada por el juez penal Félix Calderón Ruiz, el empresario en lugar de cárcel deberá mantener el domicilio fijo señalado en la indagatoria y firmar una vez por semana en la Fiscalía de Turno Extraordinario del Segundo Circuito Judicial de San José.

Esa autoridad fiscal fue comisionada por el juez para recibir tales firmas, debiendo plasmarse la primera este domingo 20 de junio, antes del mediodía y el resto consecutivamente a lo largo de un año.

Según lo dispuesto por el juzgador, Abarca debió proceder con la entrega inmediata del pasaporte, “su libertad no se ejecutará hasta la entrega del mismo”, dice el documento.

Juan Carlos Abarca también deberá abstenerse de realizar cualquier tipo de trámite personal o por cualquier medio ante el Conavi y no podrá comunicarse por cualquier medio con los coimputados de este proceso que sean funcionarios de dicho órgano.

En relación con el funcionario público del Minae, Luis Alberto Ureña, el juez Félix Calderón dispuso rechazar la solicitud de medidas cautelares y ordenó su inmediata libertad.

Topógrafo sin medidas

Contra Ureña la Fiscalía había pedido un año de suspensión del puesto sin goce de salario, no acercarse a los testigos a menos de 500 metros, firmar una vez al mes y prohibición de salir del país sin autorización, las cuales fueron rechazadas.

Ese funcionario público se desempeña como topógrafo de la Dirección de Geología y Minas en el Departamento de Control Minero, ocupando la plaza de Técnico de Servicio Civil 3, con especialidad en Protección Ambiental y Manejo de Áreas de Conservación.

Entre sus funciones están ubicar en el catastro minero las solicitudes de reserva de área, los permisos de exploración y las concesiones mineras otorgadas.

La investigación en la que lo involucra la Fiscalía de Anticorrupción sigue adelante, pero por ahora él permanecerá libre, al igual que otros 19 investigados que no fueron detenidos pero que están asociados con esta misma causa cuya investigación sigue adelante.

De hecho, Ureña es uno de los sujetos a los que se les levantó el secreto bancario en un periodo entre el 2019 y abril de este año, para determinar si existen movimientos atípicos en sus finanzas.

Por su parte , las cuentas de Juan Carlos Abarca también serán revisadas a cabalidad por parte de las autoridades en un periodo que va del 1.° de enero del 2015 a abril del 2021.

Colaboraron la periodista Sofía Chinchilla y el fotoperiodista Rafael Pacheco.