El levantamiento del secreto bancario contra personas físicas y jurídicas permitirá a la Fiscalía fundamentar sus hipótesis por supuesta corrupción en procesos de contratación y ejecución de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El levantamiento del secreto bancario y tributario autorizado por el juez penal José Pablo León, contempla las cuentas de esas 30 personas y de otras cinco, así como de 17 empresas jurídicas relacionadas, entre ellas, las constructoras MECO, H Solís, la firma Also Frutales S. A. y otras como Kato Transportes S. A. y Trac Pesados T P y la firma española Visever.
La detención surgió luego de que una investigación del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Anticorrupción detectó la presunta malversación de fondos en el Conavi, la cual habría generado un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y parte del 2020.
Las capturas se realizaron el lunes 14 de junio en 57 allanamientos en diferentes instituciones públicas y empresas privadas.
La fiscala Johanna Rodríguez solicitó ese levantamiento al considerar indispensable explorar las cuentas de esas personas físicas y jurídicas en casos de tramitación compleja, como este, acudiendo a lo que dispone la Ley contra la Delincuencia Organizada (N.° 8754).
Los movimientos bancarios de los acusados resultarían determinantes para confirmar o descartar las presuntas dádivas, manipulación de información y transacciones financieras en perjuicio del deber de probidad y de la hacienda pública.
El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública aceptó la petición fiscal y permite así el levantamiento del secreto bancario y tributario solicitado por la Fiscalía entre los años 2015 y 2020 para alimentar la investigación.
Lo anterior, luego de que la Policía Judicial concluyó que con esas diligencias se podría probar el pago de favores a funcionarios públicos para obtener beneficios en la contratación de obras viales.
Indagarán hasta premios de lotería
Las pericias llevarán a indagar los movimientos históricos de cuentas bancarias durante cinco años en 84 entidades financieras, como cooperativas, mutuales y bancos públicos y privados. También en operadoras de pensiones y en puestos de bolsa, entre otros.
De igual manera, se auscultarán datos sobre las empresas y personas investigadas en entidades gubernamentales, como el Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La Fiscalía también corroborará con la Junta de Protección Social (JPS) si alguno de ellos ha ganado algún premio grande de lotería, como para justificar el incremento en su nivel de vida.
También se investigará en entidades no gubernamentales como la Fundación Costa Rica Canadá, para ver si el exdirector del Conavi, Mario Rodríguez Vargas, ocupó cargos directivos en esa entidad y los pagos que habría recibido por dietas o salario.
Así las cosas, se tendrán detalles de los movimientos bancarios, las cuentas de origen y cuentas destino de las transferencias realizadas.
También se investigarán las tarjetas de cada cuenta, los números y los créditos y débitos realizados, así como transferencias internacionales efectuadas con ellas.
Las instituciones como el INS, la CCSS y los ministerios, deberán entregar planillas, productos financieros, comprobantes de pagos y movimientos de cuentas para los periodos solicitados.
Como el informe policial indica la posible evasión fiscal de empresas constructoras como MECO, se pidió a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda las declaraciones tributarias y demás informes referidos a ese tema.
Ahora viene el proceso judicial donde se determinará si, a partir de estas pruebas, los imputados y las empresas vinculadas han tenido cambios radicales en su condición económica, que puedan explicarse a partir de dádivas que hayan incidido en la compra de bienes o en ocultar transacciones financieras para adquirirlos.
Entre los delitos que se investigan están tráfico de influencias, estafa, cohecho, peculado, malversación de fondos, asociación ilícita y falsedad ideológica.
