Protección de sus territorios, autonomía y desarrollo social y económico forman parte de la lista de peticiones que los indígenas costarricenses han llevado a la mesa de diálogo con el Gobierno en enero de este año.
La representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica, Yoriko Yosukawa conversó con La Nación sobre la desigualdad que viven los pueblos indígenas y las acciones que desarrolla el Gobierno para frenar la brecha social existente.
¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que, en 20 años, ningún gobierno ha logrado aprobar una ley de autonomía para los pueblos indígenas?
Creo que los indígenas tienen razón en reclamar que no se haya tomado acción con el actual proyecto de ley. Lo que varios dirigentes indígenas me han dicho es que quieren “un sí o un no”, pero que actúen y tomen alguna decisión.
”Es importante mencionar que hay una mesa de diálogo entre el Gobierno actual y los indígenas; en ella se discuten los términos de ese proyecto de ley”.
En esa mesa de diálogo, de la que usted forma parte, ¿cuáles son las necesidades que menciona el indígena costarricense?
Las necesidades se han planteado en torno a cinco ejes: protección de sus territorios y recuperación de tierras que están en manos de los no indígenas. Otro es el asunto de la autonomía; tercero, el desarrollo social y económico; cuarto, la gobernabilidad y la representación de los territorios indígenas; por último, el derecho a que se les consulte antes de aplicar cualquier medida que afecte sus derechos.
Sobre el desarrollo social y económico, las cifras revelan que la mejoría para estas comunidades es aún muy limitada...
Sí hay mejorías, pero, efectivamente, los indígenas sufren un serio rezago y una desigualdad importantes en derechos y desarrollo. Están rezagados en derechos básicos, como el acceso a la educación, la tecnología y al trabajo. Según el Censo del 2011, puede verse cómo su acceso a la tecnología es la mitad del que tiene el resto de la población costarricense.
”Hay esfuerzos, como la reforma al subsistema de educación para las comunidades indígenas, pero es necesario hacer un esfuerzo extraordinario para superar esta brecha”.
La lectura del Censo del 2011, ¿refleja un olvido de la clase política hacia los indígenas?
Es una acumulación de varios años. Es el resultado de un enfoque de desarrollo que ha dejado al margen a los pueblos indígenas, no solo en Costa Rica, sino en toda la región; pero eso está cambiando, y hay esfuerzos importantes emprendidos por autoridades de gobierno y pueblos indígenas.
Si bien hay un reconocimiento de derechos sobre el papel, ¿sigue siendo la discriminación un límite para el desarrollo?
Sí; yo creo que la discriminación es todavía un problema serio que hay que superar. En Costa Rica hace falta una conciencia plena de que somos una sociedad diversa. Los indígenas tienen derecho a su propia cultura, y esto debe incorporarse en la educación y en el liderazgo político. Reconocer sus derechos no es un favor, sino un proceso que valore sus aportes culturales, económicos e intelectuales. Debe hacerse un proyecto de país que celebre la diversidad como riqueza.
Cuando habla de liderazgo político, ¿qué factores son los que frenan la participación del indígena en política?
Es la misma discriminación que proviene del desconocimiento; y no es que se la aplique solo a los indígenas, sino a cualquier sector de la población o grupo de personas que sufran prejuicios históricos.
”La idea de que son personas menos desarrolladas o con menor capacidad, debe desaparecer. Este es un tema en el que la mesa de diálogo trabaja”.
En Centroamérica, los indígenas han denunciado la apropiación de sus territorios por parte de transnacionales. ¿Qué abordaje merecen esas denuncias?
En el ámbito regional, este tipo de casos ha generado conflictos violentos entre los indígenas y algunas empresas. Una de las cosas importantes que hay que impulsar es reconocer el derecho a la consulta de los pueblos indígenas: que haya asesoramiento técnico para ellos y que no se tomen decisiones sin consultarles.
En Alto Telire de Talamanca, la droga es un problema evidente. ¿Han faltado acciones del Gobierno para atender esta situación?
Hemos escuchado de esa preocupación, y no es un problema solo de Costa Rica. Es necesario ver cómo se fortalecen medidas de seguridad y protección para los pueblos indígenas que viven en zonas rurales y alejadas. Entendemos que no es un asunto de fácil solución.
”El Estado no necesariamente cuenta con todos los recursos humanos, y necesita quizás una inversión pública adicional”.
Los indígenas critican que los políticos solo los ven como futuros votantes. ¿Concuerda con el reclamo de que los Gobiernos no llevan su discurso al hecho?
Sí, hay una brecha, pero tampoco diría que no se ha hecho nada. En este momento hay un esfuerzo importante en la mesa de diálogo por esclarecer la situación de tenencia territorial. He visto un compromiso genuino de querer aplicar soluciones mediante el diálogo.
¿Cada cuánto tiempo se reúne la mesa de diálogo?
Una vez al mes. Comenzó en enero de este año.
En este proceso de intercambio, ¿qué ha aprendido usted de las comunidades indígenas?
Algo que yo he descubierto es el valor de la colectividad. Los dirigentes no toman decisiones sin consultar a sus comunidades.
”Otra cosa que me impresiona es el ambiente de respeto y civilidad para negociar que hay en la mesa de diálogo”.
¿Qué ventajas puede traer la reciente reforma al subsistema de educación indígena?
Este es un esquema de participación de las comunidades en la gestión educativa. Esa participación ayudará a fortalecer el contenido para incorporar elementos de su cultura tradicional.
En educación superior, ellos demandan más oportunidades; que se les dé un trato diferente en la admisión, por ejemplo. ¿Debe hacerse esa diferencia?
El acceso a la educación superior debe ser por mérito, pero también es verdad que los pueblos indígenas sufren varios obstáculos en la educación y vienen acumulando desventajas.
La campaña electoral está a la vuelta de la esquina y ningún candidato ha hecho referencia pública a los indígenas. ¿Cuál debería ser un asunto prioritario?
Creo que los cinco temas que se han planteado en la mesa deben ser prioridad. El tema de desarrollo social y económico es urgente para superar el rezago y que se dediquen recursos.