La Junta de Protección Social (JPS) afirmó que empresas que aprovechan el Mundial de Fútbol para promover quinielas, apuestas, pronósticos y similares basados en actividades deportivas contravienen la ley.
Marcela Sánchez, asesora Legal de la JPS, explicó que quienes realicen algún tipo de apuestas deportivas y que sean recompensadas estarían infringiendo la ley.
Se refiere a una apuesta deportiva como una actividad de predicción de resultados, en la que se participa con el fin de obtener un premio.
De acuerdo con la normativa, la Junta de Protección Social es la única institución que tiene a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas.
Asimismo, la Junta está autorizada para realizar apuestas deportivas, loterías preimpresas o electrónicas, videoloterías y cualquier otro juego en el que medie el azar para ganar. La disposición no afecta las normas que en forma específica regulan la actividad de casinos, el juego Crea y el Bingo de la Cruz Roja. Así lo establece la Ley número 8718.
"Cualquier evento o juego en el cual se pronostiquen los resultados de eventos deportivos está vedado a particulares, sean personas físicas o jurídicas, y cualquier acción en ese sentido se torna ilegal", advirtió Sánchez ante consulta de La Nación.
La asesora legal señaló que la Junta ya identificó al menos tres casos que se encuentran en estudio. "A partir de hoy es que inicia el desarrollo de este tipo de actividades. Estamos en una fase de investigación. Sí hay tres casos que estamos estudiando que contravienen de alguna manera esta normativa", explicó.
Sánchez no suministró los nombres de las empresas o las personas a quienes investigan, "para no entorpecer el proceso que se sigue".
"En razón de que la investigación, recolección de datos y pruebas no ha finalizado, no es posible brindar el nombre de las empresas o personas investigadas", acotó.
Sobre las posibles sanciones para los infractores, la abogada dijo que eso le corresponderá definirlo a los Tribunales, ya que la JPS no cuenta con la facultad de sancionar de manera directa, pero sí con la obligación de denunciar.