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Los equipos de la refinería de Moín, en Limón, muestran los signos del abandono y el paso del tiempo. Dichas instalaciones, construidas en 1967, fueron cerradas en el 2011, luego de una serie de fallidos intentos para acondicionarlas a las nuevas normas de calidad y reducir los costos de producción. Foto: Cortesía Recope
Inaugurado en 1967, y fuera de funcionamiento hace 11 años, el plantel de Recope que alguna vez refinó crudo en Moín, Limón, hoy está convertido en bodega de 320 toneladas de chatarra.
Sobre 13.500 metros cuadrados quedaron bombas, torres para tratamiento de crudo, destilados y otros procesos. También hay equipos especiales de refinación como un aeroenfriador, una centrífuga decantadora, compresores, diques, extractores, filtros, hornos, intercambiadores de calor, motores y paneles de control. Al listado de inservibles se suman reactores, recipientes, reductores, sistema de tuberías, tanques, turbinas y válvulas.
Con la intención de recuperar lo que se pueda, autoridades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunciaron en junio que todo ese equipamiento sería desarmado.
La limpieza también es necesaria en vista del riesgo que la abandonada planta representa para otras instalaciones aledañas (incluidos tanques de almacenamiento para combustibles importados), así como para el proceso de descarga y trasiego de los hidrocarburos que llegan a Moín, indicó Juan Manuel Quesada, presidente de la entidad.
“Nuestros objetivo es rescatar todas las piezas que en este momento sean parte de la vieja refinería y que aún se les puede sacar algún uso en nuestros procesos o para venta. El objetivo es impedir un mayor deterioro para poder disponer de ellas de la mejor forma en otros procesos de la empresa”, aseveró.
La orden equivale al acta de defunción de una quimera energética que, si bien contribuyó en la vida del país por unos años, con el tiempo generó más problemas que soluciones y cuantiosas pérdidas.
Por un dólar
¿Pero cómo llegó Costa Rica a tener una refinería? La actividad comenzó en manos privadas y luego pasó a las esferas estatales en una verdadera ganga.
La historia comenzó a gestarse el 24 de noviembre de 1962, en el gobierno de Francisco J. Orlich (1962-1966), cuando se suscribió un contrato con la empresa Allied Chemical Corporation de Texas (EE. UU.), mediante el cual se inscribió una sociedad anónima de capital mixto para construir una refinería que luego pasaría al Estado.
El 28 de junio de 1963, la Asamblea Legislativa aprobó el contrato a favor de Recope S. A. con lo cual se inauguró la era de la refinación y producción de combustibles en Costa Rica.
La construcción de la planta capaz de refinar hasta 8.000 barriles diarios de crudo concluyó en 1967 y ese año arrancó la instalación de la primera línea del poliducto y la construcción del plantel de Recope en El Alto de Ochomogo, en Cartago.
El petróleo se traía desde Venezuela y México, y el Estado costarricense tenía 15% del capital accionario de la nueva empresa. Todo parecía ir bien hasta que Allied Chemical Corporation perdió interés en el negocio de la refinación unos años después.
“En esa época, empresas como Allied incursionaron en el negocio de las petroleras tanto en Costa Rica como en el mundo. La industria petrolera es química y Allied podía dar fácilmente el salto a la refinación sin hacer exploración y producción del crudo. Lo que pasó es que no resultó tan buen negocio y perdieron interés”, recordó Roberto Dobles Mora, presidente de Recope de 1982 a 1990 y exministro de Ambiente y Energía (Minae) del 2006 al 2011.
Para Dobles, ese desinterés quedó plasmado en las estupendas condiciones en las que el Estado nacionalizó Recope el 14 de abril de 1974 mediante la Ley 5508 y durante el segundo mandato de José María Figueres Ferrer (1970-1974). Hasta entonces, toda la importación de derivados y de petróleo la controlaban empresas privadas extranjeras.
Según esa ley, Allied Chemical cedió por el simbólico precio de $1 las 19.300 acciones del capital social de Recope y todas las instalaciones. Las entregó 14 años antes de la fecha estipulada para el traspaso, conforme el contrato de 1962. La firma estadounidense, además, le condonó a Costa Rica una deuda por ¢4 millones con Venezuela por la compra de petróleo.
La ley sí indica que el Gobierno se comprometía a pagarle a Allied Chemical los inventarios de crudo, químicos y derivados que tenía en el país para ese momento. Un avalúo determinó que la refinería de Moín estaba valorada en $16 millones (el equivalente a unos $95 millones en la actualidad).
La legislación otorgó a la nueva empresa nacional permiso para tomar las medidas que considerara necesarias para asegurar la distribución eficiente y económica de todos los derivados del petróleo que refinara en Costa Rica o que importara y, además, su distribución.
Fue así como a partir de 1974 se construyeron más unidades de almacenamiento y cañerías para el crudo y los combustibles, incluidas extensiones al poliducto que vinieron junto con la construcción de los planteles de Recope de La Garita, en Alajuela, y de Barranca, en Puntarenas.
Aquel crecimiento en capacidades tocaría techo unos 25 años después.
Cambio climático
El fin de la refinería comenzó a asomarse desde los años 90 del siglo pasado cuando, Costa Rica empezó a adoptar normas de calidad más estrictas sobre emisiones contaminantes por razones de salud pública y con la presión del cambio climático. La refinadora nunca logró adaptarse a esos requisitos: esto impulsó la importación de derivados a precios más cómodos y ajustados a las normas ambientales.
Jorge Blanco Roldán, exgerente de comercio internacional y desarrollo de Recope de 1994 a 2000 y exgerente de la refinería del 2000 al 2007, recordó que en 1994 se discutía la necesidad de modernizar la planta, para lo cual se pretendían $27 millones mediante un préstamo. La aprobación del mismo no prosperó en la Asamblea Legislativa donde la propuesta pasó varios años.
”Como pasó tanto tiempo, la refinería concebida entonces ya no servía por las características de los productos derivados, por el problema del azufre del diésel, la lluvia ácida y el cambio climático”, explicó Blanco.
En 1997, el Minae emitió el decreto 26130-MINAE que ordenó bajar la cantidad de azufre en el diésel y luego vinieron tres actualizaciones más estrictas respecto a emisiones en los años 2002, 2008 y 2011.
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Detalle de la refinería de Moín en setiembre de 1986. A principios de ese año, una crisis internacional hundió los precios del petróleo. El barril de crudo del tipo West Texas Intermediate cayó de $28 a menos de $10, lo cual afectó la operación de la planta. Foto: Archivo La Nación
Aquel primer decreto de 1997 obligó a replantear el proyecto de modernización de la refinería, el cual arrancó en 1998 con un costo estimado de $120 millones. Como era tanto dinero, se decidió hacerlo en dos fases.
La primera etapa valorada en $45 millones finalizó en el 2000 con la adición de dos unidades para toma de crudo y su destilación, un foso para calentar petróleo, una torre de destilación y otras unidades menores que permitían refinar hasta 15.000 barriles diarios.
Sin embargo, nunca se llegó a la segunda fase que incluía las unidades con las que supuestamente se iban a atender las normas de emisiones vigentes.
“Se perdió interés político en el proyecto. Se operaba con un margen cada vez menor según se iban sumando nuevas normas de emisiones. Llegamos a un punto donde ya no tenía sentido y todo había que importarlo. En un periodo corto, los derivados en el mundo cambiaron mucho sus especificaciones y nuestra refinería no se adaptaba ni al consumo ni a los productos”, recordó Blanco.
Roberto Dobles comentó que refinar crudo consume mucha energía para producir los derivados. En Moín, por ejemplo, se quemaba búnker en vez de utilizar gas natural como era habitual en países con industrias de refinación más desarrolladas y economías de escala como Estados Unidos. Lo anterior hacía los costos locales muy altos por lo que importar combustibles resultaba más rentable.
Era así como se le bajaba la actividad de refinación a la planta en Moín.
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“Aunque la refinería estaba en buen estado se le bajaba la carga de actividad para no afectar los precios internos. Cualquier industria cambia con el tiempo y esto es normal, pero los cambios en las calidades de los combustibles hacían demasiado alta la inversión para una estructura de 1967 cuyo rendimiento se veía afectado por la propia pequeñez de la planta”, explicó Dobles.
En el 2008, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) había decidido no trasladarle a los consumidores el costo de operación de la refinería, ni de cualquier proyecto de modernización, lo cual también impactó los planes para acondicionar las instalaciones a las nuevas exigencias.
Apaga motores
Un nuevo capítulo de la refinería parecía comenzar en diciembre de 2009, cuando los gobiernos de Costa Rica y China inscribieron en el Registro Nacional la empresa Sociedad Reconstructora Chino Costarricense Sociedad Anónima (Soresco S. A.) para construir una refinería en Moín, valorada en $1.500 millones que sería propiedad de ambos países.
Dicho proyecto, tampoco llegó a concretarse por debilidades legales señaladas por la Contraloría General de la República. La iniciativa dejó al país con pérdidas de poco más de $30 millones más el costo de la defensa de un arbitraje internacional.
Mientras se impulsaba la nueva refinería, la vieja en Moín apagó motores el martes 30 de agosto del 2011 luego de un incendio que cobró la vida de dos trabajadores.
Nunca volvió a encenderse luego de aquel fuego, en parte porque había que reponer equipos dañados y, además, porque estaba en apogeo la llamada Primavera Árabe: una serie de movimientos de protesta social en países productores de petróleo entre los años 2011 y 2012.
“La rentabilidad de la refinación estaba por el suelo y durante el conflicto no era atractivo retomar eso en Costa Rica”, declaró en julio del 2013 a La Nación, Henry Arias, entonces gerente de refinación de Recope. Además, políticamente tampoco había interés en volver a ponerla a trabajar.
En marzo del 2012, Jorge Villalobos, entonces presidente ejecutivo de Recope, anunció por primera vez labores de desmantelamiento en la vieja refinería. En declaraciones a La Nación, Villalobos aseguró ese año que, con o sin planta con China, había que tomar una decisión sobre el plantel de Moín.
La refinería, incluso apagada, seguía generando altos costos.
De hecho, para julio de 2013 Recope continuaba pagando salarios a 350 empleados de dicha planta tal y como reconoció entonces el gerente de Refinación de la empresa en Moín, el ingeniero Henry Arias.
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Cerca de 320 toneladas de chatarra permanecen en la abandonada refinería de Moín. El herrumbre y la corrosión se extienden por todos los equipos. Foto: Cortesía Recope
