La disputa legal por el fallido plan para construir una refinería en Moín (Limón) terminó en un triunfo para Costa Rica, pues luego de un arbitraje internacional se ordenó disolver la empresa Soresco sin pago de indemnización para los asiáticos.
El proceso al cual fue llevada la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) por parte de la firma asiática CNPCI fue notificado a la empresa estatal este 28 de octubre, por parte de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, domiciliada en Londres.
Alejandro Muñoz Villalobos, presidente de la Refinadora, informó este jueves que el laudo arbitral ordenó a la Corporación Nacional de Petróleo de China Internacional (CNPCI) y a Recope tomar las acciones necesarias para liquidar Soresco, declaró por finalizado el contrato de empresa conjunta y que cada firma asuma 50% costo del arbitraje.
Sin embargo, el laudo supone un triunfo costarricense porque se rechazó la pretensión de indemnización planteada por el socio chino en 2017.
Aquella acción se produjo luego de que la Junta Directiva de Recope decidió separarse de Soresco, en abril de 2016.
Muñoz aclaró que no puede precisar más allá de esas órdenes del laudo arbitral debido a una cláusula de confidencialidad que ordenó el propio tribunal en Londres desde un inicio.
No obstante, celebró el triunfo de la empresa.
“Fue un aprendizaje de lo que no se debe hacer al celebrar contratos entre empresas públicas nacionales” , dijo Muñoz en referencia a los resultados de este proceso.
El jerarca, sin embargo, aclaró que las relaciones con China quedaron con buena salud.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, también celebró el resultado.
“Me complace que se haya trabajado para llevar a fin el asunto de Soresco, donde vía arbitraje, se resolvió que no hay indemnizaciones en las que deba incurrir la parte de Costa Rica. Desatamos así un nudo pendiente de varios años”, señaló el mandatario mediante redes sociales.
(Video) Laudo arbitral ordena disolver Soresco
Disolución
María Fernanda Roldán, del área jurídica de Recope, señaló que antes de este arbitraje había sido imposible acordar con el socio chino la disolución de Soresco.
Con el laudo arbitral, hay ahora un mandato superior por el cual se inicia el proceso para disolver la sociedad que creó la llamada Sociedad Reconstructora Chino–Costarricense (Soresco) constituida en el 2009 con un fondo de $100 millones.
Del fondo original de Soresco quedadan a octubre $36,2 millones y una planilla de ocho funcionarios que consumían en remuneraciones y seguros unos $349.000 al año.
El costo que Recope debe pagar a la Corte por el laudo asciende a $440.000.
“Ahora toca la fase de negociar con la contraparte que tiene buena voluntad y ya no tenemos trabas. Ahora, vamos a convocar a una asamblea de socios de Soresco para empezar la liquidación”, anunció Roldán.
Con la constitución de Soresco y el fondo de $100 millones se suponía que esa empresa debía contratar las obras de la refinería y luego arrendaría la planta por 15 años a Recope. Sin embargo, el proyecto nunca prosperó.
Esa fue la salida a falta de un plan alternativo y de nuevos estudios de factibilidad que permitieran continuar con el proyecto que para entonces tenía tres años varados.
Fue en 2013 cuando la Contraloría General de la República señaló irregularidades en los estudios debido a un conflicto de interés, pues fueron elaborados por una compañía filial del socio chino.
Estos se negaron a contratar nuevos estudios y llevaron a Costa Rica en el 2017 ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en busca de una indemnización.
Interpol busca a orientales
Este mismo jueves, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó de que el caso conocido mediáticamente como Soresco se encuentra en investigación, dentro de la etapa preparatoria.
Esa dependencia agregó que las personas imputadas no cuentan con ninguna medida cautelar, por orden del Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, sin embargo se encuentran sujetas al proceso penal.
La FAPTA indicó que permanece a la espera de recibir informes que están siendo confeccionadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Por otra parte, ese despacho agregó que la Policía Internacional (Interpol) procura localizar a las tres personas orientales que figuran como imputadas en el caso.
Desde el 2012, el Ministerio Público abrió una investigación por aparentes irregularidades en cuanto al contrato para la ampliación y modernización de la refinería en Moín.
Los presuntos delitos cometidos bajo investigación incluyen peculado, influencia en contra de la hacienda pública, prevaricato e incumplimiento de deberes.
