Luis Amador Jiménez, como nuevo jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), presentó un proyecto de ley que vuelve a centralizar en esa entidad el arreglo de carreteras nacionales, los contratos de transporte público, seguridad vial y la adjudicación de concesiones de obra pública.
Se trata de una “reingeniería absoluta” que le pidió el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el mismo día que lo juramentó como ministro y para la cual le dio ocho días. Este lunes, junto con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, Amador, de 46 años y quien en los últimos 12 años vivió en Canadá, entregó la iniciativa a la Asamblea Legislativa.
El texto, que es casi en su totalidad creación del actual Gobierno, se denomina “Fortalecimiento de competencias y rendición de cuentas del MOPT”. Su principal eje está en la eliminación de cuatro de los cinco consejos que conforman los órganos desconcentrados adscritos al Ministerio: el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Consejo de Transporte Público (CTP).
No se incluye el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) por tener una condición más delicada por las leyes específicas que lo sustentan, alegó el ministro.
La reforma propuesta devuelve al MOPT y, sobre todo, al ministro de turno, mayor poder de decisión y, según el jerarca, la intención es eliminar las trabas que afectan la atención de obras públicas.
“La idea es que desaparezcan las juntas directivas (de los cuatro consejos) y que eso regrese a la rectoría del Ministerio, entonces ahí entraríamos en una figura que sería Dirección Nacional de Vialidad (Dinavi), tendríamos que ver si la parte de puentes la reunificamos con la del MOPT”.
“Lo que se busca es hacer más eficiente la forma en la que nosotros como ente rector podemos hacer las diferentes labores. El proyecto de ley busca eliminar algunas trabas que tienen el Ministerio y sus órganos, devolverle esa rectoría al ministro y generar algún nivel de mecanismos de planificación que consideren las mejores prácticas internacionales”, explicó el jerarca.
Con la reestructuración, se le atribuye al ministro de turno la aprobación o modificación de los carteles de licitación de las concesiones de obras. El jerarca, junto con el mandatario de turno, harían la adjudicación y el MOPT se encargaría de velar por la inspección y control de las concesiones. Esas tareas actualmente las ejerce el Consejo Nacional de Concesiones.
Además, el ministro de turno tendría la potestad de conceder contratos de conservación vial por hasta cinco años y desde el Ministerio, directamente, se otorgarán las concesiones de permisos de taxi.
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Sobre la nueva División de Vialidad, el jerarca destacó que se enfocaría en la conservación, y contaría con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) como controlador de calidad.
“Si como MOPT somos los que hacemos el diseño, deberíamos seguir con la parte de fiscalización, podemos tener acuerdos con otros entes en los cuales todos nos ayudamos, pero debería estar separado”, explicó.
Entre las justificaciones que dio Amador para la eliminación de los consejos directivos, destacó el hecho de que muchos de los integrantes de las juntas no son técnicos o no están empapados de los temas que se abordan ahí, lo cual ralentiza la toma de decisiones.
Asimismo hizo referencia a la duplicación de funciones, por ejemplo en la atención de puentes. Puntualizó que hay unidades para la atención de estas estructuras en el MOPT y en el Conavi, y en muchos casos ni siquiera se comunican.
Otra de las contradicciones que citó es que el Conavi realiza el mantenimiento sin tomar en consideración la seguridad vial, lo cual podría subsanarse si es el ministro quien orquesta todo el proceso. Asimismo, sostuvo que históricamente se viene dando atención a las carreteras, pero no a los puentes.
Amador detalló además que la reestructuración implicará una reorganización de todo el personal y las unidades, incluidas las auditorías, departamentos legales y unidades de gestión que deberían moverse o unificarse.
“Vamos a mover unidades, unificar otras, destacar gente en ciertas partes, es toda una reorganización que tenemos que trabajar. El proyecto lo que hace es eliminar algunas barreras y darnos ese margen”, agregó.
Uno a uno
El texto que recibió el número de expediente 23.114, establece las reformas a las leyes y transitorios necesarios para dar “margen de maniobra” al Ministerio, en cada uno de los sectores que hasta ahora se encuentran desconcentrados.
En el caso del Conavi, además de la creación de la Dirección Nacional de Vialidad, el proyecto de ley indica que:
- Las auditorías serán nombradas por el ministro.
- El ministro estará facultado para contratar las labores de mantenimiento periódico.
- Se crea un “consejo consultivo” ad honorem con voz pero sin voto en materia de construcción y conservación.
- Se crea un fondo para la atención de la red vial.
- El MOPT debe elaborar planes “estratégicos de largo plazo” mediante un sistema de gestión de carretera para determinar la inversión y los planes operativos con los cuales se atenderá la red vial.
- Todas las obras nuevas o de conservación deben considerar el componente de seguridad vial en el diseño.
- El MOPT debe divulgar el estado de las vías a intervenir y el estado que se pretende alcanzar; además, cada seis meses se debe rendir cuentas sobre el monto de las inversiones, los logros alcanzados y los costos de mantenimiento por km.
Transporte Público
- Los permisos de taxi serán expedidos por el MOPT.
- El MOPT regularía y controlaría en todo el país el servicio de taxi.
- Todas las competencias conferidas por la ley que regula este servicio se concentrarán en el MOPT.
- El MOPT establecería oficinas en los principales centros de población para los trámites relacionados a esta ley, además para que los usuarios puedan presentar quejas o denuncias.
- También para este servicio se crea un consejo consultivo para la toma de decisiones en materia de transporte público.
- Contempla la figura de un director general de transporte público que sería nombrado por el ministro y un tribunal de transportes.
- El MOPT sería el encargado de cobrar el canon para cada una de las actividades de transporte público.
- El MOPT solicitaría la fijación de tarifas para el transporte público en todas las modalidades a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
Educación Vial
- Se concentran en el MOPT las competencias que por ley habían sido conferidas al Cosevi.
- Se crea la Dirección General de Educación Vial que será la responsable de todo el Sistema Nacional de Acreditación de Conductores, que incluye el proceso de formación de conductores y la expedición de las licencias de conducir.
- El MOPT será el encargado de conocer los análisis referentes al tránsito, incluyendo las evaluaciones del nivel de protección que las carreteras y caminos ofrecen a peatones, ciclistas, motociclistas, y ocupantes de vehículos, así como los datos de accidentabilidad históricos para identificar problemas de seguridad vial y hacer las recomendaciones que estime pertinentes.
- El MOPT además debe aprobar proyectos para la seguridad vial, proponer la reglamentación de tránsito, administrar el Fondo de Seguridad Vial y promover y regular el uso de la bicicleta como medio de transporte.
- Desde la Dirección de Ingeniería de Tránsito se analizarían los problemas de tránsito y consecuencias ambientales, así como la instalación de semáforos y señalización. Además tendrá una Oficina Coordinadora y de Asistencia Técnica para asesorar a las municipalidades en los aspectos de ingeniería, planificación y regulación del tránsito.
Concesiones
- La unidad organizacional creada en el Ministerio en materia de concesiones será la competente para llevar a cabo las contrataciones mediante esa modalidad.
- Esa misma dependencia se encargará de los proyectos del Poder Ejecutivo que se desarrollen mediante concesiones.
- Todas las competencias que anteriormente se concentraban en el Consejo Nacional de Concesiones, pasan a ser del MOPT.
- El MOPT administrará el Fondo Nacional de Concesiones y concertará los convenios y contratos necesarios.
- El ministro representará judicial y extrajudicialmente lo relacionado con este sector.
- El ministro sería quien apruebe o modifique los carteles de licitación de las concesiones.
- El jerarca también adjudicaría y suscribiría los contratos.
- El ministro debe velar por la inspección y control de las concesiones otorgadas.
- También corresponde al jerarca del MOPT nombrar una jefatura nacional de concesiones.
- Los informes de auditoría deben ser conocidos por el ministro y también es el encargado de suscribir los contratos de fideicomiso necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos en esta Ley y para la ejecución de los proyectos de concesión. .
- Además el proyecto indica que el Ministerio “no estará sujeto en esta modalidad de contratación a lo dispuesto en el numeral 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República”, en el que se específica la necesidad de aprobación de los contratos por parte de ese ente contralor.
Estancada
La reforma del MOPT viene siendo catalogada como urgente desde hace varios años, sin embargo ninguno de los anteriores jerarcas ha logrado concretarla.
El exministro, Rodolfo Méndez Mata, insistió en varias ocasiones durante su gestión en la necesidad de regresar la rectoría al Ministerio, a fin de evitar duplicidad de funciones y lograr que este fuera más eficiente.
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Sin embargo, la intención quedó en el camino luego de la salida de Rodolfo Solano como viceministro, al que Méndez Mata había encargado esa labor y que dejó el puesto para asumir el cargo de canciller de la República.
Al término de su mandato, Méndez reconoció que desistió de dejar encaminado el proceso luego de los allanamientos en su casa, en marzo pasado, pues, según dijo, se le estaba investigando penalmente por asuntos de función pública.
Mucho antes, en el 2013, la expresidenta Laura Chinchilla también presentó un proyecto de ley con el que se pretendía que el MOPT volviera encargarse de los proyectos nuevos y los trabajos en mejora de infraestructura (incluidos los del Ministerio de Educación Pública), por medio de la conformación de unidades ejecutoras. La iniciativa no prosperó.
Incluso en el 2014, al inicio del gobierno de Luis Guillermo Solís, se habló de la eventual creación de un Instituto Nacional de Infraestructura que ocuparía la función del Conavi, pero ese plan también quedó en el papel.
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