EscucharEl acuerdo para entrar en posesión del último terreno que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) requiere para completar el viaducto de La Bandera y que fue calificado como un convenio “milagroso” por la unidad ejecutora del proyecto, pareciera estar en la cuerda floja, pues no tomó en cuenta a todos los afectados.
Los dueños del restaurante que funciona en ese lote aseguraron que ellos no formaron parte de ese acuerdo, por lo que acudieron al Juzgado Contencioso para solicitar que se frenen los trabajos en ese punto, los cuales forman parte de la fase final de la obra que se levanta en Montes de Oca, sobre la carretera de Circunvalación.
Bianca Salazar y Sergio Guevara, dueños del restaurante Hanabi Sushi, relataron a La Nación que el ingreso de maquinaria al terreno donde está su negocio y donde se construye una de las rampas de salida del viaducto, se hizo de manera arbitraria y en horas de la madrugada, pues de su parte nunca se dio el visto bueno para la entrada en posesión.
El local de esta pareja forma parte de una edificación que pertenece a la sociedad Togo Dos Mil, la cual figura en el proceso de expropiación y cuyo dueño acordó con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) permitir el ingreso de la maquinaria, mientras el proceso continúa su curso en sede judicial.
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Los dueños del restaurante, sin embargo, mantienen un reclamo para que les pagen por el derecho comercial, es decir, que los indemnicen por las pérdidas que enfrentarán a causa del cierre del negocio, las cuales no fueron reconocidas por el MOPT en el avalúo inicial.
A pesar de esa disputa, la maquinaria de la empresa a cargo de la construcción del viaducto comenzó a trabajar en la zona desde hace varios días amparada en el acuerdo con el dueño de todo el edificio. No obstante, fue en la madrugada del martes 29 de marzo cuando realizaron la demolición de la fachada del restaurante.
“Hace dos semanas llegamos a abrir y estaba la maquinaria rompiendo, primero en el parqueo, les dijimos que no podían estar ahí, lo que nos dijeron fue: ‘sí podemos porque tenemos una autorización’. Pedimos la orden de entrada en posesión y lo que tienen es un acuerdo firmado con el dueño del inmueble”, relató Guevara.
Según dijo, tras esta situación, acudieron al Juzgado para solicitar un pronunciamiento por parte de la jueza que lleva el caso, pues desde el año anterior existía una medida que dejaba en suspenso la entrada en posesión en el terreno a causa del reclamo por la indemnización comercial.
Tras esta nueva solicitud de intervención, la jueza se pronunció a inicios de esta semana y estableció una serie de requisitos tanto para el MOPT como para los dueños del local, a fin de resolver la solicitud de suspensión de las obras planteada por los propietarios de Hanabi Sushi.
Según contó la pareja, a pesar de haber sido notificados de esa decisión, la empresa ingresó con su maquinaria a la zona de su local.
“La madrugada de antier (martes), protegidos por la noche, a la 1 de la mañana derribaron la fachada del restaurante; esperaron a que nos fuéramos a las 10:30 p. m. (del lunes), que cerramos, para ir en la madrugada y hacer eso”, expresó Guevara.
De acuerdo con su esposa, quedaron impedidos de entrar al negocio, pues la fachada quedó destruida, el terreno falseado, las mesas que se encontraban en esa parte externa del restaurante también quedaron “en el aire” y no hay techo, además ya no contaban con parqueo.
Según supieron, parte del acuerdo del dueño del edificio con el MOPT incluía el compromiso de que contaría con la autorización de los propietarios del restaurante, sin embargo, ellos no darán esa autorización hasta que se les reconozca su afectación comercial.
“No formamos parte de ningún acuerdo, no fuimos tomados en cuenta (...) Ayer (miércoles), cuando llegó el representante de UNOPS, le dije ‘deme (el documento de) la entrada en posesión’ , y me dijo ‘tengo un acuerdo privado con el dueño’. Le contesté: ‘pero la resolución de la jueza dice que no va a entrar ni siquiera a autorizar la posesión hasta tanto no le dé cinco cosas que ahí piden’. Me dijo: ‘mientras no haya una orden judicial que nos detenga, yo sigo’”, recordó Guevara.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) es la gestora del proyecto.
En esa resolución mencionada por los afectados, el Juzgado le pidió al MOPT presentar en tres días una serie de documentos para sustentar el acuerdo de entrada voluntaria. Entre ellos, se le ordena justificar la causa de adquisición de un terreno que se ofreció como compensación al dueño del edificio, mientras que el propietario de ese inmueble debe presentar documentos donde confirme la no oposición al finiquito del proceso y entrada en posesión por parte de “todos los terceros interesados”, lo que significa que dicho convenio podría ser invalidado por la falta de acuerdo con los dueños del restaurante.
Los empresarios aseguraron que pese a todas las complicaciones, no piensan dejar el inmueble ni firmar el acuerdo hasta que se reconozca la afectación, pues por el cierre del negocio tienen que hacerle frente a deudas, cargas sociales de trabajadores e indemnizaciones.
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Consultado sobre el proceso, en el Conavi indicaron que no habían sido notificados sobre ninguna resolución que detenga los trabajos. Entretanto, UNOPS manifestó que “la intervención en el área del restaurante Hanabi Sushi está amparada en un acuerdo voluntario suscrito entre el MOPT y la firma propietaria del inmueble, Togo Dos Mil S. A.”.
Insistieron en que la resolución emitida el pasado 24 de marzo, indica que es improcedente suspender los trabajos, pues la misma debe ser solicitada de común acuerdo por todas las partes.
Esta no es la primera vez que el proyecto en la Bandera sufre a causa de enredos expropiatorios, pues antes de la orden de inicio, la Administración enfrentó una larga disputa para hacerse con el terreno del restaurante Friday’s, precisamente, por el reconocimiento del derecho comercial. La gestión de contratación también recibió múltiples apelaciones a la adjudicación, lo que ocasionó que la obra se comenzara a construir casi dos años después de la publicación del cartel.
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El viaducto en ese sector de Circunvalación incluye un túnel a cuatro carriles por el cual circularán los vehículos sin detenerse desde San Pedro hacia Guadalupe y viceversa; además el proyecto contempla la intervención de 1.100 metros, la construcción del paso elevado de 320 metros frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, una alcantarilla de cuadro en la quebrada Los Negritos, bahías para autobuses y aceras.
El paso a desnivel de la Bandera fue el último en empezar del plan encargado a UNOPS desde el 2015, en el cual también se incluyeron los pasos en Garantías Sociales (inaugurado en abril del 2020) y Guadalupe, donde se estrenó la rotonda del Bicentenario, en marzo del año pasado.
El costo de esta obra es de $21,1 millones, lo que lo convierte en el más costoso de los tres pasos a desnivel. Esto se justifica, según indicó meses atrás el Conavi, en la necesidad de reemplazar la alcantarilla sobre la quebrada, así como el paso superior frente a Derecho. Esos recursos provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
