La construcción del nuevo viaducto en la rotonda de la Bandera, en Montes de Oca, deberá sortear un nuevo obstáculo en plena ejecución.
Se trata de una expropiación que quedó pendiente y, pese a la cual, el proyecto recibió orden de inicio en enero anterior, luego de pasar meses enfrascado en disputas por otros terrenos y un complicado proceso de adjudicación.
El terreno en conflicto forma parte del área de parqueos del edificio en el que se ubican el restaurante Hanabi Sushi y el café Kracovia, ubicados al norte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Ahí, la empresa a cargo de las obras debe construir parte de la rampa de acceso que conectará la carretera de Circunvalación con la vía hacia Sabanilla y las aceras de ese sector.
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El propietario de ese inmueble, Marek Adamski, así como los dueños del restaurante Hanabi Sushi (que alquilan el local a Adamski), aseguraron a La Nación que desde inicios de año enfrentan una pesadilla no solo debido a los trámites legales asociados al reclamo de expropiación que se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo, sino también por las dificultades diarias al haber quedado “atrapados” en medio de la obra en ejecución.
Sus reclamos hicieron que el pasado 15 de febrero, cuando ya habían comenzado los movimientos de tierra, un juez ordenara dejar en suspenso la entrada en posesión que se había otorgado previamente al Estado.
El director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez, explicó que tuvieron que dejar sin completar obras en el edificio a raíz de la resolución del juez. Ahora, quedan a la espera de una decisión final.
No descarta que más adelante haya que considerar ajustes en el diseño si la situación con este inmueble no se aclara, como ocurrió en la rotonda de Guadalupe.
¿Qué reclaman?
De acuerdo con Marek Adamski, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no valoró la actividad comercial del local y solo le ofreció compensar el terreno correspondiente a una zona de parqueo, sin considerar que sin esa sección sus arrendatarios no podrían operar.
Tampoco valoró, dijo el comerciante, los efectos en la estructura por la demolición parcial.
“Ellos presentaron el avalúo por el terreno y por una parte del edificio que dicen que hay que botar y reconstruir porque pasa la acera y parte de la carretera, supuestamente era insignificante pero al final es un poco más, hicieron líneas como va a pasar todo eso y yo veo que no puedo funcionar”, sostuvo el propietario.
Adamski detalló que las gestiones en relación con su inmueble comenzaron en el 2017.
Su preocupación es que si solo se expropia parcialmente el terreno, no podría seguir alquilando los locales comerciales, pues sin parqueo y sin un retiro establecido de la carretera nadie rentaría porque no podrían obtener permisos o patentes comerciales.
Afirmó que ya uno de los arrendatarios dejó el edificio y teme que los otros dos negocios también lo hagan en cuanto se termine el proceso.
“Cuando se termine esto y ellos reciban alguna indemnización se van a retirar y el alquiler para mí va a ser imposible porque nadie va a alquilar sin parqueo y sin posibilidad de recibir patente”, lamentó.
El empresario añadió que el MOPT les ofreció un terreno aledaño que ya fue expropiado para que sea usado como parqueo, sin embargo, le indicaron que debía pagar un alquiler.
Actualmente, aunque la maquinaria no tiene acceso al parqueo, enfrentan problemas para que ingresen los clientes. Además, la edificación no cuenta con baño para personas con discapacidad, pues este fue demolido en los primeros días de la entrada en posesión, antes de que se dictara la medida cautelar.
“Lo más lógico es que ellos paguen por todo el edificio, porque no va a funcionar, no puedo hacer nada con eso”, agregó Adamski.
Por su parte, Sergio Guevara y Bianca Salazar, propietarios del restaurante Hanabi Sushi, reclaman que se les indemnice por el perjuicio en la actividad comercial de los últimos meses a causa de los trabajos, así como por la eventual inversión que tendrían que realizar para establecerse en otro lugar.
Salazar aseveró que desde que comenzó la obra han enfrentado presiones y, según dijo, hasta abusos de parte de la constructora debido al aparente rompimiento de tuberías.
“Vivimos en zozobra, todos los días. Cuando voy a abrir, me digo ¿qué me voy a encontrar? ¿podré trabajar? Hemos tomado medidas de acordonar el parqueo, poner rótulos y aun así no acatan, es muy complicado, más con esta situación que uno necesita incentivar a las personas a que vengan y si no tenés el parqueo en una carretera tan transitada o si hay que estar esperando a que una vagoneta se corra para que puedan ingresar, las personas van a evitar entrar”, relató Salazar.
La orden emitida por el Tribunal Contencioso, en febrero, revocó la orden de desalojo del inmueble hasta determinar si hay o no afectación “real, temporal o permanente a los derechos comerciales” de los afectados.
Además pidió al MOPT un cronograma de los días que invertiría en la ejecución de las obras en ese sector, así como el detalle de dónde ubicará los sitios de parqueo que, aseguró, construiría para los arrendatarios.
A los dueños de los locales comerciales, entretanto, se les solicitó brindar detalles de las ventas diarias de los negocios.
Según esa misma resolución, el peritaje había determinado que al dueño del inmueble se le pagaría ¢123,8 millones correspondientes al valor del terreno y la construcción.
Plan B
El director del Conavi explicó a La Nación que fue por la resolución judicial que se quedaron a medio hacer las obras en el baño para personas con discapacidad, que no se reconstruyera la parte del edificio que se demolió ni se hicieran otras intervenciones en el parqueo.
“Nosotros tenemos una entrada en posesión del terreno, sé que tenemos una entrada en posesión, un juez nos dijo que podemos trabajar ahí y hacer las obras que debemos hacer. Posterior a la entrada en posesión, recibimos una disposición del juez de que la entrada en posesión que teníamos la revocaba parcialmente”, expresó.
No obstante, planteó Rodríguez, la revocatoria parcial para el juez fue dejar de demoler una esquina del edificio y no realizar ningún desalojo.
“Estamos cumpliendo con las disposiciones del juez, donde ya habíamos entrado en posesión, el juez no nos dijo que no trabajemos o que saliéramos porque una entrada en posesión no tiene recursos de objeción”, expresó el jerarca.
Asimismo, alegó que la decisión de expropiar solo una parte del inmueble provino de un equipo de especialistas, quienes determinaron que no afectaba la operación del negocio.
“Eso tiene que resolverse a nivel de los tribunales y tendrá validez. Aunque terminemos la obra, es un derecho que tendrá el dueño de ir a reclamar el avalúo, yo no voy a entrar a ningún terreno que no tenga entrada en posesión”, aseguró.
Los trabajos para construir el nuevo viaducto en la Bandera, que será similar al recién inaugurado en Guadalupe, tienen actualmente un 27%.
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