Casa Presidencial y Banco de Costa Rica convocaron a organizaciones comunales el próximo lunes para despejar dudas sobre nueva carretera

Por: Diego Bosque 12 enero

La sensación entre los vecinos de Palmares, Grecia, Naranjo y San Ramón es que muy pocas cosas avanzan en el plan para construir una nueva vía entre San José y esos cantones.

Los 60 km entre San José y San Ramón serían ampliados bajo la figura del fideicomiso, la cual administra el Banco de Costa Rica. Fotografía: Mayela López
Los 60 km entre San José y San Ramón serían ampliados bajo la figura del fideicomiso, la cual administra el Banco de Costa Rica. Fotografía: Mayela López

La desazón de las comunidades de Occidente se incrementó al conocer, el 3 de enero, que el Banco de Costa Rica (BCR), encargado del proyecto, tardará 37 meses en la etapa de preinversión.

Eso significa que el BCR necesita 1.126 días para tener listos los estudios técnicos, económicos y financieros; gestionar los permisos ambientales, ejecutar expropiaciones, reubicar asentamientos y conseguir el dinero necesario para la construcción.

El plazo de 37 meses fue dado a conocer por Hadda Muñoz, ingeniera del BCR a cargo de la obra.

José Alberto Vásquez, vecino de Palmares y miembro del órgano fiscalizador de la obra, expresó que hay preocupación sobre el futuro del proyecto.

"En cierta forma nos sentimos desinformados. ¿Cómo lo explico? Hemos tenido contacto con el Banco, pero sentimos que ellos tienen alguna información que no nos han compartido, sobre todo con los asuntos económicos. Hay cierta información que no nos han expuesto", dijo Vásquez.

El dirigente comunal agregó que desde noviembre pidieron al BCR una reunión para conocer los detalles del plan, pero no les han dado una cita.

Paul Brenes, vecino de San Ramón que impulsó la ley para crear un fideicomiso para financiar la vía, manifestó que existe "incertidumbre" entre los pobladores de Occidente.

Según Brenes, ellos también desconocían que la preinversión tardará 37 meses.

"En una reunión que tuvimos con el Banco no nos hablaron del plazo de 37 meses, por eso nos ha extrañado esa noticia", comentó el líder comunal.

Alexánder Rodríguez, otro vecino miembro del órgano fiscalizador, declaró que les preocupa la lentitud para conseguir el préstamo de $35 millones para financiar la preinversión, definir los costos de la obra y de los futuros peajes.

Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el BCR convocaron a las organizaciones comunales.

La cita será en el Colegio Federado de Ingenieros de Arquitectos (CFIA) a las 4 p . m. del próximo lunes 15 de enero.

"Se supone que es una rendición de cuentas, han pasado muchas cosas, desde lo que pasó con el gerente general del BCR en prisión preventiva, más una serie de preguntas que enviamos y no nos han contestado, solo nos dijeron que iban a tomar los cuestionamientos en cuenta. Ahí preguntamos sobre el financiamiento y otros puntos", afirmó Rodríguez.

La Nación consultó al BCR los puntos a tratar en la reunión del lunes, pero dijeron que se debía dirigir la consultar a Casa Presidencial.

El proyecto de ampliación de esta carretera comenzó en 1994. Actualmente, en algunos tramos de esta importante carretera, que prácticamente es de dos carriles, circulan entre 84.000 y 110.000 vehículos al día. La idea es llevarla a tramos con tres o cuatro carriles.

Tras varios tropiezos en la concesión, la ampliación de la carretera a San Ramón fue dada a la constructora brasileña OAS por $524 millones, pero en abril del 2013 la expresidenta Laura Chinchilla frenó el proyecto, porque los ramonenses se oponían al costo de los peajes previstos (¢1.965 por sentido y de ¢3.930 ida y vuelta).

En febrero de 2015, el presidente Luis Guillermo Solís firmó una ley para crear un fideicomiso y financiar la vía por medio de esa figura. Sin embargo, el proyecto sigue sin iniciarse.

Datos claves como el costo final de la obra, el valor de los peajes, cantidad de estaciones de cobro, número de expropiaciones y diseños finales siguen sin conocerse.

Uno de los principales obstáculos es que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) carece de fondos para costear la etapa preoperativa.

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