Se trata del oficio DGAC-DA-IA-OF-451-2023, dirigido a Fernando Naranjo, director general de Aviación Civil, por parte de Ignacio Acuña, Fabián Brenes, Carlos Rojas, Daniel Calderón, David Rojas, Alexánder Sánchez y Sylvia Jiménez, todos trabajadores de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica.

La razón expuesta por los técnicos es que no había relación entre la tormenta tropical Bonnie y los daños en la superficie de ruedo de la terminal aérea, pues los problemas en esa infraestructura se remontan a 2015.

Esos daños previos al fenómeno meteorológico fueron ignorados por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia, a la hora de firmar un decreto ejecutivo, el 21 de junio de 2023, el cual incluyó la reparación de la pista como parte de las afectaciones de Bonnie.

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De acuerdo con el oficio de los funcionarios de Aviación Civil, no existen “pruebas y evidencias técnicas” para demostrar que las averías en la pista fueron provocadas por las lluvias de la tormenta tropical Bonnie, la cual tuvo influencia en el país entre el 1.º y el 3 de julio de 2022.

“No se puede técnicamente sostener que exista un nexo causal entre el deterioro indicado en el documento que se está tramitando ante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) derivada de la tormenta tropical Bonnie y la reducción de dos años de la vida útil de los pavimentos”, expresaron los funcionarios en el documento mencionado.

La causa de las averías en la pista es importante, ya que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo exige que debe haber un nexo “entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados”.

Frente a la ausencia de prueba, los técnicos recomendaron encargar la rehabilitación de la pista con mecanismos ordinarios de contratación. Sin embargo, la Dirección General de Aviación Civil y la Comisión Nacional de Emergencias continuaron con la contratación por régimen de excepción, con la cual evitaban la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Siguieron adelante

La recomendación de los siete funcionarios fue enviada a Fernando Naranjo el 7 de agosto de 2023, dos meses antes de que la CNE publicara el concurso extraordinario en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para la rehabilitación de la pista.

“(...) No es posible determinar que el nexo causal que se aduce sea correcto, ya que se cuenta con documentación desarrollada antes, durante y después del evento climatológico mencionado que indican que no existió afectación a la pista de aterrizaje”, subrayaron.

Además de enviarle el oficio a Naranjo, los técnicos remitieron el documento al expediente del proyecto. Sin embargo, la CNE continuó adelante con el proceso.

La contratación de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje fue publicada en el Sicop el 11 de octubre del 2023 y adjudicada a la constructora MECO el 11 de enero del 2024 por ¢21.890 millones.

Este martes 12 de marzo, Chaves destituyó a Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, alegando que esa contratación se hizo como un “traje a la medida” de MECO y que el país deberá pagar un sobreprecio de $2 millones (¢1.000 millones, aproximadamente) por haber elegido a esa empresa y no a Grupo Pedregal, que ofertó por menos dinero.

El presidente de la República también ordenó la salida de Fernando Naranjo, director general de Aviación Civil.

“No tengo evidencia de corrupción de don Luis Amador ni Fernando Naranjo; sin embargo, ellos firmaron algo que solo una empresa podía calificar en los términos del puntaje. Pareciera que el interés público no fue el suficiente como para que ellos, cuando pusieron sus firmas, estuvieran seguros”, comentó Chaves.

El miércoles, durante su tradicional conferencia de prensa, Chaves cambió de criterio y aseguró que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público.

José Alfredo Sánchez, presidente de MECO, afirmó este miércoles 13 de marzo que Chaves “estuvo involucrado” en el proceso de licitación.

“El presidente estuvo involucrado personalmente en todo este proceso. Que ahora esto le parezca a él una barbaridad, deja muchas dudas y no tenemos ni la más remota idea a qué se debe, pero él conocía el proceso, estuvo involucrado, sabía que se había adjudicado, sabía de la firma y también de la orden de inicio”, aseveró Sánchez en entrevista con La Nación.

Desde el miércoles, este diario solicitó una entrevista con la ministra de la Presidencia, pero la jerarca no ha dado una cita para plantearle las consultas sobre este tema.

¿CNE no sabe o no recuerda?

En una conferencia de prensa realizada este jueves 14 de marzo, Eduardo Mora, abogado de la CNE que tuvo a cargo la revisión de la contratación, dijo que no conocía el oficio firmado por los siete funcionarios de Aviación Civil en el que se declara que no existe relación entre el fenómeno meteorológico y los daños en la pista.

“Yo tampoco conozco ese informe, probablemente haya quedado dentro de la misma Dirección General de Aviación Civil”, comentó Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la Comisión.

Finalizada la conferencia de prensa, se le volvió a consultar a Mora, pero esta vez expresó que no recuerda haber visto ese documento.

Picado y Mora rechazaron ser responsables de las supuestas anomalías señaladas por el presidente Chaves. Sin embargo, reconocieron que todo el proceso de contratación lo llevó adelante la CNE junto a la unidad ejecutora integrada por Aviación Civil.

En Sicop, la evaluación de las ofertas y adjudicación fue realizada por funcionarios de la CNE. Incluso, Picado atendió y resolvió el recurso de revocatoria presentado por Pedregal contra el acto de adjudicación y Mora fue quien revisó esa resolución, según el oficio CNE-PRE-RESO-0007-2024.

Dos decretos

El 12 de julio del 2022, nueve días después del paso de Bonnie por el país, Rodrigo Chaves y Natalia Díaz firmaron un primer decreto ejecutivo en el que incorporaron 12 cantones y cuatro distritos afectados. Sin embargo, en esa oportunidad no incluyeron a Liberia, pues no se registraban daños importantes provocados por los vientos, lluvias o inundaciones causadas por la tormenta.

En respuesta a ese primer decreto ejecutivo, la Comisión aprobó en setiembre del 2022 el Plan General de Emergencias, en el cual se contemplaron obras y servicios para atender los destrozos causados por Bonnie. En ese documento, el único requerimiento para Liberia fue el alquiler de maquinaria para extracción de material en un tajo.

En el documento se estableció que se podrían incluir otras obras siempre que hubiera un “nexo de causalidad” con la tormenta tropical. El plazo para hacer esas inclusiones vencía en marzo de 2023.

No obstante, Chaves y Díaz decretaron la introducción de las mejoras en el aeropuerto liberiano en junio del 2023, tres meses después de que caducó el plazo definido por la CNE.

Ahí citaron registros de lluvias inexactos para justificar la decisión de incluir la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber en el plan de emergencia.

De acuerdo con el decreto, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) registró, en Liberia, Guanacaste, entre 125 y 156 milímetros de lluvia el 2 de julio del 2022. Sin embargo, no aclararon que esas precipitaciones se registraron al norte de Liberia.

Esos datos provienen del boletín meteorológico de julio del 2022, pero el mismo documento detalla los registros de lluvias de la estación meteorológica del aeropuerto liberiano, los cuales son mucho menores a los mencionados por el presidente y la ministra.

El 2 de julio del 2022, la estación en el aeropuerto Daniel Oduber contabilizó poco más de 50 milímetros de lluvia. El 1.º de julio de ese mismo año fueron casi 10 milímetros y el 3 de julio, último día la influencia de Bonnie en el país, un milímetro. Esa información no fue mencionada por Chaves y Díaz en el decreto ejecutivo.

Tampoco citaron que los 50 milímetros de lluvia del 2 de julio no son un evento extraordinario, ya que otros días de ese mismo mes se presentaron registros similares. Por ejemplo, el 13 de julio también cayeron 50 milímetros.