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Hace un año y medio, el expresidente Luis Guillermo Solís firmó un decreto en el que declaraba de interés público 370 propiedades ubicadas en un terreno de 1.950 hectáreas en las comunidades de Mastate, Coyolar y la Ceiba en Orotina, Alajuela.
El plan del Gobierno era “blindar” esas propiedades para, posteriormente, iniciar los procesos de expropiación para la construcción del futuro aeropuerto internacional metropolitano.
La meta anunciada era que la terminal aérea iba a abrir en una primera fase en el 2027, en el más optimista de los escenarios. El costo se estimó en $2.000 millones,
El anuncio puso a correr y a sufrir a decenas de familias, algunas incluso empezaron a sondear en los alrededores sobre precios de lotes y lo que les costaría mudarse para dar paso a la terminal.
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Pero, 18 meses después, el plan dejó de estar entre las prioridades del nuevo Gobierno y el proyecto de aeropuerto pareciera haber frenado el despegue.
“El país tiene una serie de obras en las cuales requiere poner atención, no todo se puede hacer al mismo tiempo de manera que para eso vamos a hacer el plan maestro de forma tal que nos indique con toda claridad en qué momento sería necesario (el aeropuerto de Orotina)", expresó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
Méndez además funge como presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) y representante de Costa Rica ante la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna).
Del archivo:
Para él, durante la administración anterior “se generó toda una expectativa" sobre el proyecto, sin embargo, no lo ve necesario todavía al considerar el crecimiento del Juan Santamaría.
"Todavía al Juan Santamaría se le están haciendo obras por $100 millones y tiene vida”, manifestó.
Antes de levantar otra terminal internacional como la que se pretende en Orotina, Méndez espera tener en sus manos un plan maestro con información de todas las terminales aéreas del país, con el fin de conocer las necesidades reales en esa materia.
El plan maestro del Santamaría contempla ampliaciones y mejoras que deben finalizar en dos años.
Dichos trabajos incluyen la construcción de cuatro salas de abordaje adicionales, puentes de contacto, extensión de la pista de aterrizaje, construcción de pistas de rodamiento, áreas VIP, expansión de rampas de parqueo, carruseles de equipaje y posiciones adicionales de chequeo de pasajeros, entre otras.
Los terrenos
El único trámite para el proyecto que se ha ejecutado durante esta administración fue la publicación, en agosto, del concurso para la realización del estudio de impacto ambiental. Para este, Cocesna destinó ¢650 millones.
La licitación, sin embargo, se declaró desierta, por lo tanto, el plan sigue varado.
De acuerdo con la alcadesa de Orotina, Margoth Montero, tampoco han tenido noticias sobre avances en los procesos de expropiación que ordenaba el decreto.
Incluso, dijo, los vecinos que se encuentran dentro de esos terrenos ni siquiera han sido notificados formalmente por la Dirección General de Aviación Civil.
“Uno de los decretos habla de la creación de una comisión técnica para el seguimiento de todas las actividades y la misma, al día de hoy, no ha sido creada”, añadió Montero.
La directriz a la que hace referencia la alcaldesa indicaba que el Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, debía ejecutar las acciones de anotación provisional en aquellos predios que fueron identificados para la construcción del aeropuerto, como lo establece la Ley de Expropiaciones.
Esa labor no se hizo, confirmó la alcaldesa, pues a la fecha no existen a nivel registral anotaciones provisionales sobre ninguna de las propiedades.
“Esta Alcaldía no ve con buenos ojos semejante desconsideración e incluso irrespeto para con las familias dentro del área de expropiación. Lo único que deben esperar los vecinos es la garantía real de boca del Gobierno de la República que el proyecto continúa y respetando la hoja de ruta ya conocida”, añadió.
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Recalcó que no existe ningún impedimento para que los propietarios realicen mejoras, nuevas construcciones o incluso vendan sus terrenos.
La administración anterior recibió de la firma consultora británica Mott-MacDonald, un estudio de emplazamiento que tuvo un costo de $1,5 millones y que también fue financiado por Cocesna.
Ese informe fue el que identificó las 370 fincas en Mastate, La Ceiba y Coyolar, como la mejor zona para construir el aeropuerto.
El exministro de Obras Públicas, Carlos Segnini, quien era el representante del país ante Cocesna cuando se hizo el análisis, aseguró que el estudio que se hizo fue serio y ambicioso, además, por primera vez, detallaba el espacio específico donde se debía construir la obra.
“La propuesta era con un plan maestro al 2047 con el máximo desarrollo. Hicimos algo con visión de futuro, se hizo una licitación (...) Para mí fue una proyección de acuerdo con las características operativas del Juan Santamaría, el nivel de tráfico, crecimiento proyectado y las necesidades país”.
Segnini aseguró que sería una lástima que se abandone el proyecto, pues se trata de una iniciativa país.
‘Eso nos robó la paz’
Flor María Aguilar Quirós, tiene 68 años y más de 39 de vivir en una propiedad de una hectárea, ubicada en Mastate. Ahí crecieron e hicieron casa todos sus hijos.
Hace un año, lo que ella califica como “un monstruo” que les robó la paz, los puso a sufrir y a correr.
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“Al principio nos habían dicho que nos iban a pagar y que nos teníamos que ir casi que ya. Ahora en el Facebook tiran que estemos tranquilos, que no va a haber nada de momento (...).
"Eso nos robó la paz, porque estar uno tranquilo y de un pronto a otro saber... adónde va a comprar uno, ya hasta nos habían dicho que la propiedad valía ¢39 millones, qué voy a hacer yo con ¢39 millones. Fuimos a buscar un lote más pequeño que este y costaba ¢80 millones, mi hija lloraba día y noche, aquí hemos vivido toda la vida”, aseguró.
Una de las cosas que le preocupaba, dijo, era ver separada a su familia, pues su esposo les dejó a cada uno de sus hijos un lote para que construyeran y así lo hicieron.
"Ahora yo le digo a ellos que hay que estar en paz , ese monstruo que nos ha robado la paz, Dios está por encima de eso, les digo que tengamos confianza” , añadió la mujer.
Un par de kilómetros más adelante, Zelmira Ramos asegura que en su caso lo que reina es la incertidumbre, pues no les han vuelto a hablar del tema y las únicas noticias que escucha provienen de comentarios de vecinos.
“Vivo aquí desde hace unos 50 años, cuando salió el tema nos convocaron a una reunión y ahí se habló del aeropuerto, pero luego no volvieron a decir nada, si tenemos que salir o no tenemos que salir”, añadió.
Óscar Serrano, otro vecino de la zona de Mastate, dice que su propiedad en un inicio salía entre las declaradas como necesarias para el aeropuerto, luego por rumores, escuchó que probablemente no la necesitarían.
Serrano, quien labora en construcción, narró que compró esa propiedad hace tres años y le preocupa que si lo llegan a expropiar no le paguen el precio justo, por todo lo que ha invertido en el terreno.
Al igual que él, Raúl Alvarado llegó a Orotina buscando tranquilidad pero encontró todo lo contrario.
"Lo único que sabemos es lo que dicen, que el asunto está muerto. En mi caso hay una duda de si me tienen que expropiar o no, porque mi propiedad está fuera de los límites del aeropuerto, pero aun así la incluyeron en el decreto (...). Yo tengo 11 años de vivir aquí, trabajaba en San José y me pensioné y compré un lote de quinta y ahí construí, yo quisiera que no me expropien, yo compré ahí para morirme ahí ", dijo el educador retirado.
