Orotina, Alajuela
En los distritos Mastate, La Ceiba y Coyolar, en Orotina de Alajuela, hay dos grupos de hogares: familias pobres que siempre han vivido allí trabajando sobre todo en agricultura y, profesionales pensionados que encontraron la oportunidad construir una casa de retiro para alejarse del ruido de la ciudad.
Por eso, hay un contraste social evidente; se ven casas pequeñas de madera en la que viven varias familias pero también quintas de recreo con piscina y ranchos para fiestas. Unas y otras, sin distingo, desaparecerán en poco tiempo, cuando en los tres poblados se levante el nuevo aeropuerto internacional.
No importa la puerta que se toque, los 442 propietarios de las 370 fincas marcadas como el sitio ideal para levantar la nueva terminal aérea comparten las mismas dudas y preocupaciones.
El aeropuerto es una obra estimada en $1.932 millones, cuya primera fase ocuparía 128.000 m², la cual se estrenaría en 2027.
¿Cómo es el proceso de expropiación? ¿Cuánto nos pagarán? ¿Dónde nos iremos? ¿Podré comprar una casa igual a la que tengo con lo que me pague el Estado? ¿En qué voy a trabajar? ¿A qué escuela voy a mandar a mis hijos? ¿Necesito un abogado para las expropiaciones? son algunas de las preguntas para las que urgen respuesta los habitantes de estas comunidades.
De ellos, muy pocos se oponen al proyecto, la mayoría reconoce que es necesario para el desarrollo del país y que generará miles de empleos en un cantón urgido de fuentes de trabajo. Sin embargo, no se pueden apartar la idea de que también se quedarán sin sus casas, sin su apacible estilo de vida y hasta los obligará a cambiar la forma de ganarse el sustento diario.
En un intento de apaciguar sus preocupaciones, los afectados conformaron un comité de vecinos, según relató Raúl Alvarado Sibaja, vecino de Mastate. Aparte de los temas de expropiaciones, quieren datos sobre los efectos en la salud, principalmente, por los niveles de ruido.
Alvarado es dueño de hectárea y media de terreno, propiedad que está entre las 370 declaradad de interés público en el decreto ejecutivo 40.431-MOPT, firmado el 31 de mayo anterior. Estar en esa lista significa que no se puede vender ni hipotecar de ahora en adelante.
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La organización vecinal, conformada el 24 de julio en una reunión que convocó a más de 150 vecinos, ya tuvo dos citas con autoridades de la Municipalidad de Orotina para expresar sus inquietudes. En los próximos días pedirán reunirse con representantes de la Presidencia de la República y la Defensoría de los Habitantes.
Los vecinos, además, acordaron pedirle al Ayuntamiento orotinense que los apoye para que Casa Presidencial derogue el decreto ejecutivo que declaró de interés público sus inmuebles.
"Tenemos dos vertientes de pelea, la primera es cuestionar el sitio seleccionado para el aeropuerto porque toda la vida se ha dicho que el aeropuerto se iba a hacer en Cascajal ¿Por qué? porque ahí hay menos gente, la tierra es más plana, las propiedades son más baratas, está más cerca de la línea del tren, esa zona tiene más ventajas (...) La otra línea de pelea es agotar todas las instancias necesarias para que nos paguen un precio justo", añadió Alvarado.
El grupo se apoya en dos tesis universitarias de estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Veritas para cuestionar el lugar seleccionado por el consultor Mott-Macdonald para la obra.
Mario León Barth, vecino de Sabanilla de Montes de Oca y quien posee una finca de 7.000 m² en Mastate, argumentó que construir el aeropuerto en Mastate, Coyolar y La Ceiba afectaría al 56% de los 23.000 habitantes de Orotina por la contaminación sónica.
"Acá no solo estamos hablando de los expropiados, sino que los colindantes del nuevo aeropuerto deberían ser reubicados porque no hay posibilidad de aislamiento acústico en las casitas de la zona", señaló León, quien es médico.
De acuerdo con el profesional, está demostrado que los niveles de ruido del aeropuerto provocan estrés, sordera a largo plazo, insomnio y hasta problemas cardiacos.
Hasta ahora, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) no se ha comunicado con los propietarios para informarles cuándo iniciarán los procesos de expropiación u orientarlos sobre los procedimientos.
Demandas
El comité de vecinos pretende que el Gobierno les defina un concepto de precio justo, que se incluya una indemnización por desarraigo en la negociación de las expropiaciones, que los procesos sean transparentes y que el estudio de impacto ambiental tenga un capítulo amplio sobre los efectos del aeropuerto en la salud de las personas que vivan cerca.
"Lo que hemos hablado es que para nosotros el concepto de precio justo es algo que debe quedar claro, para nosotros un precio justo es aquel que nos permita conseguir una propiedad equivalente a la que tenemos", manifestó Raúl Alvarado, quien se mudó a Orotina hace 12 años luego de dejar la docencia universitaria.
Para conseguir sus objetivos, las comunidades se organizaron y nombraron encargados de darle seguimiento a temas como valoraciones de terrenos, salud, ambiente y comunicación.
"Mi lote está dentro de la lista, son 1.000 m² con una casa pequeña donde vivo con mis tres hijos. A mí lo que me preocupa es que no pueda conseguir algo decente para vivir con ellos, esto para mi ha sido un daño", declaró Mario González, quien labora como guarda.
González ha prestado su casa para varias reuniones vecinales.
"Esto (aparecer en la lista de expropiados) es un daño, yo quería vender mi propiedad para irme a San Mateo por un problema familar, pero ya no puedo", relató.
Isaura Umaña, vecina de Coyolar, no oculta su preocupación, pues, habita un terreno de 500 m² en el que hay cuatro casas, unas de madera y otras prefabricadas; todas las construcciones son de familiares y las han levantado de a poco.
"Vino un perito que es amigo mío y me valoró mi casa en ¢8 millones, yo con eso no hago nada ¿Dónde voy a comprar y hacer casa con esa plata?", alegó Umaña, ama de casa y madre de dos menores de edad.
Mario Loaiza, de 74 años, es otro de los que tendría que dejar su casa para que se haga el aeropuerto.
Él llegó a Mastate hace tres años buscando más tranquilidad; vive junto a su esposa en una vivienda prefabricada y le ha dedicado decenas de horas a los jardines y a arreglar la entrada de su propiedad. No quiere irse, pero si debe marcharse se irá con una hija, en Alajuela.
Loaiza es miembro del comité que pone en duda la ubicación del proyecto.
"Si nos van a expropiar queremos que nos paguen precios justos, no que nos paguen cochinadas, otra cosa es que acá muchas personas necesitarán asistencia para reubicarse porque son familias pobres (...) Nadie del Gobierno se nos ha acercado a darnos información, nadie de Aviación Civil ni de Gobierno central se ha acercado a decirnos nada", aseveró el hombre.
Jonathan Jiménez, encargado de prensa de la Municipalidad de Orotina, aseguró que están levantando una base de datos para determinar cuántas familias de las que se van a expropiar son de bajos de recursos y necesitarían asistencia del Estado para reubicarse.
Benjamín Rodríguez, segundo vicealcalde del cantón, indicó evalúan pedirle al Gobierno que ofrezque soluciones de vivienda para las familias que lo requieran.