El gerente de la Sociedad Portuaria Caldera (SPC), Ricardo Ospina, aseguró este miércoles ante los diputados de la provincia de Puntarenas, que no han iniciado negociaciones para las obras complementarias que el presidente Rodrigo Chaves anunció el pasado 20 de junio, como medida para sacar del colapso al principal puerto del país en el Pacífico.
Pese a que en esa ocasión, el mandatario incluso afirmó que el desarrollo de las obras se compensaría con una ampliación contractual a la actual concesionaria de cinco años, Ospina sostuvo que no se han hecho los estudios de preinversión necesarios para determinar el costo de las obras que se requieren. Por lo tanto, no existe un monto, ni tampoco un plazo de extensión en el contrato para amortizar esa inversión.
“Yo particularmente me he reunido una sola vez con el presidente (...) Las cámaras pidieron las obras paliativas con el INCOP, nosotros en este momento no estamos negociando, estamos haciendo ingeniería a ver eso qué significa, porque todo lo que se ha hablado es como un poco al aire”, respondió Ospina a una pregunta del diputado del Frente Amplio Ariel Robles.
Robles cuestionó, sobre quiénes son los que entonces están llevando a cabo las negociaciones o con quiénes se ha reunido el presidente para llegar a las cifras anunciadas, sin obtener una respuesta.
La saturación del puerto hace que barcos de mayor tamaño deban esperar varios días para ser atendidos. (Alonso Tenorio)
De acuerdo con Ospina, hasta ahora solo han sostenido encuentros con representantes de las cámaras y en una ocasión estuvo presente el ministro de Obras Públicas Luis Amador, aunque insistió que no se trató de una negociación.
En junio anterior, cuando Chaves anunció el plan para atender el colapso de Caldera, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones, José Álvaro Jenkins, dio a conocer que desde hace años se venía valorando esta opción de obras paliativas para aumentar la capacidad del puerto en un 18% y para las cuales se requiere una inversión cercana a los $42 millones.
Sin embargo, de acuerdo con lo declarado por Ospina ante los legisladores, ese monto tampoco está sustentado en estudios serios.
El gerente de SPC dijo que actualmente el diseñador de la concesionaria está haciendo la ingeniería para saber el monto real y qué tanto aportaría a la descongestión del puerto, así como el impacto de esto en el modelo financiero.
“No sé si necesita dos o cinco años de extensión a la concesión”, enfatizó.
Durante su presentación, el gerente de SPC, aseguró que desde el 2016 han venido advirtiendo sobre la situación del puerto, e incluso en el 2018 hicieron una propuesta de inversión por $150 millones, la cual fue desestimada porque no respondía a un plan maestro.
El funcionario también cuestionó el proyecto de sacar una licitación internacional para la modernización del puerto, pues aseguró que de lograrse adjudicar en el 2026 como tiene previsto el Gobierno, no se contaría con una solución tangible para la descongestión del puerto antes del 2030.
A su criterio, las 14 medidas paliativas que fueron elaboradas en conjunto con las cámaras empresariales, permitirían bajar la ocupación del puerto de un 90% que tiene actualmente (y que en términos portuarios es considerado una condición de saturación) a un 70% que es el porcentaje de ocupación óptimo.
“Las medidas son oxígeno para poder hacer el proceso de licitación y son anticipos de las obras que tiene el plan maestro”, aseguró.
Semanas atrás, el presidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Widman Cruz, aseguró a La Nación que la negociación con la concesionaria solo va a contemplar ampliación del plazo y no aumento de tarifas, que no se van a fusionar contratos de concesión, ni se hará una contratación directa.
El colapso del puerto, impide atender con celeridad barcos más grandes, pues solo hay un puesto de atraque con capacidad para recibir barcos de 12 metros de calado, lo que implica que cuando llega más de un buque con ese tamaño, deben esperar en bahía durante varios días.
La estimación, de acuerdo al plan maestro elaborado por la empresa Arcadis, es que el colapso del puerto representa pérdidas para el país por $100 millones anuales.
Ese mismo plan, estimó la inversión necesaria para modernizar el puerto en $251 millones.
El diputado liberacionista, Francisco Nicolás, también aprovechó la comparecencia de Ospina, para preguntar por las relaciones que tienen los accionistas de la Sociedad Portuaria, con Calixto Chaves, uno de los principales financistas de la campaña de Rodrigo Chaves.
Ospina aseguró que Calixto Chaves no tiene acciones, pero sí sus hijos José Pablo Chaves y Mónica Chaves, incluso el primero forma parte de la junta directiva de la SPC.
Además, al ser interpelado por los ingresos que ha tenido la concesionaria en estos 15 años, Ospina aseguró que estos han rondado los $667 millones en 15 años, e insistió que corresponden a ingresos brutos y no ganancias.
