El puerto de Caldera arrastra más de cinco años de colapso, por lo que para atender la crisis, el presidente Rodrigo Chaves anunció que ampliará por cinco años el contrato con la concesionaria Sociedad Portuaria Caldera (SPC) para que esta realice mejoras en infraestructura que el puerto de Caldera requiere.
La decisión la tomó tras sostener una reunión con representantes de cámaras empresariales, en la que plantearon todas sus preocupaciones.
Hasta ahora, las autoridades no han especificado las condiciones de la eventual adenda o la figura bajo la cuál se haría esa ampliación de contrato a la firma cuya concesión vence en el 2026. Únicamente señalaron que se hará bajo la Ley de Contratación Administrativa y el régimen de concesión de obra pública.
Las medidas anunciadas por el presidente, sin embargo, no son nuevas y así lo reconoció el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones, José Álvaro Jenkins, al afirmar que desde hace años se venía valorando esta opción de obras paliativas para aumentar la capacidad del puerto en un 18% y para las cuales se requiere una inversión cercana a los $42 millones.
Con cuarenta años de existencia, el único muelle de carga internacional ubicado en el Pacífico costarricense enfrenta un congestionamiento que impide atender con celeridad barcos más grandes, pues solo hay un puesto de atraque con capacidad para recibir barcos de 12 metros de calado, lo que implica que cuando llega más de un buque con ese tamaño, deban esperar en bahía durante varios días.
Eso, a su vez, se traduce en recargos por demora que son trasladados a los importadores y por ende a los consumidores finales. La estimación es que el colapso en Caldera genera pérdidas anuales por unos $100 millones.
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El presidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Widman Cruz, aseguró a La Nación que la negociación con la concesionaria solo va a contemplar ampliación del plazo y no aumento de tarifas, que no se van a fusionar contratos de concesión, ni se hará una contratación directa.
Paralelamente, el Gobierno pretende avanzar en el proceso de la nueva licitación internacional para la operación y ampliación del puerto, que según el plan maestro presentado en el 2019, costaría $251 millones.
Según Chaves, llevar adelante esa gestión tomaría unos daños pues deben considerarse estudios técnicos y eventuales apelaciones, entre otros aspectos.
Así lo manifestó a pesar de que en abril, el entonces jerarca del Incop, Juan Ramón Rivera, aseguró que la estructuración del contrato para la nueva licitación estaba lista, pero que dejarían que el gobierno siguiente diera el visto bueno al cartel.
Dicho cartel para sacar a licitación la nueva concesión del puerto incluye el modelo financiero, la metodología tarifaria y la factibilidad del proyecto, que deberán ser consideradas por las empresas interesadas.
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Consultado sobre ese trámite y el nuevo plazo anunciado por el presidente, el jerarca del Incop aseguró a este diario que la anterior administración no dejó nada encaminado.
Posibles trabas contractuales
Esta no es la primera vez que se procura dar a SPC más plazo en la concesión a cambio de que realice mejoras en el puerto.
Precisamente, esa era la primera opción que sugería el plan maestro por el cual el gobierno anterior pagó $560.000 a la empresa Arcadis.
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Sin embargo, esa salida no era la más sencilla, pues la concesión de puerto Caldera no se firmó con la Ley de Concesiones (no existía), sino que se hizo una contratación de operación y servicios con fundamento en la Ley de Contratación Administrativa.
Eso significa que la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), consorcio a cargo de la gestión, no puede realizar obras civiles importantes, sino que únicamente está facultada para labores de mantenimiento y prestación del servicio.
Pero eso no es lo único, en puerto Caldera conviven tres contratos diferentes: el primero y más importante es el mencionado de gestión de servicios públicos de la Terminal de Puerto Caldera, es decir por el cual SPC se encarga de la operación del puerto; el segundo se denomina “Contrato de concesión de obra pública con servicios públicos para la construcción y operación de la Terminal Granelera de Puerto Caldera” y solo tiene como objeto el diseño, construcción y explotación de dicha terminal y, por último, el “Contrato de concesión de gestión de servicios públicos de Remolcadores en la vertiente del Pacífico”, que se encarga precisamente de esa actividad.
Esa situación, llevó al gobierno de Carlos Alvarado a valorar una fusión entre el contrato de la terminal granelera y el de operación, para así realizar las mejoras.
Sin embargo ese plan tampoco prosperó como se evidencia en el oficio DFOE-DI-1299 emitido por la Contraloría General de la República, en junio del 2020, en el que respondía consultas de varios diputados, sobre algunas de las imposibilidades de dichas gestiones.
Sobre la posible fusión, el ente contralor indicó que “que no es viable una fusión o la combinación de contratos vigentes en puerto Caldera”. Asimismo, dijo que “el procedimiento a seguir para seleccionar un contratista o concesionario que asuma la eventual ampliación del Puerto, por regla general es la licitación pública, por lo tanto, cualquier excepción para el uso de esta es una materia de reserva de ley”. Esto debido a que la naturaleza de cada uno de los contratos es distinta.
El criterio citado también indica: “Ahora, en cuanto a si el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) legalmente puede contratar de forma directa al concesionario actual o alguna otra parte interesada, se debe considerar que conforme a la Constitución Política el procedimiento a seguir para seleccionar un contratista o concesionario que asuma esos proyectos, por regla general es la licitación pública”.
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“Por lo tanto, en criterio de este órgano contralor, solo si la legislación que utilice el Incop o cualquier Administración para desarrollar sus proyectos así lo permita, se podrá excepcionar el uso de la licitación para seleccionar al contratista o concesionario idóneo para desarrollar los respectivos proyectos o aprovisionamiento de bienes y servicios”.
En la última intervención, el presidente Chaves dijo que había invitado a la contralora Marta Acosta a dar “consejo” en la negociación.
“A pesar de que ella no debe ni puede coadministrar, para que la negociación no sea limpia, sea aséptica, y que ella vea el proceso para poder dar el refrendo. ¿Porque sabe qué? Yo no puedo firmar sin que la Contraloría esté de acuerdo”, manifestó.
Al respecto y ante una consulta de este diario Acosta respondió que no es posible considerar como consejo la remisión de documentos resultantes de la fiscalización que realice la CGR.
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“Como con cualquier jerarca del Poder Ejecutivo, cuando nos consultan sobre un tema que haya fiscalizado la Contraloría General, se remiten los documentos públicos de la actividad de fiscalización desplegada al respecto del tema, no pudiendo considerarse eso ‘consejo’ dada la independencia constitucional que como ente de control externo tenemos y la garantía de no coadministración que impera en nuestro sistema institucional desde la Contraloría General”, advirtió la contralora.