Director de Obras Públicas sobre concentración de contratos: ‘Desde antes de Cochinilla nos habían dado la alerta’
Funcionarios del MOPT se refirieron a carteles para arreglos de vías cantonales recaídos en manos de grandes empresas
Los funcionarios del MOPT reconocieron la existencia de portillos legales en las municipalidades que podrían favorecer corrupción. Foto: Captura de pantalla.
El director de la División de Obras Públicas del MOPT, Ariel Vega León, reconoció ante los diputados que desde antes de que se conocieran los escándalos por el Caso Cochinilla y la Operación Diamante, ellos habían sido alertados sobre la concentración de los contratos para la atención de rutas cantonales en manos de pocas empresas .
Vega compareció este miércoles ante la Comisión Legislativa que investiga sobre esos casos, en los que están involucrados funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y empresas constructoras por supuestos actos de corrupción en los proyectos de construcción de carreteras. El Caso Cochinilla estalló en junio y Diamante, en noviembre.
El funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), hizo la afirmación al ser cuestionado, específicamente, por la situación de la empresa MECO, que figura en ambas causas judiciales y a la cual se le han adjudicado obras por más de ¢21.000 millones del Programa Red Vial Cantonal, que se financia con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“De previo al Caso Cochinilla, la misma comisión adjudicataria nos había hecho la alerta. El mercado está muy cerrado, las empresas que actualmente hay están muy seccionadas: las muy poderosas o las muy pequeñas, no hay un término medio de empresas con capacidad de ejecución media”, dijo Vega.
A modo de ejemplo, mencionó que incluso MECO ganó siete de 12 concursos y de esos siete en cinco se los adjudicó por apelaciones.
“Ya ahí para nosotros se nos sale de las manos que las empresas participen, no sé si a nivel externo llegan a acuerdos (...) De parte nuestra hemos tratado de involucrar otras empresas, lastimosamente a la hora de concursar no todas aportan las ofertas”, agregó.
Vega insistió en que las políticas del BID son estrictas, en que se deben adjudicar los paquetes a las ofertas de menor costo que cumplan con la parte técnica. Incluso, dijo, se hizo un ejercicio de elaborar paquetes más pequeños, pero no funcionó.
Por su parte, la directora del Área de Coordinación y Participación y además administradora del proyecto por parte del MOPT, Suleyka Aymerich Pérez, explicó que son las municipalidades las que deciden cómo se intervienen los caminos, pero el proceso licitatorio lo realiza una comisión. La funcionaria, sin embargo, reconoció la existencia de portillos legales en los municipios.
En su criterio, la Ley de Transferencias de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades flexibilizó los requisitos al eliminar la figura de las unidades técnicas en los ayuntamientos, por lo que no hay respaldo técnico en la formulación de los proyectos. Al ser consultada directamente si una hipótesis sería que entonces el problema viene desde esas etapas, la Aymerich admitió que esa falta de preinversión podría favorecer la concentración de contratos.
“Sí se abre el portillo. Nosotros estamos muy estructurados en el tema de preinversión y formulación de proyectos ¿cómo usted diseña un asfalto, un puente, si no hay una unidad técnica que tiene que responder a un proyecto bien formulado porque se debilitó esa figura a lo interno? (...)No sé a manos de quién podría quedar la formulación de un proyecto si no hay un ingeniero que me firme los planos, puede ser que lo estén contratando, pero hay casos en los que no tenemos esa contraparte porque la ley lo eliminó”, afirmó la ingeniera.
MOPT Los funcionarios del MOPT reconocieron la existencia de portillos legales en las municipalidades que podrían favorecer corrupción. Foto: Captura de pantalla.
Vega recordó que cuando se inició el programa hubo resistencia de parte de las municipalidades a que los fondos fueran administrados por el MOPT, pues muchas querían que los recursos del crédito se les transfirieran directamente a los gobiernos locales. “Ellos querían elegir a dedo los proyectos”, aseveró.
La comisión legislativa especial que fue creada en junio del año pasado, luego de los allanamientos que destaparon el Caso Cochinilla, continuará durante los próximos meses en la indagación de los hechos que trascendieron posteriormente, bajo la denominada Operación Diamante, donde se vieron involucrados los alcaldes Johnny Araya Monge, de San José; Mario Redondo Poveda, de Cartago; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa.
