Los diputados de la Comisión de Infraestructura acordaron investigar el proceso seguido para otorgar el permiso de uso en precario que permitió a la empresa alemana Dekra asumir la inspección técnica vehicular en el país, desde hace poco más de un año.
Esta decisión se tomó al aprobar una moción presentada por la diputada liberacionista Carolina Delgado, la cual planteó que también se analice la emisión del decreto que “presumiblemente habría generado beneficio a la empresa en contra del interés público”, debido a que permite cobrar la tarifa de inspección completa cuando los vehículos presentan más de un defecto grave, en vez de la tarifa de reinspección.
La moción fue aprobada por unanimidad por los siete diputados que conforman ese foro, luego de la sesión del lunes 27 de noviembre, en horas de la noche.
Para llevar adelante la pesquisa, los legisladores llamarán a comparecer al ministro de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez; a la directora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Cindy Coto Calvo y al procurador general, Ivan Vicenti Rojas. También serían llamados el regulador general, Eric Bogantes Cabezas, y el intendente de Transportes, Edward Araya Rodríguez.
El ministro deberá rendir cuentas una vez más por la selección de Dekra.
La selección de Dekra como encargado de la operación mediante la figura de permisionario de uso en precario se dio en agosto del año pasado mediante un procedimiento que estuvo lleno de polémicas, ya que la firma alemana no era la que presentaba la mejor oferta.
El jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) inicialmente justificó su decisión basado en dudas respecto a la experiencia reportada por la firma que obtuvo el primer lugar, así como señalamientos por supuestos hechos de corrupción de esa compañía en Honduras, sobre los que él mismo había indicado (según consta en actas del Cosevi) no se tenían pruebas y, se creía, se relacionaban más con un funcionario público.
Otro hecho polémico en torno a la operación de Dekra fue la publicación de un decreto impulsado por el MOPT tres días antes del inicio de funciones de la empresa.
Esa normativa modificó el reglamento de la revisión técnica con el fin de obligar a los propietarios a repetir la inspección en su totalidad y pagar la tarifa completa nuevamente, cuando el vehículo registrara más de un defecto grave en la primera inspección.
Ese ajuste generó a Dekra ganancias por ¢1.500 millones durante su primer año de operación, según datos suministrados por la Aresep a este diario, a inicios de noviembre.
Tanto el Cosevi como Dekra insistieron en que la necesidad de una nueva inspección obedecía a razones de seguridad vial.
No obstante, el 7 de noviembre del año pasado, Amador reconoció que la empresa les había indicado que “sin una tarifa que permitiera cubrir sus costos, no entraba”. Dijo que el cambio en el reglamento era necesario y que este sería temporal.
La semana pasada, ante consultas de este diario, el Cosevi confirmó que de momento no se tiene previsto modificar el reglamento de inspección.
El permiso mediante el cual opera Dekra en el país vence en noviembre del próximo año y antes de que eso ocurra el Cosevi debe completar un proceso de adjudicación para encargar la inspección vehicular a dos firmas.
Ese proceso actualmente se encuentra detenido, ya que solo una empresa cumplió los requisitos en la primera etapa de precalificación, por lo que el jerarca del MOPT no descartó que se deba realizar un nuevo trámite. Dekra fue una de las firmas que participó en esa primera etapa, sin embargo no cumplió con los requisitos financieros establecidos en el cartel.
