La decisión se toma un día después de que se rechazara la gestión por un faltante de ¢2,2 millones en el presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), lo que mantenía paralizado el proyecto vial de $163 millones.

Con la resolución de este viernes se amplía el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), encargada de las labores de fiscalización. Este convenio es por nueve meses y con un costo de $1,3 millones.

“La CGR dio hoy luz verde al contrato de supervisión de la Circunvalación norte, una vez que el Conavi logró certificar la suficiencia en los recursos presupuestarios para hacer frente al diferencial cambiario señalado en el oficio notificado ayer, como parte del trámite gestionado por esa entidad conforme el marco normativo vigente y obligatorio para la Administración en este tipo de gestiones.

“Queda ahora en manos de la Administración, bajo su responsabilidad, ejecutar lo pertinente. Se adjunta tanto el oficio remitido por el Conavi junto con dos certificaciones de recursos requeridas como el oficio de la CGR con el aval legal”, dijo el órgano contralor.

Este mismo viernes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó de que se firmó la ampliación de contrato con UNOPS y se ordenó reactivar los trabajos de construcción de manera inmediata.

Diferencial cambiario

Durante la gestión de la adenda, la Contraloría advirtió al Conavi que no demostraba tener el presupuesto suficiente para pagar a UNOPS los $1,3 millones, razón por la cual rechazó en dos ocasiones la solicitud.

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Ese faltante, sin embargo, se debía al diferencial cambiario, es decir, porque al pasar los $1,3 millones a colones, resultaba ser una cifra mayor a la que tenía el Conavi reservado.

De acuerdo con la documentación de la Contraloría, en el proceso de aprobación de la adenda el departamento financiero del Conavi certificó que poseía ¢816,6 millones. Para cumplir con las exigencias, este jueves 8 de abril, el Consejo envió una nueva certificación en la que indica que aumentó su reserva a ¢819,1 millones.

La situación paralizó las obras en los cuatro flancos del proyecto desde el martes, lo que podría implicar despidos de trabajadores por parte de la empresa constructora, el consorcio Estrella-H. Solís e incluso eventuales cobros al Estado por perjuicios.

Circunvalación norte es una obra que lleva más de 40 años en la lista de pendientes del Estado; su inauguración permitiría agilizar la movilización de 100.000 vehículos por día.

Lecciones

Aparte de atrasos y posibles consecuencias económicas por la suspensión de trabajos, este episodio dejó enseñanzas, según palabras de Mario Rodríguez, director ejecutivo del Conavi.

“De cada una de estas situaciones aprendemos, la última nota que enviamos a la Contraloría recoge la lección que aprendimos, ya ahí (última nota) hablamos del margen para diferencial y yo creo que, en este tipo de casos, independientemente de que los presupuestos están en dólares, es cierto que los gastos están en colones.

“Entonces, la lección que aprendemos es mostrar a la Contraloría esa partida para diferencial cambiario que en este tipo de casos debe existir”, comentó Rodríguez.

Sobre eventuales pagos estatales a favor de la constructora por costos indirectos provocados por la suspensión, el jerarca aseveró que la compañía deberá justificarlos.

“Si el consorcio considera que ha tenido alguna afectación, tienen mecanismos; en eso hay bastante claridad en cómo se deben hacer los reclamos. Aquí lo que nos interesa es ver hacia adelante, somos un país que queremos hacer las cosas, pero tenemos un margen de legalidad”.

Conflicto con la CCSS

Otro del los aspectos que cuestionó la Contraloría en relación con la nueva contratación de UNOPS, es que esta agencia sigue sin inscribirse como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

En su resolución de este viernes, la Contraloría señaló que existe un proceso de diálogo con la mediación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para resolver las diferencias entre la Caja y la agencia de las Naciones Unidas.

Desde 2019, la Contraloría pidió a la CCSS abrir un procedimiento para que UNOPS cancele cargas sociales por los trabajadores que emplea en el país, eso desató un pulso entre las autoridades del Seguro Social y esa organización.

La razón del problema es que las oficinas del sistema de Naciones Unidas insisten en que tiene privilegios e inmunidades que los eximen de esa obligación; criterio contrario tiene la Contraloría y la Procuraduría General de la República.