La reforma planteada por el Gobierno para devolver la rectoría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es vista con buenos ojos por representantes del sector construcción, quienes también señalan la necesidad de atender temas claves como la inversión en obra pública y fortalecer mecanismos de concesión.
El presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Carlos Trejos, recordó que la necesidad de reestructurar el MOPT se ha venido planteando desde hace muchos años, pues mejoraría la eficiencia y eficacia de la ejecución y mantenimiento de la infraestructura vial.
Desde esa cámara también apuntaron la necesidad urgente de que exista una política de Estado que defina los proyectos prioritarios con criterios técnicos y de importancia nacional, para que la ejecución no dependa de los cambios de Gobierno, es decir que no se limite a períodos de cuatro años.
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La propuesta entregada el lunes por el ministro Luis Amador, incluye entre otras cosas la creación de un sistema de gestión de carreteras para determinar las inversiones y planes operativos a largo plazo.
“Es necesario incrementar la inversión en obra pública para atender el rezago que se ha acumulado durante más de 30 años y para esto necesitamos que este ministerio tenga la capacidad de ejecutar el presupuesto de forma responsable, pero también expedita”, añadió el representante.
Por su parte, la directora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Ileana Aguilar, destacó que aunque la iniciativa propone crear jefaturas para los diferentes sectores que hoy son atendidos por órganos desconcentrados, todas estas estarían bajo la sombrilla del jerarca del MOPT, lo cual devuelve la responsabilidad al Ministerio como rector.
En su criterio, la eliminación de las juntas directivas no restaría participación, pues la propuesta contempla la creación de consejos consultivos, aunque estos no tendrán voto en la toma decisiones.
“Más bien vemos de forma positiva que sean expertos técnicos que vayan a darle consejo a estas direcciones. El Ministerio tiene que ser un órgano técnico, no tiene por qué haber injerencia política”, agregó.
Enfatizó, sin embargo, que en el tema de concesión de obra pública se debería ir más allá de vías.
“Nos preocupa que concesiones no es solo carreteras y transportes, pueden ser cárceles, escuelas, hospitales, puede haber posibilidades de alianzas público privadas en muchas obras de infraestructura”, apuntó Aguilar.
Aguilar también expresó inquietudes relacionadas con el organigrama propuesto en la ley, por ejemplo, mantener la Policía de Tránsito bajo el mando del ministro.
En el sector de transportes, el proyecto de ley también elimina la junta directiva del Consejo de Transporte Público y en la cual ha habido representación ciudadana y de empresarios, quienes participaban de la toma de decisiones.
Jessie Vega, quien hasta el pasado 7 de mayo formó parte de ese órgano como representante de los usuarios, apuntó que la reforma debe ser vista como una oportunidad para que exista una participación ciudadana real en la planificación y que exista mayor transparencia en la rendición de cuentas.
“Si el fin es una reestructuración que implica que las partes trabajen en conjunto y se va a tener una prioridad de los usuarios, si va haber por ejemplo una oficina de experiencia de usuarios en cada planificación de proyecto, sería más favorable que tener un puesto en la junta que diga ‘representante de los usuarios’, porque a como está ahorita en un ente con débil transparencia, la percepción de los usuarios no se toma en cuenta en la planificación de los proyectos”, aseveró.
Vega también celebró que se procure una estructura que favorezca la coordinación porque actualmente los mismos colaboradores de entes adscritos al MOPT “no quieren trabajar de la mano para objetivos país”.
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Luego de la presentación el del plan, el jerarca del MOPT adelantó que al tiempo que el texto se tramita, iniciaría la planificación del reacomodo de personal y funciones dentro de la institución.