Diego Bosque. 18 junio
Alejandro Rossi, representante de UNOPS en Costa Rica, sostiene que gozan de inmunidades y privilegios y por lo tanto no deben cancelar cargas sociales en el país. Fotografía: Albert Marín.
Alejandro Rossi, representante de UNOPS en Costa Rica, sostiene que gozan de inmunidades y privilegios y por lo tanto no deben cancelar cargas sociales en el país. Fotografía: Albert Marín.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) omitió pagar cargas sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pese a que esos costos fueron incluidos en los contratos para la construcción de tres obras viales.

Así lo reflejan los estudios de razonabilidad de precios elaborados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) antes de firmar los acuerdos con UNOPS por $3,3 millones para la ampliación de los puentes sobre el río Virilla en Tibás y Santa Ana y por $5,3 millones para la supervisión de los trabajos en Circunvalación norte.

En el caso de los puentes, UNOPS, que es un organismo operacional de las Naciones Unidas, ejecuta la contratación de los diseños y la construcción. Es una especie de intermediario entre el Conavi y las constructoras. Mientras, en Circunvalación norte vigila la labor del consorcio a cargo de ese proyecto.

La agencia de la ONU alega que por ser parte del sistema internacional, está exenta del pago de cuotas obrero-patronales en Costa Rica.

Los análisis de precios, firmados por Oldemar Sagot, jefe de la Unidad de Costos del Conavi, forman parte del expediente de esas obras públicas y fueron refrendados por la Contraloría General de la República (CGR) al avalar la relación contractual entre UNOPS y el Estado.

Además, en los refrendos, la Contraloría le subrayó al Conavi su obligación de vigilar que la agencia de la ONU cumpliera con los pagos a la seguridad social costarricense.

También, lo reafirmó un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.

Literalmente, el abogado del Estado dice: “Ningún organismo internacional especializado de las Naciones Unidas, acreditado en Costa Rica, podría alegar el estar exento de la aplicación de las normas del derecho interno que regulan la relación laboral y la seguridad social entre los nacionales de nuestro país y la organización o sus órganos especializados”.

No obstante, UNOPS ni siquiera aparece inscrito como patrono y el porcentaje de los contratos correspondiente a la seguridad social no ha llegado a las arcas de la CCSS.

Desde setiembre de 2019, la Contraloría pidió a la Caja investigar la condición patronal de UNOPS.

En febrero de este año, el Área de Aseguramiento y Fiscalización de Servicios de la CCSS envió a UNOPS una solicitud para obtener los contratos firmados con sus trabajadores, planillas internas, acciones y movimientos de personal, comprobantes de pagos de salario y copias de los acuerdos firmados con Conavi.

Ante esa petición, UNOPS ignoró el requerimiento y pidió, por escrito, la intervención del Gobierno para frenar la pesquisa en su contra.

El 6 de junio, la oficina de prensa de la CCSS informó que solicitaron al Conavi los documentos que UNOPS rehusó entregar.

‘No firmamos contratos, firmamos convenios de cooperación'

Alejandro Rossi, representante de UNOPS en Costa Rica, aseguró que gozan de inmunidades y privilegios que los eximen de cancelar obligaciones patronales.

“Primero, nosotros no firmamos contratos, firmamos convenios de cooperación. Segundo, estoy al tanto de los presuntos informes de razonabilidad que habría hecho el Conavi. Nosotros nos basamos, para firmar nuestros acuerdos, en las propuestas que elabora UNOPS para el Gobierno y que obtienen el refrendo de la Contraloría. En los presupuestos que elaboramos, no hay ningún rubro que se refiera a este capítulo de posibles aportes al sistema de seguridad social local”, dijo Rossi.

La posición expresada por el vocero es contraria a la de la CCSS, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El 22 de mayo, la Cancillería de la República remitió a la ONU una nota en la que indica que están obligados a pagar tributos a la seguridad social.

“Como ha manifestado el Estado costarricense en reiteradas ocasiones, ninguno de los instrumentos internacionales señalados prevé expresamente que las Naciones Unidas o los Organismos Especializados se encuentren exonerados en materia de la contribución al sistema de seguridad social tratándose de contrataciones de personal local costarricense o con residencia en el país”, señaló la Cancillería en su escrito.

Rossi evitó responder cuántas personas emplea en Costa Rica para el desarrollo de sus actividades y se comprometió a ampliar su posición en una entrevista la próxima semana.

Planillas millonarias

Para la administración de las ampliaciones de los puentes sobre el río Virilla en Tibás y Santa Ana, el monto total para UNOPS es de $3,3 millones y el apartado para planillas es de $1,4 millones.

Según el oficio POE-03-0252-2014, firmado por Sagot, el presupuesto para planillas corresponde a la contratación de 24 personas entre gerentes de proyectos, ingenieros, abogados, dibujantes, choferes y guardas de seguridad.

De las 24 personas, de acuerdo con el documento, ocho son extranjeros traídos al país por esa organización.

Precisamente, en la evaluación de costos se contempló $61.500 para la compra de pasajes aéreos.

La Unidad de Costos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) incluyó, en el estudio de razonabilidad de precios elaborado para contratar a UNOPS, los gastos correspondientes al pago de cargas sociales. El documento fue firmado por el ingeniero Oldemar Sagot, jefe de ese departamento y forma parte del memorando de acuerdo refrendado por la Contraloría General de la República.
La Unidad de Costos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) incluyó, en el estudio de razonabilidad de precios elaborado para contratar a UNOPS, los gastos correspondientes al pago de cargas sociales. El documento fue firmado por el ingeniero Oldemar Sagot, jefe de ese departamento y forma parte del memorando de acuerdo refrendado por la Contraloría General de la República.

Sobre la supervisión de Circunvalación norte, la cifra total por los servicios de UNOPS alcanza los $5,3 millones. De ese monto, $2,8 millones son para contratación de 17 trabajadores, seis de ellos internacionales.

Carlos Jiménez, ingeniero del Conavi a cargo de la unidad ejecutora de esas obras, manifestó la decisión de retenerle fondos a UNOPS por concepto de cuotas obrero patronales se escapa de sus manos y requerirían de una directriz superior.

Añadió que en 2014, año en que se realizaron los estudios de razonabilidad de costos, él no estaba a cargo de la unidad ejecutora.

“Hay que leerlos (los oficios) más para arriba y más para abajo, pero lo que usted me cita, digamos, no deja muchas dudas, es la verdad, no vamos a tapar el sol con un dedo”, comentó Jiménez.

Mario Rodríguez, director ejecutivo del Conavi, declaró que respaldan la posición de la Cancillería y que esperarán que este conflicto se resuelva por medio de un arbitraje internacional que pretende solicitar el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Nosotros (este Gobierno) nos encontramos un memorando de acuerdo redactado en ciertos términos y lo que tenemos que hacer es vivir con ese memorando de acuerdo y sacar las obras adelante, tal y como lo estamos haciendo”, enfatizó el jerarca del Consejo.

Competencia desleal

La Cámara Costarricense de la Construcción no esconde su malestar por las condiciones en las que trabaja UNOPS en suelo nacional.

Esteban Acón Rojas, presidente de la Cámara, expresó que enfrentan una competencia desleal.

“Hay muchísimos consultores nacionales que pueden hacer la misma labor por mucho menos costo y si a eso le añadimos que los análisis de razonabilidad de costos incluyen a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la hora de darles el contrato no se paga y aún así les siguen pagando, claro que tenemos una situación injusta y desleal, completamente. No hay una competencia justa”.

“A esto se le suma que la Ley de Contratación Administrativa, el Estado no puede girar ningún pago a empresas si no están al día con la Caja, eso no ha pasado en relación con UNOPS”, agregó.

Además de la disputa con UNOPS, la CCSS mantiene gestiones de cobros por ¢1.324 millones contra siete agencias de la ONU por el supuesto incumplimiento de obligaciones patronales.

Jaime Ordoñez, doctor en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, España, dijo que la interpretación hecha por las Naciones Unidas es equivocada.

Para el experto, la normativa es clara en cuáles funcionarios de la ONU sí están exentos del pago de cargas sociales y cuáles no.

“Solo los funcionarios de rango internacional o extranjeros inscritos como Misión Internacional ante la Cancillería de la República no deben pagar. Por el resto, por el personal nacional, sí deben pagar a la Caja, están obligados y también con respecto a otras obligaciones tributarias”.

Ordoñez fue embajador especial del Gobierno de Costa Rica ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 2001, en ese año se realizó la negociación de la “Carta Democrática Interamericana”.