Diego Bosque. 6 junio
La Nación solicitó una entrevista con Alejandro Rossi, representante de UNOPS en Costa Rica, pero no contestó a los correos enviados. Fotografía: José Cordero
La Nación solicitó una entrevista con Alejandro Rossi, representante de UNOPS en Costa Rica, pero no contestó a los correos enviados. Fotografía: José Cordero

La agencia de la ONU encargada de construir obras viales en Costa Rica pidió la intervención del Gobierno para frenar una investigación de la CCSS en su contra sobre las condiciones en que contrata y emplea personal aquí.

Así consta en una “nota verbal” enviada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Tanto la Contraloría General de la República, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores son de la idea de que esa agencia debe pagar cuotas obrero-patronales.

Sin embargo, UNOPS alega que por ser un organismo internacional, no están sujetos a la legislación nacional.

“UNOPS solicita al Gobierno de Costa Rica que tome de inmediato todas las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto de los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas -que incluye a UNOPS-, en conformidad con las obligaciones del país dentro del marco del derecho internacional”, expresa el documento, del cual La Nación tiene una copia.

La reacción de UNOPS es una respuesta a la investigación que inició la Caja para precisar las condiciones en que esa organización emplea a decenas de personas en el país y velar por el respeto de derechos de los trabajadores como aseguramiento, cuotas para su pensión y aportes para el Fondo de Capitalización Laboral, entre otros.

La pesquisa se inició por una solicitud, hecha en setiembre de 2019, por la Contraloría General de la República (CGR), luego de ejecutar una auditoría sobre la administración de los contratos millonarios que mantiene UNOPS con el Estado para la construcción de obras viales con fondos públicos.

Para cumplir con la petición de la CGR, el 25 de febrero anterior, la Caja le solicitó a la agencia de la ONU copias de los contratos firmados con los trabajadores, contratos por servicios profesionales, acciones de personal, planillas internas de sus empleados, comprobantes de pago de salarios y los contratos en firme con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

La gestión de toda esa información se hizo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por tratarse de una oficina de la ONU en el país.

No obstante, en lugar de entregar los papeles requeridos, UNOPS se limitó a remitir la “nota verbal” en la que expresan que no deben pagar a la seguridad social.

La posición de UNOPS se basa en el artículo II de la Convención General de las Naciones Unidas, el cual indica lo siguiente:

“Las Naciones Unidas, así como sus bienes y haberes en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria".

Además, argumentan que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados respalda la exención de pagar cualquier obligación en los países donde operan.

“UNOPS solicita que la Contraloría General de la Republica (sic) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sea informada (sic) de que UNOPS es un órgano subsidiario de Naciones Unidas y como parte integrante de la Organización de las Naciones Unidas, está cubierta en Costa Rica por los Privilegios e Inmunidades”, nota verbal enviada por UNOPS al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Este diario solicitó, por correo electrónico, una entrevista con Alejandro Rossi, representante de UNOPS en Costa Rica, pero no respondió a la petición.

Posición contraria

El 22 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto envió un oficio a Alice Schackelford, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país, en la que reiteran la obligación de que sus agencias cancelen sus obligaciones con la seguridad social.

De acuerdo con la CCSS, no hacerlo va en contra de los intereses de los trabajadores y del sistema de salud nacional. Esa institución pública reclama el pago de ¢1.324 millones a siete agencias de la ONU por incumplimientos en sus obligaciones como patronos.

“Como ha manifestado el Estado costarricense en reiteradas ocasiones, ninguno de los instrumentos internacionales señalados prevé expresamente que las Naciones Unidas o los Organismos Especializados se encuentren exonerados en materia de la contribución al sistema de seguridad social tratándose de contrataciones de personal local costarricense o con residencia en el país”, señaló la Cancillería en su escrito.

Rodolfo Solano, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, indicó que trabajan en que la CCSS y la ONU lleguen a un acuerdo.

CCSS pedirá datos a Conavi

La oficina de prensa de la CCSS informó que UNOPS no envió los documentos solicitados meses atrás y que solicitarán los datos al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), pues esa es una de las instituciones del Estado que los contrató para la gestión de proyectos.

“Se recibió un documento señalado como “nota verbal”, en la cual devuelven la solicitud recibida por parte del Servicio de Inspección y solicitan al Gobierno intervenir para que la Contraloría General de la República y la CCSS, respeten los privilegios e inmunidades de UNOPS”, declaró la Caja.

El requerimiento de información que recibió Conavi fue enviado el 9 de mayo anterior.

UNOPS tiene a cargo la ejecución del puente sobre el río Virilla, en la ruta 32; el puente Binacional, en Sixaola, Limón; tres pasos a desnivel en Circunvalación, la ampliación de la radial a Lindora y la supervisión de la construcción del tramo norte de Circunvalación.

Además, desarrolló la ampliación del puente sobre el río Virilla en Lindora, Santa Ana.

Por ejemplo, los trabajos de UNOPS para la ejecución de tres pasos a desnivel en Circunvalación pasó, de 2015 a 2020, de $4 millones a $7,5 millones, lo cual equivale a un incremento de 86%.

La Contraloría General de la República ha cuestionado, en varias ocasiones, los retrasos y el incremento de costos en los proyectos en manos de UNOPS.

“No se puede justificar que tome ocho años realizar obras que se debieron ejecutar en cuatro, incluidos los servicios de gestión y de supervisión de los trabajos”, dijo Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes en una entrevista semanas atrás.

No es la primera vez que el jerarca del MOPT recrimina a UNOPS por sus gestiones, en 2018 calificó su labor como “nefasta”.

La Cámara Costarricense de la Construcción criticó, el 30 de abril, que UNOPS se comporta como si estuviera por encima de la ley.