Diego Bosque. 5 junio
En la imagen, fotos de las instalaciones de la ONU en Costa Rica, ubicada en el Oficentro La Virgen, en Pavas. Fotografia: John Durán
En la imagen, fotos de las instalaciones de la ONU en Costa Rica, ubicada en el Oficentro La Virgen, en Pavas. Fotografia: John Durán

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe pagar las cargas sociales por las personas nacionales o residentes que tiene empleadas en el país.

Ese fue el recordatorio que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto hizo en el oficio DGP 0806-2020, enviado el pasado 22 de mayo a Alice Schackerlford, coordinadora de la ONU en Costa Rica.

Según el documento, ninguna convención internacional los exonera de pagos a la seguridad social.

“Como ha manifestado el Estado costarricense en reiteradas ocasiones, ninguno de los instrumentos internacionales señalados prevé expresamente que las Naciones Unidas o los Organismos Especializados se encuentren exonerados en materia de la contribución al sistema de seguridad social tratándose de contrataciones de personal local costarricense o con residencia en el país”, señaló la Cancillería en su escrito.

Dicho pronunciamiento ocurre en medio de una controversia entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la ONU, por el supuesto incumplimiento en el pago de cuotas patronales y en momentos en que el sistema de salud urge de recursos para hacerle frente a la pandemia de covid-19.

“Nosotros tenemos un criterio, lo hemos esbozado en la nota, ahí está el fundamento jurídico de la Cancillería y se lo hemos comunicado a los organismos internacionales. Ellos (la ONU) tienen una posición y cuando uno tiene dos posiciones encontradas ¿qué hace? sentarnos a conversar, revisar la materia jurídica y buscar una solución viable para las dos partes”. Rodolfo Solano, canciller de la República

El 26 de mayo, La Nación dio a conocer que la CCSS mantiene registradas en condición de patrono moroso a siete agencias de la ONU por un total de ¢1.324 millones. El pasivo se originó tras denuncias de exfuncionarios e inspecciones realizadas por la Caja.

“Existe un pronunciamiento vinculante dictado por la Procuraduría General de la República, órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, que ha señalado que los funcionarios o empleados sin rango diplomático, nacionales o residentes permanentes en el país sede o receptor al servicio de organismos internacionales, están protegidos por la legislación laboral y de previsión social del país sede o receptor y tales entidades o misiones internacionales deben ajustarse a lo dispuesto por el derecho interno sobre la materia”, agrega la comunicación enviada poe la Cancillería a la ONU.

Rodolfo Solano, ministro de Relaciones Exteriores, respaldó la postura institucional y manifestó que el organismo y la CCSS deben llegar a un acuerdo.

“Nosotros tenemos un criterio, lo hemos esbozado en la nota, ahí está el fundamento jurídico de la Cancillería y se lo hemos comunicado a los organismos internacionales. Ellos (la ONU) tienen una posición y cuando uno tiene dos posiciones encontradas, ¿qué hace? Sentarse a conversar, revisar la materia jurídica y buscar una solución viable para las dos partes”, declaró Solano.

La posición de la Cancillería es contraria a la de la ONU, la cual sostiene que no tienen ninguna deuda y que no deben cancelar cargas sociales.

“La ONU actúa de conformidad con la normativa internacional, que está muy bien establecida en las convenciones que nos rigen en un país u otro. Está bien claro que a la ONU y su personal no le es aplicable el pago a los sistemas de seguridad social. Por lo tanto, la ONU no tiene deudas con la seguridad social de Costa Rica", declaró Shackelford en una entrevista con La Nación.

No obstante, la representante no detalla en cuáles artículos de las convenciones internacionales basa su posición.

Un agravante en este asunto es que la CCSS no puede ejercer acciones de cobro administrativo o judicial contra las oficinas de la ONU en Costa Rica.

Toda esta situación desemboca en consecuencias para los trabajadores de esas organizaciones y para todo el sistema de salud.

“Si el patrono no cancela sus aportes lo que sucede es que esos dineros no van a las cuentas individuales de los trabajadores y, por ende, no tendrán acreditados esos recursos en su Fondo de Capitalización Laboral y Régimen Obligatorio de Pensiones”, detalló José Rojas, director de Cobros de la CCSS.

“Recordemos que nuestro sistema de seguridad social, tanto en pensiones como en salud es universal, colectivo y solidario. Sí existe una afectación porque existe un patrono que nos está afectando la seguridad social. En esa línea, lo cierto es que hay una disminución de los dineros que llegan al fondo de salud y pensiones”, agregó.

Reclamos

Ana Iris Páez, abogada costarricense, afirma ser una de las personas que sufrió consecuencias porque las oficinas de la ONU no pagan cargas sociales.

Entre 2016 y 2017, Páez laboró durante diez meses para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en un proyecto de atención a esta población.

Al ingresar a la organización, según relató, le dejaron claro que no sería asegurada ante la CCSS y que ella debía pagar un seguro de trabajador independiente. Sin embargo, le prometieron que “más adelante” le darían un contrato permanente por medio de otra oficina de la ONU en Costa Rica, lo cual nunca se cumplió.

Durante el tiempo que prestó servicios a Acnur, Páez tuvo un accidente en una oficina al tropezar con una silla; la caída le provocó una ruptura del talón de Aquiles.

Por su condición laboral, se vio en la obligación de pagar de su bolsillo la cirugía y la recuperación por un total de $8.000.

Además, perdió las cuotas correspondientes a su pensión y los aportes para el Fondo de Capitalización Laboral.

“Es falso lo que dice la representante de la ONU en el país. A mí nunca se me dijo que había un rubro adicional o específico en el salario para pagarle a la Caja; yo siempre he cotizado como trabajadora independiente, pero es falso que ellos dan un rubro extra para eso. Eso es mentira”, comentó Páez.

Añadió que mientras trabajaba para Acnur acudió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para tratar de defender sus derechos, pero eso, según aseguró, le provocó represalias de parte de su empleador.

"En mi experiencia, el Acnur era como un país independiente de Costa Rica. Ahí somos los trabajadores los que estamos más indefensos. Todos necesitamos el trabajo, pero sabemos que en el momento em que nos quejamos no va mal.

“Por ejemplo, cuando se dieron cuenta de que yo fui al Ministerio de Trabajo, lo que mi jefa hizo fue cambiar los términos de referencia de mi contrato para no renovarlo”, manifestó.

En otro caso, un funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que daba servicios en el Centro de Gestión Tecnológica (Cegesti) acudió a los Tribunales de Trabajo para hacer valer sus derechos y que le acreditaran cuotas para su pensión, prestaciones y demás beneficios.

Aunque los Tribunales le dieron la razón, en Sala Segunda el reclamo se vino abajo, pues la representación legal del trabajador intentó cobrar los dineros a Cegesti, pero los magistrados argumentaron que debía gestionarse el cobro ante el PNUD.

Reunión para negociar

Rodolfo Solano, canciller de la República, confirmó que el viernes 29 de mayo realizaron una reunión con funcionarios de la ONU para buscar opciones de arreglo.

La cita fue convocada por la Cancillería, aunque sin participación del jerarca.

“Yo no estuve en la reunión, pero he instruido, de manera clara y precisa, que abordemos este tema que ha estado por varios años en la palestra”, dijo Solano.

La Nación envió varias consultas específicas a la ONU sobre esa cita, pero no fueron contestadas.

Danilo Mora, encargado de prensa de la ONU en Costa Rica, se limitó a responder que “constantemente” tienen reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La oficina de prensa de la CCSS informó de que ellos no participaron en esa cita.