El escenario es complejo: en un extremo está la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con un reclamo de ¢1.324 millones contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por incumplimiento de sus obligaciones patronales.

En el otro lado está ONU con una posición inamovible: no existe deuda alguna y reitera que no pagarán nada.

En el medio, tratando de conciliar, está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los acuerdos no llegan.

¿Qué es lo que pasa? Luego de varias denuncias de trabajadores y de inspecciones de oficio, la CCSS resolvió que siete oficinas de la ONU en el país incumplieron sus obligaciones patronales o reportaron salarios menores a los que realmente cancelaban a sus empleados.

Los casos no son nuevos. En total, la CCSS acumula 15 expedientes entre los años 2010 y 2019.

De acuerdo con información dada por la Caja a este diario, solo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) adeuda ¢886 millones correspondientes a siete quejas interpuestas por trabajadores.

Las otras seis oficinas que aparecen como patronos morosos son:

--Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud).

--Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

--Organización Internacional del Trabajo (OIT).

--Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

--Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

--Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, siglas en inglés).

José Rojas, director de Cobros de la CCSS, manifestó que el criterio legal de la entidad es que si esos organismos emplean costarricenses deben cancelar sus obligaciones con la seguridad social.

No obstante, reconoció que es difícil cobrar los montos pendientes debido a la posición de la ONU y al impedimento de la Caja de ejercer medidas como cierres o embargos para ejecutar los cobros.

Además, porque cualquier investigación o gestión de cobro debe hacerse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

"Estamos claros que estas organizaciones tienen una serie de privilegios y disposiciones diplomáticas que están previstas en diferentes tratados internacionales como la Convención de Viena y otros. No obstante, si este tipo de organizaciones emplea personal costarricense está previsto en las legislaciones que tienen que regirse por las regulaciones que establece el país.

“En este caso, en lo que es materia laboral, pues tienen que contribuir con cargas sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social”, comentó Rojas.

También expuso que, en la mayoría de casos, las oficinas de la ONU contratan el personal por servicios profesionales, cuando lo que existe es una relación obrero-patronal.

“Esas personas (los trabajadores) lo que hacen es venir, interponer la denuncia ante la Inspección de la Caja y con esto activan un procedimiento que nosotros llamamos elaboración de planillas adicionales. Esto es cuando ha habido una omisión o subdeclaración salarial”, añadió el funcionario.

El mismo criterio tiene la Cancillería de la República.

“La jurisprudencia administrativa ha señalado que en el caso de contrataciones de ciudadanos costarricenses o residentes permanentes, existe una obligación de cumplir con las obligaciones de seguridad social”, respondió la Cancillería por medio de su oficina de prensa.

Agregaron que han realizado reuniones entre las partes para procurar soluciones, pero no precisaron las fechas de esas citas y los nombres de los participantes.

Desde el 8 de abril de 2003, por medio del dictamen C-100-2003 la Procuraduría General de la República estableció que las misiones diplomáticas que contraten personal costarricense deben cumplir con todas sus obligaciones como cualquier otro patrono.

La Nación envió consultas sobre este tema al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, pero sus encargados de prensa respondieron que sería la Cancillería la encargada de responder.

¿Qué dice la ONU?

Alice Shackerlford, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Costa Rica, argumentó, pese a lo expresado por la CCSS, Cancillería y Procuraduría, que la ONU no tiene ninguna deuda con la seguridad social.

“La ONU actúa de conformidad con la normativa internacional, que está muy bien establecida en las convenciones que nos rigen en un país u otro. Está bien claro que a la ONU y su personal no le es aplicable el pago a los sistemas de seguridad social. Por lo tanto, la ONU no tiene deudas con la seguridad social de Costa Rica.

“Sin embargo, desde hace años estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que es nuestra contraparte, para encontrarle soluciones a este tema”, dijo.

Al ser consultada si una de las posibles soluciones es pagar, al menos, parcialmente los ¢1.324 millones reclamados por la CCSS, la representante insistió que no existe ese pasivo.

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Shackerlford explicó que los funcionarios de la ONU en Costa Rica tienen un sistema de aseguramiento y de pensiones propio de la organización.

Además, afirmó que cuando contratan un consultor exigen que ese profesional se asegure de forma independiente y presente los comprobantes a la ONU.

“Las entidades de las Naciones Unidas no están sujetas a los regímenes legales nacionales. Ahora, eso no significa que el personal de las Naciones Unidas no esté cubierto. El sistema interno de las Naciones Unidas proporciona condiciones de servicios integrales y asegura las garantías de seguridad social para su personal. Tenemos un sistema de pensiones de las Naciones Unidas y un sistema de seguro, que incluye seguro médico, licencia por maternidad, paternidad y varios otros elementos”.

Como defensa, la ONU aseguró que en 2018 y 2019 ejecutaron $113 millones en proyectos en Costa Rica, pero no ofrecieron detalles sobre esas inversiones.

Adicional a eso, afirmaron que entregaron ¢218 millones para la lucha contra el covid-19.

La Nación solicitó el desglose de esa cifra y muestras de los aportes, pero al cierre de esta información no habían dado respuesta.

Consecuencias para los trabajadores y la seguridad social

José Rojas, director de Cobros de la CCSS, explicó que la morosidad de la ONU tiene consecuencias individuales para los trabajadores afectados y colectivas para el sistema de salud.

“Si el patrono no cancela sus aportes lo que sucede es que esos dineros no van a las cuentas individuales de los trabajadores y, por ende, el trabajador no tendrá acreditados esos recursos en su Fondo de Capitalización Laboral y Régimen Obligatorio de Pensiones”, detalló.

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“Desde el punto de vista colectivo, porque recordemos que nuestro sistema de seguridad social, tanto en pensiones como en salud es universal, colectivo y solidario. Sí existe una afectación porque existe un patrono que nos está afectando la seguridad social. En esa línea, lo cierto es que hay una disminución de los dineros que llegan al fondo de salud y pensiones”, agregó.

Este reclamo llega en momentos en los que la CCSS enfrenta problemas financieros debido a la crisis por covid-19.

Los ¢1.324 millones reclamados por la Caja a la ONU alcanzarían, por ejemplo, para comprar, aproximadamente, 86 ventiladores pulmonares para cuidado crítico adulto-pediátrico-neonatal. El cálculo está basado en las autorizaciones de compra emitidas por la Contraloría General de la República.

En la actualidad la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) es investigada por la forma en que emplea a su personal en el país.