Infraestructura

11 empresas del Grupo Orosi buscan acogerse a intervención judicial para evitar quiebra

Firma estuvo a cargo de tres proyectos de obra pública, pero debió dejarlos por problemas financieros

11 empresas del Grupo Orosi solicitaron la administración por intervención judicial al Juzgado Concursal del primer Circuito Judicial de San José.

Por medio de este proceso, la compañía puede acceder a una moratoria de sus deudas mientras intenta recuperar su salud financiera y evita entrar en quiebra.

La petitoria se realizó el 11 de enero. El propietario y representante legal del grupo, Eladio Araya Mena, lo dio a conocer por medio de un edicto dirigido a "los acreedores y terceros interesados de la empresa, con la finalidad de que puedan apersonarse al indicado proceso a hacer valer sus derechos".

Aunque este grupo adeuda dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Banco de Costa Rica, se desconoce el monto total de sus obligaciones y si estas entidades son las únicas perjudicadas.

La Nación intentó obtener una reacción de Araya, pero no atendió ninguno de los teléfonos asignados a su nombre.

Grupo Orosi inició en junio del 2017 labores en la ruta a Monteverde, pero incumplimientos en los trabajos y deudas llevaron al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a disolver el contrato.

El Conavi había adjudicado estas obras a la firma por ¢6.300 millones.

La empresa era responsable del pavimentado de la carretera, la construcción de muros de estabilización, colocación de base de carpeta asfáltica, señalización horizontal y vertical y sistemas de protección de seguridad vial.

En diciembre, el Conavi constató que la constructora solo asfaltó un 22% de los 17 km de la ruta. El Consejo anunció que el vínculo finalizaría el 7 de enero.

Los problemas financieros también obligaron a la firma a cancelar su participación en los proyectos de ampliación y asfaltado de las vías Cañas-Limonal (Interamericana Norte) y Paquera-Playa Naranjo.

A la empresa se le adjudicaron contratos por poco más de $100 millones junto a su socia española, Azvi, constructora que quedó a cargo de ambas obras.

Deudas y remates

Las empresas del grupo que solicitaron la intervención judicial son: Grupo Orosi Siglo XXI, Grupo Orosi, Transportes Orosi Siglo XXI, Comercializadora Valle Central, Quebradores Orosi Siglo XXI, Servicio de Obras Civiles del Este, A y M Servicios profesionales del Valle, Desarrollos Inmobiliarios A y M, Constructora Cartaginesa EyL, Ecodesarrollos Sombrero Verde e Inmobiliaria del Valle de Orosi A y M.

Entre todas, las deudas con la CCSS ascienden a ¢450.686.845, según el sistema de consultas de la institución.

Las sociedades que más adeudan son Desarrollos Inmobiliarios A y M, con ¢272.718.204, y Obras Civiles del Este, con ¢116.601.762, las cuales además enfrentan cobros judiciales.

La Comercializadora Valle Central, cuya deuda es de ¢20.252.058, también enfrenta un cobro judicial.

Asimismo, en setiembre anterior el Banco de Costa Rica (BCR) inició el proceso para rematar cuatro propiedades del grupo, valoradas en ¢3.937 millones, para cobrar una deuda de la empresa con la institución financiera.

Las empresas deudoras con el BCR son Asfaltos Orosi Siglo XXI, Concretos Orosi, Quebradores Orosi Siglo XXI y Transportes Orosi Siglo XXI.

Este medio intentó conocer la posición del grupo por vía telefónica y correo electrónico, pero no fue posible obtener una respuesta.

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