Gobierno

Registro incapaz de disolver 270.000 sociedades morosas

Costo de trámite es de ¢435 millones, monto con el que la entidad no cuenta

El Registro Nacional se declaró incapaz de disolver 270.000 sociedades anónimas que según la legislación, ameritan esa sanción por que no pagaron el impuesto a las personas jurídicas mientras estuvo vigente, entre 2012 y 2015.

La institución dice que no puede eliminar las sociedades porque no tiene dinero para publicar edictos en el diario oficial La Gaceta advirtiendo de la disolución de estas.

Ese tramite cuesta ¢435 millones, lo que el Registro considera “inviable”.

Esta situación se trae abajo el deseo de los diputados y el gobierno de Laura Chinchilla de limpiar el Registro de sociedades de papel.

“La institución desarrolló la logística respectiva para proceder con la disolución de las sociedades que estuvieran morosas por más de tres periodos, lo cual implica la publicación de un edicto en La Gaceta .

”Se informó acerca del costo estimado de la publicación de los edictos , para un resultado de ¢435 millones, aproximadamente, monto con el que no cuenta en la actualidad el Registro y, por ende, resulta inviable desde el punto de vista financiero realizar el trámite de publicación”, explicó la oficina de prensa del Registro Nacional.

La Sala IV declaró inconstitucional este tributo por errores de procedimiento, por lo que a partir del 2016 no se debía cancelar. Sin embargo, dispuso que debía pagarse lo adeudado, entre el 2012 y 2015 y, además, disolver las sociedades que tenían más de tres periodos en mora, en esos años.

Para poder realizar esa labor, el Ministerio de Justicia, ente superior del Registro Nacional, planteó ante el Ministerio de Hacienda utilizar recursos del superávit a gastos corrientes por un monto de ¢166 millones.

Según Helio Fallas, ministro de Hacienda, mientras estuvo vigente el impuesto se transfirió al Registro Nacional un 5% del monto recaudado por la gestión de cobro. Sin embargo, para 2016, no se presupuestó girar recursos debido a que el impuesto fue declarado inconstitucional.

Necesidad. De la aprobación de esos fondos no solo depende la disolución de las sociedades, sino, seguir cobrando a los morosos con la publicación de más edictos de cobro administrativo y la contratación de Correos de Costa Rica para la notificación de las gestiones de cobro.

En 2015, 447.531 sociedades, activas e inactivas no habían cancelado ese tributo y debían ¢50.258 millones.

Las primeras gestiones para cobrar ese dinero se realizaron en diciembre del 2015, cuando el Registro hizo una contratación a Correos de Costa Rica por ¢118 millones, para la notificación del cobro administrativo por morosidad del impuesto. También, ese mismo mes, se hizo una publicación de edictos de cobro en La Gaceta , la cual costó ¢166 millones. Esto permitió recaudar ¢856 millones que adeudaban 5.845 sociedades.

Si embargo, aún falta por cobrar ¢180.000 millones que las sociedades morosas no pagaron durante los tres años que estuvo vigente el tributo. Este dinero se destinaría, principalmente, al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en sus programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia

Fallas dijo que se trasladarán ¢189,8 millones para que el Registro realice las gestiones de cobro y disolución de sociedades.

“ Esto no implica un aumento del gasto público, es una reasignación dentro del mismo presupuesto ya aprobado para el Ministerio de Justicia”, dijo Fallas.

Daniela Cerdas E.

Daniela Cerdas E.

Bachiller en periodismo, estudiante de Derecho. Cobertura de la temática educativa del país desde 2015. Redactora del año La Nación, 2018.

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