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El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, afirmó que legalizar el cannabis no puede ayudar a reducir el narcotráfico porque el crimen organizado siempre va a encontrar alternativas para dominar este mercado.
Así lo expresó durante una entrevista con La Nación, luego de la conferencia de prensa en la que expuso sus objeciones al proyecto de ley de cáñamo y cannabis medicinal, que está a las puertas de ser modificado por el Gobierno.
De acuerdo con el Poder Ejecutivo, la normativa aprobada por el Congreso abre la posibilidad de que las personas utilicen el autocultivo para uso medicinal como una mampara para la siembra y comercialización de marihuana. En esa misma línea, Soto señaló que esto generaría “una proliferación de cultivos que dificultaría las acciones contra el tráfico ilícito de estupefacientes y contra el crimen organizado”.
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Diputados impulsores de la iniciativa criticaron las aseveraciones del jerarca, alegando que este tipo de políticas más bien buscan crear regulación para combatir el narcotráfico, como lo han hecho otros países del mundo. No obstante, para el ministro, “no es cierto” que la legalización mitigue esta problemática y mucho menos el plan que aprobó el Congreso, ya que, según él, puede ser vulnerado por la criminalidad.
“La legalización, si es que se diera en la línea de la que estamos hablando con el autoconsumo y autocultivo, le aseguro que el crimen organizado va a seguir operando y va a seguir teniendo demanda, porque va a competir y va a levantar el THC y buscar estrategias para levantar el THC. Entonces, se la pongo en ese sentido: que digan ‘es que al legalizarlo vamos a quitarle mercado al crimen organizado’, no es cierto, el crimen organizado va a buscar otras alternativas”, declaró Soto a este diario.
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El jerarca de Seguridad explicó que, según su experiencia, si se regula esta materia existe una probabilidad muy alta de que se empiece a atemorizar, amenazar y extorsionar a profesionales del área de la salud que pueden emitir dictámenes así como a particulares para que tengan autocultivos.
“Voy a poner un ejemplo: que se le permita a cada persona tener 10 plantas, entonces se podrían emitir por coacción o amenaza 1.000 dictámenes y buscan 1.000 personas para sembrar, y todas esas siembras se van a recoger y ahí vamos a tener alguna forma de legalización y el tema se va a convertir en recreativo”, señaló.
Soto dijo sentirse muy preocupado porque su cartera no sería capaz de controlar esta regulación para que no sea penetrada por el crimen organizado, principalmente porque los policías no tienen los conocimientos o herramientas para diferenciar una planta de cáñamo de una de marihuana.
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“Ya después de 30 años de trabajar en esto y estar vinculado siempre al tema de la investigación del narcotráfico, no hay una diferencia visible sencilla entre la planta de marihuana y la de cáñamo, hay que recurrir a estrategias técnico científicas para determinar el THC presente”, argumentó.
Precisamente, una de las peticiones del jerarca es que en el proyecto de ley de cannabis medicinal se reduzca del 1% a un 0,2% el porcentaje de THC (tetrahidrocannabinol, componente que genera el efecto psicotrópico) permitido para los productos, ya que de lo contrario se pondría “en riesgo la seguridad de las personas”.
También pide que se eliminen los artículos 25 y 26 del expediente, referentes al autocultivo y autoconsumo de la planta, porque piensa que los pacientes no sabrán cómo extraer correctamente los componentes de las matas para consumirlos. Además, cree que que la intención de esos numerales es “llegar a lo recreativo”.
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“Este tipo de medicamentos que se venden informalmente, que son aceites o gotas extraídas, tienen que ser con regulaciones, pero desde el autoconsumo de estas plantaciones, ¿sabrán las personas cómo tener cinco maticas y cuál es el proceso para extraer el aceite y separar el THC o tener equipo para nivelar THC con CBD?”, cuestionó el ministro, al resaltar la preocupación de que se metan plantas de marihuana en cultivos de cáñamo.
Por último, el jerarca afirmó que si se aprobara este proyecto, su ministerio requeriría de cromatógrafos de gases para determinar la cantidad de THC presente en las plantas. “Hay que tener aparte de la persona, el equipo y la capacitación. Y la Fuerza Pública realmente tiene una limitación en ese sentido. Todos acá tenemos problemas de recursos. La razón de ser de la Policía es la seguridad ciudadana y esto ya es un proceso de fiscalización diferente”, concluyó.
