En un plazo de seis meses, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) deberá realizar estudios científicos para determinar si es posible o no que la pesca de arrastre de camarón se realice con menores efectos en otra fauna marina.
La orden fue emitida por la Sala Constitucional al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por el sector camaronero.
Se trata de una gestión contra el Incopesca por la omisión de elaborar un estudio técnico y científico referido a la pesca de camarón por arrastre y el problema de la captura incidental.
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Según Christian Campos, vocero del sector camaronero, el amparo se planteó luego de que en una sentencia del 2013, la Sala pidió que a toda embarcación de pesca de camarón que se le venciera la licencia no se renovara hasta que no se le demostrara al Estado Costarricense una pesca sostenible del producto.
Para hacerlo, añadió, debería hacerse una ley, con su respectivo reglamento, basado en estudios científicos a cargo de Incopesca.
El Tribunal señaló en aquel fallo que la técnica ocasionaba un grave daño al ambiente, razón por la cual exigió el estudio científico.
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Cinco años después, sin embargo, no se han realizado esos estudios y tampoco se han renovado las licencias para pesca de camarón; solo quedan tres vigentes de 44.
“La Sala en el voto del 7 de agosto del 2013 nunca prohibió la pesca de camarón; han pasado cinco años y 15 días e Incopesca no ha sido capaz de hacer los estudios generando en Puntarenas vacío social y económico. Ningún capitán ni marinero le tiene miedo a los estudios porque sabemos que se puede hacer una pesca sostenible de camarón con exclusión de peces y tortugas . Estamos felices con la sentencia de la Sala”, dijo Campos.
Según los magistrados, para los estudios, Incopesca deberá coordinar con diversas dependencias, entre ellas el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y las universidades.
El pasado 20 de marzo, los diputados aprobaron un proyecto de ley que legaliza el uso de redes de arrastre para la pesca del camarón y del langostino chileno. Dos meses después, también la Sala lo declaró inconstitucional.
