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Los diputados aprobaron, la tarde de este martes en primer debate, un proyecto de ley que legaliza el uso de redes de arrastre para la pesca del camarón y del langostino chileno.
La iniciativa 18.968, que fue convocada por el gobierno esta misma semana, tuvo el apoyo de 35 legisladores y el rechazo de siete, quienes se opusieron a revivir este tipo de pesca.
El plan legal se presentó desde el periodo parlamentario anterior (2010-2014) y se tramitó como una Ley para el ejercicio sustentable de la pesca semiinustrial camaronera en Costa Rica.
Los votos a favor del proyecto fueron 14 del Partido Liberación Nacional (PLN), siete del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cinco del Partido Acción Ciudadana (PAC), tres del Movimiento Libertario, dos de Renovación Costarricense, dos independientes, una de Restauración Nacional y uno del Frente Amplio.
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En contra, votaron dos del PAC (Javier Cambronero y Ottón Solís) y cinco del Frente Amplio.
El texto introduce cambios en tres artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura, el 2, el 43 y el 47, que se modifican para contener las disposiciones que permiten la pesca de arrastre.
En el caso del artículo 2 y el 43, se establece el concepto de pesca semiindustrial y el permiso para la extracción del camarón, del langostino y otras especies similares con redes de arrastre reglamentarias, “establecidas por la autoridad ejecutora”.
También, se dispone que esas redes de arrastre deben de emplear “dispositivos excluidores de peces y tortugas y sujetas a las regulaciones técnicas y científicas”.
En el artículo 47 de la Ley de Pesca, se reviven, una vez que se apruebe definitivamente el proyecto, las categorías de licencias para la pesca de camarón costero (tipo A) y camarón de profundidad (tipo B, que incluye fidel, camello real, camellito, langostino chileno y otras especies) y se reitera la obligación de emplear dispositivos para excluir tortugas y peces.
La aprobación del proyecto de ley llega después de la presión de organizaciones de pescadores en la Asamblea Legislativa, este lunes, y de que el Poder Ejecutivo hubiera convocado el expediente para su aprobación.
Recién el viernes pasado, la Sala Constitucional anuló un acuerdo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) que, en noviembre pasado, había revivido la pesca de arrastre a través de una decisión de la junta directiva de esa institución.
La anulación llegó porque los magistrados dieron con lugar dos recursos de amparo presentados en contra de esa directriz.
La Sala IV concluyó que las licencias de pesca de arrastre solamente se pueden otorgar mediante una ley de la República, tal como se había fallado en agosto del 2013, cuando ese mismo tribunal sentenció que la técnica ocasiona un grave daño al ambiente.
Aparte de anular la directriz del Incopesca, los magistrados constitucionales advirtieron al Incopesca de que, si vuelven a contrariar la jurisprudencia constitucional, se podrían enfrentar a procesos legales.
Consultado por su decisión de votar en contra, Ottón Solís enfatizó que precisamente está en contra de que se facilite ese tipo de técnica para la extracción del camarón y añadió que, en el estado actual de la tecnología, “no es factible una pesca de arrastre compatible con el desarrollo sostenible”.
“Costa Rica gana más empleo y riqueza con el prestigio derivado de nuestros compromisos con la sostenibilidad, que capturando camarones por medio de la técnica que sería autorizada por medio de esta ley”, explicó Ottón Solís.
Al contrario de Solís, la legisladora Laura Garro, también del PAC, destacó la aprobación de la iniciativa como “muy importante para la gente de Puntarenas”, provincia que ella representa.
Según Garro, los puntarenenses “no vienen a pedir que se les regale nada, sino que necesitan que se les permita seguir trabajando”.
La diputada acotó que ellos ahora podrán ir al tribunal constitucional, para que este defina si, ya con la ley aprobada, ellos pueden seguir aplicando la técnica del arrastre, cumpliendo con el mejoramiento del sistema.
