El Ministerio Público abrió una investigación contra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para determinar si incurrió en el delito de desobediencia a la autoridad por negarse a dar información pública, como la planilla de entidades del Estado, ante solicitudes de ciudadanos particulares y de la prensa.
Así lo confirmó Celso Gamboa Sánchez, subjefe de la Fiscalía General de la República, órgano acusador del Estado.
Pese a que en reiteradas sentencias la Sala Constitucional ha indicado que información como datos de la planilla de los empleados públicos es de “acceso irrestricto”, la CCSS se ha negado a entregarla a este diario.
“Definitivamente, una noticia como la que se presenta hoy (ayer) en el diario La Nación , de que no solo este medio, sino que diversos actores han requerido la información y que, por distintos motivos, no se le ha entregado, obliga al Ministerio Público a abrir una investigación sobre el posible delito de desobediencia a la autoridad”, señaló Gamboa.
El artículo 307 del Código Penal establece que se impondrá prisión de seis meses a tres años a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional, en este caso, la Sala IV, o por un funcionario público en el ejercicio de su función.
Gamboa instruyó la investigación a raíz de un artículo de este periódico, el cual enumera varias solicitudes para obtener copia de planillas de entidades públicas.
En agosto, por ejemplo, La Nación solicitó a la oficina de prensa la planilla del Banco Nacional reportada al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la Caja, el cual recopila los salarios.
Rónald Lacayo, director del Sicere, negó entonces los datos, al alegar que existían recursos de amparo contra la Caja por haber entregado esa información.
El lunes pasado, la Sala IV despejó todas las dudas al comunicar que rechazó acciones que presentaron empleados estatales, quienes consideran que esa información no es pública. Por ello, La Nación volvió a pedir los datos, y la CCSS puso un impedimento: la información tiene precio. En este caso, cobró ¢50.000 por la copia.
Sin embargo, el magistrado de la Sala IV, Luis Fernando Salazar advirtió el lunes de que la información pública no puede ser condicionada a un pago y lo único que puede exigir una entidad es que el interesado aporte un dispositivo, como llave maya, CD o DVD para que le sea transferida.
Empero, desde el 2003, la Junta Directiva de la CCSS estableció que solo los nueve miembros de ese órgano autorizarán o no la entrega de datos de planillas.
El acuerdo dice: “Cuando la petición la formule un particular, esto es, una persona funcionalmente ajena a la administración y a cualquiera de los órganos estatales, la información será proporcionada cuando exista autorización expresa de la Junta”.
La Sala ha declarado decenas de veces que un ciudadano no está obligado a justificar a la Administración Pública por qué requiere acceder a un dato público.
El acuerdo del 2003 también estipula que cuando la Directiva haya autorizado la entrega de los datos, quien la solicite correrá con el costo del servicio. Ayer, por eso, el Sicere informó a este diario de que cobra ¢50.000 por copias de las planillas reportadas por el ICE, Recope y la CCSS.
La Nación aclaró este miércoles a la presidenta de la CCSS, María del Rocío Sáenz, que la solicitud de datos se limitaba a conseguir la información tal y como la tenga Sicere y sin necesidad de un formato específico o un tratamiento particular. Sáenz accedió a revisar la solicitud.
Sobre la apertura de la investigación en la Fiscalía, dijo que “obviamente, cuando las instancias judiciales soliciten la información correspondiente, estaremos en total anuencia con la Fiscalía a dar toda nuestra colaboración. Cuando esa situación llegue, el asunto se atenderá también con la celeridad del caso, como siempre lo hemos hecho”.
