Los coligalleros que ilegalmente han ingresado a la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, habrían sacado cerca de $1,5 millones en oro (¢902 millones al tipo de cambio actual).

Esas son las estimaciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) que todavía trabaja en el cálculo final, como parte del proceso de decisiones para enfrentar la problemática social y económica de la población en la zona.

“Ya hicimos una visita técnica a Crucitas con el fin de cuantificar cuánto oro se extrajo. En unos días habrá certeza. Hay terceros especulando que hasta $100 millones de metal se sacaron. Creemos que es una cifra sin bases”, explicó Carlos Manuel Rodríguez, jerarca del Minae.

La mina Crucita había sido dada en concesión a la canadiense Industrias Infinito. No obstante, esa autorización para extraer oro fue anulada por irregularidades, como lo ratificó en 2010 el Tribunal Contencioso Administrativo.

Esta firma salió de manera definitiva del país en el 2015, cuando vendió la finca Vivoyet donde se ubica la mina. Se cree que desde aquel momento comenzó el ingreso de oreros artesanales, fenómenos que se disparó a mediados de 2017.

Aunque se temió una grave crisis ambiental, Rodríguez aseguró que el daño causado por los coligalleros fue de "bajo impacto y pequeña escala” y se concentró en un espacio de entre 20 y 30 hectáreas. Según él, en dos años la propia naturaleza habrá recubierto de vegetación las zonas afectadas.

Hasta ahora, además, se ha descartado que fuentes de agua fueran contaminadas por el derrame de metales como cianuro y mercurio; habituales en el proceso para separar polvo de oro del barro.

Esa es la valoración del ministro luego del ingreso de unas 4.000 personas a los cerros del extinto proyecto minero.

La fiebre de los coligalleros parece explicarse en que el precio de una onza de oro (28,3 gramos de metal), que se cotizó a un promedio de $1.250 en la primera quincena de diciembre en la Bolsa de Productos de Nueva York.

Esa suma equivale a ¢752.000 a un tipo de cambio de 601,60 conforme la referencia para venta del Banco Central de Costa Rica este 12 de diciembre.

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En las fosas

Celeste López Quirós, viceministra de Gestión Ambiental, visitó este lunes Crucitas con técnicos del Minae para medir fosas y recopilar datos en dos de los cinco puntos impactados por los coligalleros. La viceministra adelantó que en enero se hará otra gira para completar el reconocimiento.

“Examinamos el número total de pilas, tomamos nota de su diámetro y su profundidad. Sinceramente no creemos que sea posible tener claridad de cuánto oro se extrajo sin completar primero estos análisis”, explicó.

Según López, este trabajo también permitirá estimar cuanto mercurio se derramó en la zona para calcular el nivel de contaminación.

“Conocemos de las especulaciones con el tema del oro. Nosotros nos apegamos a la ciencia y técnica antes de generar una cifra. Tendremos un dato oficial basado en ese rigor técnico", recalcó.

Tanto Rodríguez como López insisten en que lo más importante de este proceso es que contribuirá, en articulación con más de una docena de entidades del Gobierno, en la toma de decisiones para resolver los problemas sociales y económicos de la zona.

El proyecto minero Crucitas empezó en 1993 con una serie de estudios técnicos. A partir de ellos, se determinó que dos cerros localizados dentro de la finca Vivoyet podían darle a la canadiense Infinito Gold (casa matriz) entre 800.000 y 1,2 millones onzas de oro.

Sin embargo, la cancelación de la concesión minera, luego de sentencias judiciales en el 2010 y el 2011, detuvo la extracción legal de oro de ambos cerros localizados a cuatro kilómetros al sur del río San Juan, en el límite con Nicaragua.

Desde entonces, las autoridades han intervenido en diversas ocasiones para mitigar el ingreso de oreros. Sin embargo, estos vuelven a ingresar pese a las acciones oficiales.

Solo en el 2017, Fuerza Pública detuvo a 1.290 personas en ese lugar y 180 personas fueron puestas a las órdenes de la Fiscalía por cargos como infracción al Código de Minería, tenencia de drogas, portación ilegal de armas e infracción a la Ley de Salud Pública.

Actualmente, el país está en un arbitraje internacional con Industrias Infinito.

Para el jerarca, es necesario extender la moratoria minera pues considera dañino otorgar otras concesiones.

Una vez otorgada la concesión a una empresa, Rodríguez cree “materialmente imposible” para el Estado vigilar esas operaciones de minería a cielo abierto al punto que estas ya han obligado al Estado a asumir costos sociales, económicos y ambientales por esas fallidas experiencias.