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La Contraloría General de la República cuestiona la transparencia del 40% de las instituciones públicas, por omitir la publicación de las actas de sus sesiones o de los informes de auditoría.
De acuerdo con la Memoria Anual 2018 del ente contralor, de 158 entidades que deberían publicar esas informaciones como una buena práctica de transparencia, un total de 65 no lo hacen.
Se trata de 21 instituciones que del todo no divulgaron ninguno de los dos documentos el año pasado y de otras 44 que publicaron solo las actas, o solo las auditorías.
Dentro del grupo de entidades que omitieron del todo la publicación de estos documentos figuran el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Banco de Costa Rica (BCR).
También aparecen la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Para la contralora general, Marta Acosta, dicho comportamiento “es grave” y representa la falta de compromiso del sector público con la rendición de cuentas a la ciudadanía.
"Son instituciones que no están abiertas a prevenir la corrupción y que no están abiertas a generar incentivos para ser más eficientes”, agregó Acosta.
A pesar de la relevancia de esas informaciones, de acuerdo con la Secretaría Técnica de la Contraloría General de la República, no existe una legislación que obligue a las entidades a publicar los informes y las actas.
Las auditorías son estudios que permiten detectar, entre otros, debilidades en la planificación institucional, errores en procesos, riesgos de inversión con fondos públicos y hasta posibles actos de corrupción.
El órgano contralor apela a las buenas prácticas de las entidades para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en el sector público.
“Como buena práctica se considera que las instituciones nacen para satisfacer una necesidad pública y se financian con recursos de la colectividad, por lo que todos los ciudadanos tienen derecho a tener conocimiento sobre la marcha de las entidades, razón por la cual se considera que la publicación de estos asuntos contribuye a ese fin y fortalece la transparencia institucional”, indicó la Secretaría Técnica a La Nación.
También deben información
Además de las 21 entidades antes señaladas por no publicar ninguno de los dos documentos, hay otras 30 instituciones que específicamente omitieron publicar sus actas en 2018.
Entre ellas se encuentran la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), así como los ministerios de Hacienda, Presidencia, Agricultura, Cultura, Educación y Salud; y el Poder Judicial.
Al contrario, hay otras 14 dependencias del Estado, que aunque sí publicaron las actas, no divulgaron los informes de las auditorías.
Entre ellas figuran la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Instituto Nacional de Seguros (INS) e Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).
¿Por qué no publican estas informaciones?
Este lunes, La Nación consultó al ICE, Japdeva y BCR el porqué no divulgaron oportunamente los informes de auditoría ni las actas durante el 2018.
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Marvin Jiménez, auditor general de Japdeva, aseguró que la entidad sí cumple con la divulgación de los resultados.
Sin embargo, sostuvo que un problema interno impidió la publicación a tiempo de esta información durante el año anterior.
“Fueron unos meses que hubo una transición en el equipo y no se publicaba, sin embargo ya todo está publicado en la página web. Eso fue por un lapso de tres o seis meses”, manifestó.
De acuerdo con el auditor, el sitio web de Japdeva no presenta ninguna auditoría este año, porque recién finalizan unos informes en fila.
Según comentó, dicha labor se complicó porque varios funcionarios del equipo de auditoría se acogieron a su pensión.
Por otro lado, el Instituto Costarricense de Electricidad afirmó estar estudiando una política de transparencia que “establecerá una clara clasificación de aquellos temas institucionales y de los negocios que son públicos y los que son confidenciales”.
De acuerdo con la comunicación del ICE, actualmente se hacen ajustes a la política a solicitud del Consejo Directivo.
Según la institución, además se trabaja en la adaptación del portal web corporativo, para poder subir la información, siempre y cuando se trate de temas no confidenciales.
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El Banco de Costa Rica contestó, por su parte, que las actas de las sesiones de la Junta Directiva del BCR y sus subsidiarias son públicas, con una excepción.
“Las juntas directivas conocen de diversos temas, entre ellos algunos que por su propia naturaleza y por disposiciones legales no pueden ser del conocimiento generalizado, tales como la información relativa a las operaciones pasivas y activas de nuestros clientes”, respondió la entidad mediante un correo electrónico.
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En su Memoria Anual, la Contraloría señala la necesidad de cambiar las reglas actuales para declarar confidencial información pública, en especial la referente a las empresas estatales.
Estas instituciones, particularmente las que tienen competencia en el mercado con empresas privadas, pueden declarar confidencial información sensible, “lo cual ha abierto en el país un evidente conflicto con el óptimo ejercicio de la rendición de cuentas”, según menciona el informe.
Nota del editor: Esta nota fue modificada a las 5:28 p. m. del martes 7 de mayo del 2019
