Eladio Araya Mena, propietario de la constructora Grupo Orosi, denunció en el OIJ que la dueña de H. Solís, Mélida Solís, le ofreció ¢500 millones a cambio de que no apelara la adjudicación de un contrato de ¢17.000 millones para la conservación de vías nacionales, del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Según la versión proporcionada por Araya, antes de que el Conavi entrara a analizar las ofertas del concurso público de obra vial, el esposo de Mélida Solís, Roberto Acosta, lo citó y se reunieron en la cafetería Giacomin en Los Yoses.
Allí, dijo el empresario, Acosta le dijo que él venía de presentar la oferta de H. Solís al Conavi y que “habían acordado preliminarmente que esa línea era de ellos ya”.
Por línea, se refiere al contrato para el mantenimiento de las rutas de Cartago, Turrialba y la Zona de los Santos, denominado línea 3.
El dueño de Orosi le dijo al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que Acosta le ofreció comprar asfalto y subcontratar trabajos en la zona, a lo que él se negó rotundamente al argumentar que cumplía con los requisitos para el contrato y tenía derecho a participar.
“Afirmó además que, en esta licitación, la línea 3 le fue arrebatada mediante prácticas colusorias entre Mélida Solís Vargas, en su calidad de representante de la empresa H. Solís, y Carlos Cerdas Araya, representante de la compañía MECO”, dice el documento.
El Conavi terminó adjudicando la línea 3, por un monto de ¢17.000 millones, a H. Solís.
El dueño de Grupo Orosi dijo que, tiempo después de la primera reunión, fue citado a un nuevo encuentro en la cafetería Juan Valdez, en el que Mélida Solís “le ofreció un cheque por un monto de ¢500 millones para que no apelara ante la Contraloría (la adjudicación); sin embargo, no aceptó el dinero y mucho menos la condición”.
“Le indicaron que mejor no siguiera participando en los procesos licitación, dado que ellos tenían comprado al Conavi; que si no se apartaba, le iban a echar la maquinaria de Conavi”, se consigna en el expediente judicial.
Además, el OIJ menciona que buscaron a Araya “con el fin de persuadirlo para que no les apelara las adjudicaciones que, ilegal y corruptamente, habían estado logrando con el beneplácito de los corruptos del Conavi”.
“Esta movida de dejarlo fuera era sumamente importante, ya que la licitación se la habían repartido de previo Mélida (Solís) y Carlos (Cerdas, dueño de Meco); y la línea de interés, como venía diseñada en esta ocasión, había sido ampliada en la cantidad de zonas, incluyendo partes de Cartago, así como las zonas de Turrialba y los Santos, las cuales realmente generan mucho cobro por concepto de imprevisibilidades”, continúa el expediente judicial.
Estos hechos, descritos en el expediente del Caso Cochinilla, en apariencia habrían ocurrido en el año 2016.
El dueño de Grupo Orosi denunció penalmente lo sucedido y fue de esa forma que su testimonio fue agregado por el OIJ al Caso Cochinilla.
Araya agregó que H. Solís y Meco se habrían repartido los contratos de conservación vial de todo el país, con ayuda de funcionarios públicos.
Al final, Meco y H Solís se adjudicaron la mayoría de los contratos de conservación vial del país y se repartieron casi que en partes iguales ¢198.000 millones de los ¢209.000 millones que salieron a concurso, es decir, el 95% de los recursos.
La Fiscalía acusa a MECO y a H. Solís de acuerdos ilícitos para repartirse millonarios contratos viales. Según su tesis, por ejemplo, H. Solís habría dejado vencer sus garantías de participación en varios concursos de mantenimiento para que al final se los adjudicaran a la otra compañía por un monto ¢1.183.969.392 superior.
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Entre otras personas, el OIJ también entrevistó a Sergio Araya Mena, dueño de la empresa Raasa, y al abogado Juan Carlos Freer Campos, quien desde el 2009 trabaja para varias empresas que participan en licitaciones de obra pública, y ambos denunciaron las aparentes anomalías en los procesos licitatorios en favor de Meco y H Solís.
Del total de las 21 obras que se licitaron en ese momento, 19 fueron repartidas entre MECO y H Solís, las otras dos obras fueron para las empresas Quebradores del Sur y la Constructora Herrera.
“Tras realizarse múltiples diligencias de investigación, tales como entrevistas a testigos, localización de informantes y recopilación periodística, se estableció una probabilidad muy alta de que algo irregular estaba pasando y que culminó con la adjudicación de las licitaciones 2014-LN-00017-OCVII y la 2014-LN-00018-OCVOO, a dos empresas principalmente”, agrega el expediente.
El OIJ también acudió a la Contraloría, donde efectivamente comprobó que Grupo Orosi apeló la licitación dada a H. Solís.
Mélida Solís y Carlos Cerdas se encuentran detenidos desde el 14 de junio por presuntos hechos de corrupción en el manejo de contratos de obras viales.
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