La Universidad de Costa Rica (UCR) tuvo que desembolsar ¢123 millones para indemnizar a 34 estudiantes de la fallida carrera de Ingeniería Marina Civil, que se impartía en Limón.
Ese monto consta en un documento firmado por la Vicerrectoría de Docencia, el cual está en poder de La Nación, pues la UCR se negó a dar a conocer la cifra que debió pagar por los errores incurridos al crear esta opción de estudio.
Además, las autoridades académicas llegaron a un convenio de confidencialidad con esos jóvenes, que recibirían en promedio ¢3,6 millones.
Así, a cambio de compensarlos por el perjuicio les causó el hecho de no poder graduarse porque la casa de enseñanza nunca llegó a cumplir los requisitos internacionales de la carrera, ellos se comprometieron a no interponer reclamos en la vía judicial en contra de la Universidad, así como a cambiar de carrera y a no revelar detalles del pacto firmado.
“Esos montos no se pueden revelar por ser parte de un proceso de conciliación y de momento la comunicación que se manea es únicamente el comunicado. No se van a emitir declaraciones”, señaló la oficina de prensa de la UCR.
Fernando García, vicerrector de Docencia, confirmó que el dato era confidencial, pese a tratarse de fondos públicos.
“De acuerdo con los abogados que han guiado el proceso de conciliación, por razones legales y contractuales no podemos compartir ninguna información sobre dicho proceso, incluyendo el monto individual o total del proceso”, señaló García.
Para determinar el monto económico que correspondía a cada estudiante por el daño ocasionado, las autoridades idearon una fórmula que contemplaba el número de créditos ganados, un salario mínimo, aguinaldo y un 50% adicional al monto total
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La Nación se comunicó con varios estudiantes que firmaron el convenio, pero optaron por no emitir criterio ante el temor de una eventual represalia. Entretanto, algunos de los 60 estudiantes que se opusieron a la firma de ese “convenio confidencial”, manifestaron que no quieren hacer “más ruido” en el proceso de negociación.
La casa de enseñanza todavía no ha comunicado cuál será el futuro de la carrera en la cual invirtió $3,8 millones en infraestructura y equipo tecnológico, pues esta fue suspendida indefinidamente en diciembre de 2018.
En el Congreso
Los incumplimientos de la Universidad con los estudiantes de Marina Civil fueron a parar a la Comisión de Limón de la Asamblea Legislativa.
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Luego de estudiar el caso, ese foro legislativo aprobó un informe que recomendó a la Fiscalía y a la Procuraduría, investigar la posible responsabilidad de las autoridades universitarias por la inversión fallida en la carrera y por no garantizarle el futuro académico a los más de 130 muchachos cuyos estudios quedaron varados.
Dentro de las irregularidades que señaló el informe de la Comisión, está el ofrecimiento que le hicieron a los primeros estudiantes matriculado, de tener una doble titulación con la Universidad de Cadiz, en España. Sin embargo ese convenio académico nunca se concretó.
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Demanda
La Universidad también tendrá que hacerle frente a una demanda interpuesta por otros siete estudiantes de la carrera ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Ellos terminaron todos los cursos regulares de la carrera, pero, al igual que otros alumnos, no pueden hacer práctica profesional ni graduarse.
“Nos vimos acorralados a tomar esta decisión como última opción por la frustración en la que nos encontramos. Nos sentimos en el limbo sin futuro y sin responsables al respecto. Por eso es que mis compañeros de carrera no quieren hablar, por miedo a represalias”, señaló Cristina Sánchez, una muchacha que viajaba desde Liberia hasta Limón para estudiar.
Además de exigir una compensación económica por el retraso en sus carreras profesionales, los jóvenes exigen a la Universidad obtener los requisitos internacionales para que se puedan graduar.
“No estamos dispuestos a aceptar cualquier miseria que nos quieran dar para deshacerse de nosotros. Después de esto algunos estamos estudiando en otra universidad pública, otros están buscando empleo e incluso uno de mis compañeros tiene que ayudarle a su mamá a vender tortillas… Ellos se encargaron de dañar nuestras vidas y entorpecer nuestros sueños”, señaló Floyd Peterkin, uno de los primeros jóvenes limonense en matricularse en esta carrera.