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“Desde ningún punto de vista” los rectores de las universidades públicas aceptarán el recorte de ¢128.000 millones en el FEES para el 2023 que propuso el Gobierno, este jueves, en el segundo día de negociación.
Así lo advirtió Rodrigo Arias, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y jerarca de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Según dijo, no quiere “ni imaginar las consecuencias de ese recorte”.
“Hoy el Gobierno entrega una propuesta que a nosotros no nos parece desde ningún punto de vista. Debemos respetar el artículo 85 de la Constitución Política. La propuesta no se apega para nada a las expectativas ni a ningún tipo de cálculo que hemos hecho nunca, así que no podemos aceptar lo propuesto”, expresó el vocero.
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Arias habló también a nombre de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y Universidad Técnica Nacional (UTN), que participan en la negociación.
Para el 2022, el Ejecutivo transfirió a las casas de enseñanza ¢522.822 millones más ¢35.376 millones para la UTN, que no es parte del FEES. El ofrecimiento del Gobierno para el 2023 es de ¢430.130 millones para las cinco universidades, o sea, girarle de ese monto a la UTN y no trasladar otro rubro adicional, como ha ocurrido desde la apertura de esa institución.
Entre los argumentos del Gobierno es que la UTN debe ser consideraba parte del FEES conforme a su ley orgánica (ley 8638) donde indica lo siguiente “Los recursos destinados a la Universidad Técnica Nacional, serán incorporados a partir del año 2010 al FEES, creado según el artículo 7 de la Ley N.º 5909, de 10 de junio de 1976″.
“Eso no sería desde ningún punto de vista admitido por nosotros, que la UTN sea parte del FEES. En algún momento tiene que ser parte pero con un incremento del Fondo, aportando sus propios recursos”, insistió Arias.
Los rectores van a presentar una contrapropuesta el próximo martes en la tercera reunión de negociación.
“Dijimos claramente que la propuesta no puede ser aceptada y que nos dieran el tiempo para presentar una contrapropuesta. Tenemos que respetar la Constitución Política”, reiteró el rector.
Argumentos
El Gobierno justificó su recorte al FEES indicando que, actualmente, “el sector educación recibe el 75% (6,02% del PIB) de lo que por Constitución debería recibir (8% del PIB)” y, por ello, plantea que “se rebajen proporcionalmente los fondos para todos los actores del contexto educativo”.
“Actualmente se invierte tres veces más en un estudiante de universidades públicas que en un estudiante de preescolar, primaria y secundaria. Es importante mencionar que el FEES no es la única fuente de ingresos de las universidades públicas, pues también obtienen recursos de otras fuentes como intereses e inversiones a plazo, cobro de matrícula de grado y posgrado, recargos de matrícula, alquileres de sodas y fotocopiados, convenios, leyes específicas, cánones, registros, licencias, derechos que se cobran a los estudiantes, venta de bienes y servicios (consultorías de vínculo externo). Solo en lo va del año 2022, estos recursos agrupan un total de ¢42. 317 millones”, manifestó el Gobierno.
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Sobre esta justificación, Arias reiteró que en todos los niveles educativos se debe respetar la Constitución Política.
“El país tiene que hacer un esfuerzo para cumplir el mandato constitucional del 8% de educación y también cumplir los compromisos del mismo Estado con los niveles educativos. Siempre veremos la educación como un proceso integral desde preescolar hasta secundaria porque todos los niveles los ocupa el país” , dijo Arias.
