Decisión se toma 'en aras de la transparencia', según Henning Jensen

Por: Sofía Chinchilla C. 18 agosto, 2016
En junio, el jerarca explicó que no se abstuvo de firmar la aprobación del presupuesto para la plaza de la psicóloga Elena Jensen porque las normas de la institución no se lo permitieron. | JORGE ARCE. / ARCHIVO.
En junio, el jerarca explicó que no se abstuvo de firmar la aprobación del presupuesto para la plaza de la psicóloga Elena Jensen porque las normas de la institución no se lo permitieron. | JORGE ARCE. / ARCHIVO.

Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), anunció este jueves su decisión de convocar a la Asamblea Colegiada Representativa de la institución, para que se conozca el informe de la Contraloría Universitaria, referente al nombramiento de su hija en el Centro Infantil Laboratorio (CIL).

En un comunicado de prensa, el jerarca manifestó que la decisión la tomó "en aras de la transparencia institucional".

El despacho de prensa de la Rectoría informó de que aún no se define la fecha en la que se hará la convocatoria oficial, pues se está analizando el mejor momento para que tanto Jensen como la mayor parte de asambleístas puedan estar presentes.

El informe que será discutido indica que Jensen debió abstenerse de aprobar el presupuesto para la plaza de su hija. Además, recomendó al Consejo Universitario (CU) resolver a qué órgano le correspondía determinar si el jerarca había incurrido o no en una falta administrativa.

Varios miembros del mismo Consejo, así como del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindéu) solicitaron días atrás que fuera la Asamblea Colegiada Representativa quien asumiera esa tarea.

Sin embargo, el CU desechó la posibilidad el viernes de la semana pasada, tras declarar que no existe "ni procedimiento ni instancia" en la institución para dirigir una investigación o calificar la actuación del rector Jensen, por haber aprobado el presupuesto que financia la plaza de su hija, Elena Jensen, como psicóloga en el Centro Infantil Laboratorio (CIL).

La decisión causó indignación entre los seis miembros del CU –la mitad de ese órgano– que se opusieron a tal resolución, por considerar que el informe de la Contraloría debía conocerlo la Asamblea Plebiscitaria.

El caso también lo estudia, desde el 16 de junio, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, en el expediente 16-013340-042PE.