Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), incumplió el “deber de abstención” al aprobar el presupuesto para una plaza asignada a su hija en el Centro Infantil Laboratorio (CIL), de esa misma casa de enseñanza superior.
Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Contraloría Universitaria tras investigar la forma en que fue nombrada la psicóloga Elena Jensen.
La funcionaria empezó a laborar en el CIL en el 2013 por contrato con la Vicerrectoría de Acción Social (VAS). Posteriormente, su jornada aumentó a tiempo completo mediante una partida de servicios especiales. La firma que aprobó el giro de esos fondos fue la de Jensen.
La pesquisa la solicitaron el Consejo Universitario (CU) y el mismo rector, ante una denuncia que presentó el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu) por un posible caso de tráfico de influencias del jerarca.
En el informe de la investigación, del cual La Nación tiene copia, el ente contralor señala que Elena Jensen fue contratada tras un debido proceso y sin evidencias de tráfico de influencias.
No obstante, la Contraloría determinó que Jensen, al ser el padre de la psicóloga, estaba impedido para aprobar el presupuesto de esa plaza específica.
En una conferencia de prensa realizada el 16 de junio de este año, Jensen admitió que no inhibirse para realizar ese trámite “pudo haber sido un error”.
Sin embargo, según dijo en esa ocasión, y como también se lo explicó a la Contraloría, no halló una alternativa.
“Tengo que explicarles que la estructura organizativa institucional no contempla esa posibilidad, ni contempla una figura alternativa que pueda sustituir al rector en esas funciones puntuales”, apuntó en su intervención.
En el reporte, la Contraloría reconoce que la normativa universitaria no contempla el deber del rector para inhibirse cuando hay casos de parentesco. Sin embargo, sí señala que “la normativa a nivel nacional y la jurisprudencia contempla esta medida de control preventivo, y resulta de aplicación en la UCR”.
El ente contralor recomendó al CU normar el deber de abstención, así como determinar el órgano que debe “valorar la actuación del rector” y determinar si hubo una falta administrativa.
Discusión. El CU recibió el informe de la investigación el jueves pasado, y lo discutirá durante la sesión de hoy, la cual está programada para las 8.30 a. m. Tras valorarlo, ese ente deberá votar para seguir las recomendaciones que se mencionan en el documento.
Jensen indicó que, por impedimento de la normativa universitaria, no se referiría al contenido del reporte.
“El rector de la UCR no puede inhibirse ni recusarse porque la normativa institucional no lo permite. Sus funciones son indelegables. Por esa razón, tomo vacaciones y nombro a un sustituto, quien actúa como rector con todos los deberes y responsabilidades del cargo. Todo eso para permitir que el Consejo Universitario pueda deliberar con libertad”, dijo el funcionario.
Sin embargo, aclaró que, para permitir que el CU pueda discutir con toda libertad, no participará de la sesión. En su lugar asistirá el vicerrector de Administración, Carlos Araya.